El Partido Popular ha aceptado las normas del juego de Vox, y la ultraderecha ha marcado cuál es su carta estrella de la partida: la bautizada como prioridad nacional. El concepto no ha dejado de dar la vuelta a los medios de comunicación en las últimas semanas a tenor de los acuerdos en Extremadura y que llegarán, previsiblemente, pronto, en Aragón y Castilla y León, y parece evidente que incomoda a los ‘populares’.
En Génova han encargado encuestas internas para conocer cuál es la opinión de los votantes, no solo de su partido, sobre un término que tampoco terminan de explicar muy bien, pero que encubre discriminación institucional contra la población migrante en términos de ayudas sociales, vivienda y servicios públicos.
Según los números que arrojan estas consultas, que ha podido conocer El Mundo, el respaldo es mayoritario entre los votantes de su partido y cerca de un 25% de quienes votaron al PSOE en las últimas elecciones secunda que “los inmigrantes irregulares no deberían tener ningún derecho a prestaciones”.
Son cifras que, aseguran en el PP, les deja tranquilos pese a mostrarse “sensibles” con el tema. Asimismo, consideran que se aprecia la posición más “intransigente” de Vox, pero que ellos, por decirlo de algún modo, bajan los decibelios. Todo esto, claro está, según vierten las fuentes conservadoras consultadas por el periódico mencionado.
La encuesta que recoge se basa en 1.300 entrevistas realizadas a través de un panel online entre los días 22 y 26 de abril, coincidiendo con los pactos en Extremadura y Aragón y con el eufemismo en el centro del debate.
Las preguntas que conforman el estudio son si “está usted de acuerdo con el concepto de prioridad nacional propuesto por Vox al PP en pactos autonómicos”; si “cree que hay un problema a la hora de acceder a servicios públicos, ayudas sociales, vivienda y prestaciones porque los inmigrantes saturan el sistema”; o una cuestión sore los requisitos que deberían ser “prioritarios” para las personas que se encuentran en situación irregular.
El electorado ‘popular’ es mayoritario en el ‘sí’ y el de Vox prácticamente unánime, mientras que un porcentaje socialista mucho más pequeño también se muestra favorable, aumentando o disminuyendo el mismo en función de la cuestión.
En el PP dan la imagen de confiados y defienden que no van por detrás de Vox, a pesar de que la prioridad nacional es un ejemplo claro, seguramente el más a día de hoy, de que se han visto obligados a pasar por el aro de la extrema derecha en temas que proyectan tras de sí racismo institucional.
Los ‘populares’ siguen tratando de quitarse responsabilidad sosteniendo que es un término que defienden los de Santiago Abascal y mostrándose contentos, a menos de cara al público, con los acuerdos. Ellos, han provocado, dicen, que el planteamiento de la formación de ultraderecha sea legal.
Fricción en el PP
Los de Alberto Núñez Feijóo restan importancia a la polémica a insisten en que más pronto que tarde su electorado va a comprobar que no se cumplen las querencias discriminatorias de socio, y que todo se resume en que se incentivará la ayuda social e inmobiliaria a quienes tienen mayor “arraigo” que demuestren de manera efectiva. Además, el PP trataba de convencer de que es algo que ya se viene haciendo en otros campos.
La realidad es que el tema ha generado polémicas a nivel interno. Tras lo acontecido en Extremadura, primera comunidad autónoma en la que se ha llegado a un acuerdo, está surgiendo una ola de rechazo a haber implementado este punto, por cómo podrá afectar el asunto a la imagen pública del PP, que ha pagado una hipoteca a Vox muy alta, coincidiendo casi además con las elecciones de Andalucía.
Representantes de Génova han gestionado las negociaciones extremeñas, con el secretario general, Miguel Tellado, y Marta Varela, jefa de gabinete de Feijóo, tomando asiento en la mesa junto a los negociadores de Abascal.
Por su parte, Isabel Díaz Ayuso, acostumbrada a ser verso suelto en el partido, expresaba que este pacto “no es legal ni se ajusta a derecho”, postura similar a la de Juanma Moreno Bonilla, quien también se desmarcaba; en su caso subrayando que su intención es mantener distancias con Vox. El presidente andaluz puede ser capaz de ello si las urnas lo amparan con una nueva mayoría absoluta, de lo contrario, habrá que ver qué escenario se abre en Andalucía.