Los papeles ‘ocultos’ de Peinado: todos los documentos sobre el chalet ‘irregular’ del juez que niega el Ayuntamiento de La Adrada

El chalet que el juez Juan Carlos Peinado, magistrado que investiga a Begoña Gómez, disfruta en La Adrada (Ávila) presuntamente en situación irregular sigue rodeado de oscurantismo y es que, más allá de las informaciones que han publicado en todo este tiempo varios medios de comunicación, entre ellos ElPlural.com, pionero en esta cuestión, la administración pública no está convirtiendo la transparencia, precisamente, en una de sus virtudes.

En este apartado hay que hacer mención específica al Ayuntamiento de la localidad castellanoleonesa, obligado por el Comisionado de Transparencia de la comunidad autónoma a entregar una serie de documentación que, a fecha de hoy, todavía no ha aportado.

Según el organismo señalado, el Consistorio debería haber puesto a disposición del activista Fernando Jabonero, uno de los baluartes principales contra el juez y que fue incluso denunciado por el mismo, una serie de documentos para cumplir con su obligación de servicio público. Sin embargo, en el momento de publicación de estas líneas, aún no los ha facilitado, y no parece que, de hacerlo, sea pronto.

En concreto, el Comisionado de Transparencia de Castilla y León exigió en respuesta a la petición de Jabonero una “copia de los informes técnicos y jurídicos emitidos para facultar la concesión de licencias urbanísticas -de primera ocupación y la de obras de las dos construcciones, vallado, plataforma hormigonada y piscina (…)”.

El activista también pedía una “copia de los acuerdos o resoluciones de la concesión de cada una de las licencias anteriores” y en última instancia “una copia de las autorizaciones municipales para facultar las acometidas y, en su caso evacuaciones, de agua y energía eléctrica”.

El pasado mes de agosto, el organismo de la región que se encarga de asegurar la transparencia apercibió al equipo local y advirtió de que tenía la obligación de dar toda esta información solicitada por el ciudadano.

El Ayuntamiento se excusa en que carecen de personal

El pasado viernes, ElPlural.com accedía en exclusiva al escrito que, después de aproximadamente un mes, el Ayuntamiento de La Adrada, aportaba a Jabonero a raíz de su petición, si bien no dio ningún dato que demostrara que la vivienda se encuentra en situación regular.

La justificación carece de sentido para la persona receptora del texto. La explicación de la administración municipal se sustenta en una cuestión puramente temporal y en la falta de personal. Más concretamente, el gobierno del PP, en un texto firmado por la alcaldesa María del Pilar Martínez Saguar, refrenda que los datos se retrotraen que se piden se retrotraen a 2004 y que la persona encargada de este trabajo no está ahora mismo desempeñando este puesto.

Por partes, el activista decía a este periódico que, según tiene constancia, el secretario-interventor -quien debe llevar a cabo esta labor, según expone la contestación- “dimitió” hace relativamente poco. Y en lo que respecta al aspecto temporal, Jabonero indica que se trata de datos a los que, independientemente del paso del tiempo, el Ayuntamiento debería disponer de ellos.

Sea como fuera, para no facilitar la información que se pude, el Ejecutivo del PP se refiere también a la no digitalización de los expedientes y alude que estos obedecen a una labor “sumamente compleja y que requiere la dedicación de personal del ayuntamiento del que carecen en este momento”. “La licencia y la documentación se remonta al año 2004, es decir, hace más de 20 años”, destaca.

Con todo, la negativa aquí expuesta no implica que la puerta a demostrar que el inmueble dispone de las licencias necesarias esté cerrada del todo, de ahí que la regidora pide que se “flexibilice el tiempo de cumplimiento en función de las circunstancias citadas”.

"Irregularidades" o "delito por omisión"

El chalet del juez Peinado viene siendo polémico desde que este medio de comunicación publicara las primeras informaciones sobre terreno, pudiendo comprobar la disposición de la vivienda y contrastando la información con varias voces conocedoras del escenario relatado.

En los últimos meses, la Fiscalía Provincial apercibió indicios de “criminalidad urbanística” en la construcción, si bien evidenció que los posibles delitos estaban “prescritos”. Con todo, sí había visionado “irregularidades en la tramitación del expediente” de la casa.

El mismo aviso de la Fiscalía incluía un posible “delito por omisión” del ayuntamiento liderado por la derecha, así como le elevación de los supuestos al SEPRONA y las razones que motivaron el carpetazo definitivo -a menos hasta ahora- de la investigación.

El delito de prevaricación urbanística aparece tipificado en el artículo 320.1 del Código Penal “en cuya redacción a la fecha de los hechos castigados, tanto a la autoridad o funcionario público que informara favorablemente de proyectos de edificación o la concesión de licencias contrarias a las normas urbanísticas vigentes, como a los que hubiera resuelto o votado a favor de su concesión a sabiendas de su injusticia”.