Óscar Puente ha acusado públicamente a los órganos de control económico de aplicar un criterio desigual en la fiscalización del gasto público según el color político del gobierno. El ministro de Transportes y exalcalde de Valladolid ha vinculado esta supuesta laxitud con el Partido Popular al escándalo por el abuso de contratos menores en la sanidad madrileña, una práctica que ha vuelto a situar bajo sospecha la gestión del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso.
La denuncia de Puente se ha producido a través de un mensaje en redes sociales en el que ha apelado directamente a su experiencia al frente de una administración local. “Goberné ocho años un ayuntamiento. Esto jamás, repito, jamás, me lo hubiera dado de paso la intervención”, ha afirmado, antes de concluir que esa diferencia de trato es algo que “compruebas cuando gobiernas”, ya que, según ha sostenido, “la intervención tiene unos criterios para la derecha y otros para la izquierda”.
El origen del escándalo está en los informes y análisis que alertan del uso masivo y reiterado de contratos menores por parte de la Consejería de Sanidad madrileña y del Servicio Madrileño de Salud. Esta modalidad de contratación, prevista legalmente para situaciones puntuales y de importe reducido, permite adjudicar servicios o suministros sin concurso público, lo que elimina la competencia y la publicidad. Sin embargo, diversas investigaciones señalan que en Madrid se ha convertido en un procedimiento habitual, con miles de adjudicaciones fraccionadas para eludir los controles ordinarios.
La investigación advierte que esta práctica puede esconder fraccionamiento ilícito de contratos, ya que se fragmentan suministros o trabajos que superan con creces los límites legales (por ejemplo, 15.000 € para servicios o suministros), con la finalidad de eludir los procesos ordinarios con publicidad y concurrencia, que garantizan competencia y transparencia.
El fraccionamiento de contratos es una práctica expresamente prohibida por la ley cuando su objetivo es evitar los procedimientos abiertos, que garantizan concurrencia, transparencia y un mayor control del gasto. A pesar de ello, asociaciones cívicas y plataformas en defensa de la sanidad pública denuncian que esta dinámica se ha normalizado durante años en hospitales y centros dependientes de la Comunidad de Madrid, permitiendo concentrar millones de euros en adjudicaciones directas a los mismos proveedores.
Los mecanismos de control que debían frenar el abuso
Es en este punto donde Puente sitúa el foco en el papel de la Intervención, el órgano encargado de ejercer el control interno de la legalidad económico-financiera antes de que el gasto público se ejecute. Su función no es política, sino técnica: verificar que cada expediente de contratación cumple la ley, que no se fraccionan contratos de forma indebida y que las adjudicaciones se ajustan a los principios de publicidad, concurrencia y eficiencia. Cuando detecta irregularidades, la Intervención puede formular reparos suspensivos, emitir informes desfavorables o exigir la corrección del procedimiento antes de autorizar el pago.
Desde la perspectiva de Puente, la magnitud y reiteración del uso de contratos menores en la sanidad madrileña difícilmente podría haberse producido sin un control interno permisivo. El ministro sugiere que una utilización tan sistemática de adjudicaciones directas —muy por encima de lo que prevé la normativa— debería haber encendido las alarmas de la Intervención autonómica mucho antes. En su experiencia como alcalde, sostiene, prácticas similares habrían sido bloqueadas de inmediato o habrían generado informes críticos que impedirían su continuidad.
Además del control previo, el sistema de fiscalización cuenta con mecanismos de control posterior. En el ámbito autonómico, esa tarea corresponde a la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, mientras que a nivel estatal interviene el Tribunal de Cuentas, encargado de examinar la legalidad y eficiencia del uso de fondos públicos y de exigir responsabilidades contables cuando se detectan irregularidades. A ello se suma la labor de supervisión de la Intervención General de la Administración del Estado, que coordina criterios y vela por la homogeneidad del control económico en el conjunto de las administraciones.
La crítica de Puente no es menor porque pone en cuestión la neutralidad y la eficacia de uno de los pilares técnicos del Estado. Los interventores son funcionarios independientes, con habilitación nacional en el caso de la administración local, y gozan de autonomía profesional para ejercer su labor. Sin embargo, el ministro apunta a una cultura administrativa en la que el rigor no se aplica siempre con la misma intensidad. No se trataría tanto de decisiones individuales como de un contexto institucional en el que determinados gobiernos, especialmente los del Partido Popular con fuerte peso territorial, encontrarían menos resistencias en los órganos de control.
En el caso de la Comunidad de Madrid, esa supuesta indulgencia habría permitido que el abuso de la contratación menor se prolongara durante años sin consecuencias políticas inmediatas ni correcciones estructurales. La ausencia de reparos contundentes o de informes que forzaran un cambio de modelo habría contribuido, según esta visión crítica, a normalizar una práctica excepcional hasta convertirla en ordinaria. Para Puente, el problema no es solo jurídico o contable, sino democrático: cuando los controles fallan o se relajan, se debilita la igualdad ante la ley y se erosiona la confianza ciudadana en que el dinero público se gestiona con los mismos criterios para todos los gobiernos.