No es solo Sarah Santaolalla. Al Partido Popular y a sus colegas de Vox les irrita que el exjuez Baltasar Garzón sea una de las voces progresistas del mundo del Derecho que aporte doctrina jurídica en el programa “Mañaneros 360” de Televisión Española, el nuevo programa líder de las mañanas que presentan Javier Ruiz y Adela González. Los dos partidos han presentado sendas preguntas parlamentarias para que el presidente de la Corporación, José Pablo López, rinda cuentas y explicaciones sobre por qué Garzón tiene tribuna libre en la televisión pública.
Por un lado, el Partido Popular ha presentado una pregunta escrita en la que requiere la opinión del presidente de RTVE sobre “si considera adecuado que un medio público recurra, como expertos jurídicos para comentar actuaciones del Tribunal Supremo, a personas condenadas como delincuentes por ese mismo Tribunal”. Garzón comenzó a participar en el programa “Mañaneros 360” el pasado mes de junio y, desde entonces, ha intervenido de forma esporádica en la tertulia que modera Javier Ruiz. PP y Vox, que minutan el programa al dedillo, quieren saber por qué se invitó a Garzón el 10 de junio, el mismo día que fue noticia el procesamiento del Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, por el Tribunal Supremo.
La pregunta de los populares, aunque lleva a Garzón, es un tanto ambigua y a eso se agarra José Pablo López para una respuesta igual de difusa pero contundente en el fondo: “Dado que no cita el hecho concreto, decirle que dependerá de la sentencia del Tribunal Supremo. Dependerá de los delitos por los que se sentencia la persona. Dependerá de si la sentencia conlleva inhabilitación para que la persona en cuestión pueda ser invitada a un medio de comunicación, en este caso RTVE. Dependerá de si la condena ha sido cumplida. Dependerá de si las opiniones expresadas por las personas condenada contribuyen a potenciar principios democráticos como el pluralismo o la protección de las instituciones democráticas”, explica José Pablo López.
“Como principio general, en RTVE, las restricciones a la libertad de expresión, según jurisprudencia del TSJ de la Unión Europea, en tanto que la citada libertad constituye un pilar fundamental de las democracias, deben ser proporcionadas y perseguir un fin legítimo”. Hay que recordar que la Fiscalía ha pedido, este mismo mes de agosto, que el Ministerio de Justicia cumpla con la reparación integral del exjuez Baltasar Garzón tras haber cumplido ya la condena por prevaricación que le impuso el Tribunal Supremo en 2010 y que le supuso la suspensión de sus funciones durante 11 años.
En un escrito remitido a la Audiencia Nacional, el Ministerio Fiscal ha solicitado que se cumplan “las conclusiones y determinaciones de reparación integral", dispuestas en el Dictamen del Comité de Derechos Humanos de la ONU, que concluyó que el Tribunal Supremo vulneró el derecho a la presunción de inocencia y el derecho a la revisión de la condena de Garzón.
Entre otras acciones, la Fiscalía insta a borrar sus antecedentes penales, a ejecutar una compensación adecuada y a adoptar medidas para evitar que se cometan "violaciones semejantes en el futuro". Además, pide que se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el Dictamen de las Naciones Unidas. Hasta el momento, Justicia se ha acogido al silencio administrativo negativo como respuesta a las reclamaciones del exjuez. Ahora, la Fiscalía de la Audiencia Nacional apoya la petición de Garzón para que se apliquen las medidas de resarcimiento.
Pero no solo el PP quiere acotar que Baltasar Garzón vuelve a ser un juez mediático, como lo era en décadas pasadas. Vox también se ha sumado a esta petición de explicaciones al presidente de Radio Televisión Española.
“La entrevista al ex magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón el pasado 10 de junio, estaba cerrada desde el día 2 de ese mes, para participar en una mesa política, junto a otros expertos, sin saber que ese día 10, la noticia sería el procesamiento del fiscal general del Estado por la supuesta comisión del delito de revelación de secretos”, explica López en su segunda repuesta.
El presidente de RTVE defiende la relevancia del exjuez como analista: “Baltasar Garzón es un juez reconocido internacionalmente por su trabajo, en casos de gran relevancia, como la lucha contra el terrorismo, el crimen organizado y la defensa de los derechos humanos”.
Una condena arbitraria, según la ONU
El Tribunal Supremo condenó al juez a 11 años de inhabilitación por prevaricación tras ordenar la grabación en la cárcel de las conversaciones entre los presuntos cabecillas del caso Gürtel, Francisco Correa y Pablo Crespo, y sus abogados en la cárcel de Soto del Real.
Según el alto tribunal, Garzón adoptó una resolución injusta y restringió el derecho de defensa de los imputados “sin razón alguna que pudiera resultar mínimamente aceptable”. Esta sentencia, para la que no hubo opción a recurso, supuso en la práctica el fin de la carrera de Baltasar Garzón, que perdió su plaza en la Audiencia Nacional.
En 2021, el comité de Derechos Humanos de la ONU determinó que fue inhabilitado en un “proceso arbitrario” y solicitó el borrado de sus antecedentes penales y que se le diera “una compensación adecuada por el daño sufrido”.
La resolución de la ONU consideró probado que el proceso judicial que acabó con la carrera de Garzón no garantizó la imparcialidad de los magistrados que le sentenciaron y que no estuvo basada “en provisiones suficientemente explícitas”. Además, criticó que no tuviera acceso a una segunda instancia para recurrir, por lo que este organismo pidió al Estado español una “reparación integral” y el borrado de sus antecedentes penales.