"Aprovecho que estás conectada para enviarte una comunicación de Nóos..."
Y en lo que viven, no sin lógica, como una contradicción difícilmente explicable, comenzaron hace más de un año a pasarle al juez José Castro emails que, a su entender, venían a demostrar que Cristina Borbón sabía tanto de los negocios que llevaban a cabo, como Ana María Tejeiro. Incluso más en el caso de la primera, que fue vocal de Nóos. Y así Torres y sus consejeros legales le hicieron llegar al magistrado correos electrónicos con los que pretendían demostrar en realidad que no sólo Cristina, sino la familia real en conjunto, conocían la naturaleza de los negocios de Nóos.
De esta forma el juez, y de paso todos, supimos de aquel correo de abril de 2003 que Iñaki Urdangarín envió a su esposa en el que escribió: "Aprovecho que estás conectada para enviarte una comunicación de Nóos que tengo pensado enviar. Hay dos versiones. Clientes, colaboradores y amigos. Léelo y dime qué piensas please…Ciao".
Las instancia del Estado 'no ven' delito alguno en la actuación de la Infanta
Correos que han convencido al juez, como ha vuelto a demostrar este martes imputando por segunda vez a la Infanta, al menos de una parte de los razonamientos de Torres y su abogado: no debe haber diferencia de trato entre Ana María Tejeiro y Cristina Borbón, puesto que la ciudadana y la Infanta cuando menos sabían y eran responsables tanto la una como la otra de las actividades de sus maridos.
Sin embargo, las instancias del Estado insisten en crear ese agravio comparativo entre las dos mujeres. La fiscalía, la abogacía del Estado, la agencia Tributaria..., no dejan de encontrar excusas y utilizar un tamiz mucho más grueso para analizar las actividades de Cristina Borbón que las de Ana María Tejeiro.
La acusación popular y el caso Botín...
Lo que permite que, otra vez, se agite el espectro de la llamada 'doctrina Botín' en favor de la miembro de la familia real. Les recordamos lo que sucedió en aquel asunto. Cuatro directivos del Santander, incluido el presidente del Banco, Emilio Botín, fueron acusados por una asociación ciudadana, ADIC, e Inciativa Per Catalunya de haber cometido delitos contra la Hacienda Pública y falsedad documental. La fiscalía pidió, sin embargo, el sobreseimiento del caso. La Audiencia falló en favor de los directivos bancarios y sobreseyó. Decisión que ADIC e Iniciativa recurrieron ante el Supremo.
Y entonces, diciembre de 2007, el Supremo en una polémica, y bastante dividida decisión, nueve jueces contra cinco, declaró que "no puede abrirse juicio oral sólo a instancias de la acusación popular, sino que es necesario que lo inste bien el Ministerio Fiscal, bien el acusador particular". Se podría decir que esta es la misma situación que se produce ahora en el caso Nóos y la Infanta Cristina.
Como decimos, la fiscalía considera que no debe imputarse a la hija pequeña del rey. Y la defensa que representa a Torres no ha pedido tampoco al juez Castro que se la acuse, sino que si presenta los mails es buscando sólo que se desimpute a Ana María Tejeiro. Resultado, sólo la acusación popular personada, en este caso el pseudo sindicato 'Manos Limpias', pide al juez la imputación de la Infanta.
... y la acusación particular, y el caso Atutxa
Pero lo cierto es que la polémica decisión del Supremo, que venía a vaciar de fuerza la acusación popular, fue 'releída' por el propio alto tribunal apenas un año después. Cuando condenó al que había sido presidente del Parlamento vasco, Juan María Atutxa. Este, en contra de la petición de la justicia, se negó a disolver al grupo que entonces usaba Herri Batasuna para participar en las instituciones, Sozialista Abertzaleak.
Contra Atuxa se presentó demanda en primer momento por parte de la fiscalía, y también de 'Manos Limpias'. Pero posteriormente, la fiscalía se retiró dejando sola a la acusación popular. Se pensó que aplicando la doctrina Botín, el Supremo votaría en favor de Atuxa, pero en una decisión nuevamente muy dividida, 7 magistrados frente a 5, esta vez se dijo que el presidente del Parlamento vasco podía ser condenado porque la acción popular debe tenerse en cuenta, aunque sea la única acusación, cuando se "carece, por definición de un perjudicado concreto susceptible de ejercer la acusación particular".
Ante todo esto, un trato diferente a la mujer de Diego Torres, la ciudadana imputada Ana María Tejeiro, y a la mujer de Iñaki Urdangarín, la infanta Cristina Borbón, resultaría difícil de comprender.
