Jaume Asens volvió a colocar en la esfera mediática el término de lawfare tras unas graves declaraciones contra los jueces del Tribunal Constitucional con relación a la futura Ley de Amnistía que prepara el gobierno español. El abogado, político de los Comuns y negociador de Sumar aseguró en una entrevista que los jueces están sobreinterpretando el contenido de la ley de amnistía pactada entre el PSOE y Junts.
Asens explicó que "el concepto lawfare no está en la ley". Dice que "es un concepto político, no jurídico, y que está muy aceptado en su significado. Tiene que ver con una guerra sucia en la que se intenta ganar en los tribunales cosas que se pierden en las urnas y se hace utilizando los recursos públicos" y expresó que "el lawfare ha sido a menudo la forma de hacer política de la derecha".
Resulta paradójico que el propio Asens, así como compañeros de partido como la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau o su exregidor de Emergencia Climática y Transición Ecológica Eloi Badia, utilicen este término para defenderse de cualquier denuncia que les hagan.
En el caso de Jaume Asens, el Tribunal Supremo le investiga por presuntas coacciones, extorsión, falsedad, fraude o prevaricación a varios empresarios españoles. Y ante esta grave investigación, el político catalán se escude en todo es una trama organizada por las elites económicas para acabar con él.
Otro ejemplo es el de Eloi Badia, actual diputado de Sumar en el Congreso, quien enfrenta una investigación judicial relacionada con la gestión de la incineradora de residuos urbanos de Sant Adrià de Besòs durante su mandato en el Ayuntamiento de Barcelona. Badia sostiene que esta investigación es una conspiración de lobbies y grandes empresas como represalia por las políticas implementadas.
La exalcaldesa Ada Colau también actúa de la misma forma y resulta curioso que se presentó a las últimas elecciones municipales con cuatro casos abiertos debido a querellas presentadas por sectores opuestos a sus políticas de movilidad o vivienda. Gran parte de su campaña política se basó en torno a estas acusaciones, cargando constantemente contra empresas y lobbies de la ciudad.
Se ha visto que es una práctica habitual de Barcelona en Comú. Puesto que cuando algún miembro recibe una denuncia, el partido despliega una intensa comunicación partidista para denunciar supuestos intentos judiciales de lobbies y empresas en contra de su ideología. De esta manera, buscan resaltar posibles delitos que se les imputan desde cargos públicos, convirtiéndose en defensores que luchan contra un sistema dirigido por poderosos.