El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, volvió de su retiro reflexivo de cinco días anunciando un Plan de Acción por la Democracia que diese respuesta a lo que consideraba campañas de desprestigio sistemáticas, basadas en bulos e impulsadas conjuntamente por la derecha política, económica y mediática. El paquete anunciado incluía 31 de medidas y, aunque algunas se han ido aprobando, las medidas más sustanciales se encuentran paralizadas en los trámites parlamentaria, para desesperación de los socios habituales de la coalición.

El encargado de impulsar estas modificaciones legislativas, que afectan mayoritariamente a la estructura de la judicatura y a los medios de comunicación, es el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, que hace casi dos semanas adelantaba la aprobación de una nueva modificación en el Congreso de Ministros. “En las próximas semanas”, respondía a una pregunta del diputado de EH Bildu Jon Inarritu, se aprobará la reforma del Derecho al Honor. Asimismo, defendía que la mitad de las 31 medidas anunciadas están “aprobadas o en tramitación”.

La cuestión es que entre las aprobadas, como la creación de dos fiscalías (una centrada en delitos económicos y otra en delitos contra la administración pública) y de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, son las de menor calado. Otras, destinadas a que los medios de comunicación dejen clara su propiedad y financiación o la regulación de la publicidad institucional, vital para la supervivencia de muchas cabeceras, o la obligatoriedad de acudir a debates electorales y esclarecer la extracción de datos por parte de las encuestadoras, siguen sin ver la luz.

La tesitura actual, además, vuelve a estar fuertemente tensionada después de la revelación de más audios relacionados con la operación Cataluña y otras tramas de espionaje y actuaciones policiales desarrolladas durante los años de Gobierno de Mariano Rajoy. “Teniendo en cuenta que en este momento estamos en el momento álgido de esas campañas de persecución y de ataque”, recordaba Inarritu a Bolaños, haciendo referencia a la negación de la máxima de las formaciones de derechas y el señalamiento a los que están denunciando práctica mafiosas dentro de instituciones públicas.

“Me gustaría saber qué calendario manejan”, reclamaba el diputado de EH Bildu, “porque tenemos toda la maquinaria en marcha y tenemos a los mayores pirómanos que están detrás de toda esa campaña anunciándose como los bomberos de la situación”. La premura reclamada por los socios no interesa del todo en Justicia. Es más, Bolaños llegaba a responder a Inarritu que el trabajo que está haciendo el Gobierno central “para conseguir que la democracia sea más limpia” está yendo a un “ritmo más que razonable”. El siguiente paso será el Derecho a Honor y se espera algún movimiento más antes de verano, buscando tener aprobadas las 31 medidas antes de finalizar el año.  

En la misma línea se pronunciaba el jefe del Ejecutivo hace una semana, aprovechando el séptimo aniversario de su llegada a La Moncloa. “Hoy se cumplen 7 años de gobiernos progresistas. 7 años de avances en todos los ámbitos: crecimiento y creación de empleo, regeneración democrática y proyección internacional, compromiso medioambiental y avances sociales. Los datos nos avalan. Continuamos con la misma ilusión y energía del primer día. Gracias a todos los que lo hacéis posible. ¡Seguimos!", trasladaba Sánchez. “Seguiremos haciéndolo”, añadía el PSOE, dejando entrever que no cederán ante presiones como la vivida este fin de semana en Madrid.

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