La credibilidad de Koldo García parece depender de a quién perjudican sus declaraciones y de quién las amplifica. Cuando el antiguo asesor de José Luis Ábalos apuntó contra Pedro Sánchez, su esposa y otros integrantes del gobierno y el entorno socialista, el Partido Popular encontró en sus palabras un filón para alimentar su ofensiva contra el Gobierno. Ahora, después de que Koldo haya asegurado a la Cadena SER y a La Séptima que el abogado del PP Alberto Durán le ofreció una rebaja de pena, el pago de su defensa y un millón de euros a cambio de información comprometedora contra el presidente, los populares cuestionan la fiabilidad de un testigo al que antes otorgaron considerable valor político.
De testigo incómodo para el PSOE a munición política para el PP
El precedente es revelador. El 27 de noviembre de 2025, OkDiario publicó una entrevista con Koldo en la que afirmaba haber escuchado a Sánchez decir que su suegro había aportado 100.000 euros para financiar las primarias socialistas. También formuló declaraciones sobre Begoña Gómez y el rescate de Air Europa, afirmaciones de impacto político que no constituían, por sí mismas, hechos probados.
La Cadena SER informó de que Alberto Núñez Feijóo utilizó aquellas declaraciones para denunciar supuestas irregularidades en la financiación de las primarias del PSOE. El PP registró preguntas parlamentarias y organizó una manifestación contra la corrupción. Así, el testimonio de un investigado se incorporó a la estrategia de desgaste del Ejecutivo, pese a que no todas estaban respaldadas por pruebas concluyentes.
Ahora, cuando el relato de Koldo apunta hacia un abogado del PP y hacia Eduardo Inda, el partido subraya las dudas sobre su fiabilidad. La exigencia de rigor debe ser idéntica en ambas direcciones: ni las acusaciones contra el Gobierno pueden presentarse como certezas sin corroboración, ni las dirigidas contra los populares deben descartarse por su incomodidad política.
Los 242.000 euros abonados por la editora de OkDiario
La controversia incorpora un elemento documentado: los pagos de Dos Mil Palabras SL, editora de OkDiario, para sufragar gastos y honorarios jurídicos de Koldo García. Según publicaron El País, la Cadena SER, elDiario.es, El Plural y Público, la sociedad abonó 181.500 euros el 27 de noviembre de 2025 y otros 60.500 euros el 23 de enero de 2026. El total asciende a 242.000 euros, IVA incluido, según las facturas aportadas a la Audiencia Nacional por la abogada Leticia de la Hoz; aunque desde el medio aseguran que esta contraprestación se produjo por contenidos audiovisuales informativos exclusivos.
La primera transferencia coincide con la fecha de publicación de la entrevista en la que Koldo difundió sus acusaciones contra Sánchez y su entorno. La coincidencia temporal y la magnitud de los pagos plantean interrogantes sobre la relación económica entre el medio y su fuente, así como sobre la transparencia con la que se presentó aquella información.
No obstante, las facturas acreditan los pagos por la defensa, pero no demuestran por sí solas que se compraran declaraciones ni que existiera un pacto para fabricar acusaciones. Distinguir entre hechos documentados e hipótesis resulta imprescindible para evitar conclusiones prematuras.
El supuesto pacto y las versiones enfrentadas
La polémica adquirió una nueva dimensión el 5 de noviembre, cuando la Cadena SER difundió audios enviados desde prisión en los que Koldo describía un supuesto acuerdo con Alberto Durán. Según su versión, el abogado le habría ofrecido ventajas procesales, el pago de la defensa y un millón de euros a cambio de información contra Sánchez y su entorno. El exasesor atribuyó a Eduardo Inda el papel de intermediario económico.
La emisora señaló que tres fuentes corroboraban la existencia de la oferta. Durán y el PP han negado los hechos, mientras que OkDiario sostiene que su relación con Koldo respondía a un acuerdo comercial para desarrollar un libro y una producción audiovisual. El digital publicó un contrato mercantil que, según su versión, respalda esa explicación.
Koldo desglosó el supuesto millón en 300.000 euros vinculados a una entrevista y 700.000 por los derechos de un libro. Sin embargo, no consta que esa cantidad llegara a abonarse en la documentación citada. Tampoco debe confundirse con los 242.000 euros efectivamente pagados por la editora para sufragar la defensa: se trata de operaciones distintas y con diferente grado de acreditación.
La cuestión de fondo permanece: el rigor periodístico y la responsabilidad política exigen aplicar el mismo estándar de prueba con independencia de quién salga beneficiado. La credibilidad de un testimonio no puede funcionar como un interruptor partidista.
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