España

La motosierra de Vox llega al BOE sin manual de instrucciones

Abascal promete derogar tres normas por cada nueva ley, pero su programa no concreta cómo elegirá cuáles deben desaparecer ni cómo aplicará una medida que choca con sus propias propuestas

Abascal atiende a los medios en Toledo antes de arrancar la campaña en la madrileña Plaza de Colón. EP.
Abascal atiende a los medios en Toledo antes de arrancar la campaña en la madrileña Plaza de Colón. EP.

Santiago Abascal quiere poner el Boletín Oficial del Estado a dieta. Y para conseguirlo ha encontrado una fórmula tan sencilla que cabe en una servilleta: por cada ley que se apruebe, tres normas deberán desaparecer. Sin excepciones previstas en la medida y sin necesidad de demostrar, al menos según los criterios publicados en su programa electoral, que las disposiciones elegidas hayan dejado de ser útiles. La propuesta figura entre las 115 medidas de Vox para las elecciones generales del 29 de noviembre y convierte la reducción de la legislación española en una operación matemática. Una especie de oferta de supermercado trasladada al Congreso de los Diputados: por cada novedad legislativa, tres derogaciones de regalo.

La iniciativa aparece en el punto 40 de 'Es sentido común', el documento electoral presentado por la formación de extrema derecha el pasado 12 de noviembre. Vox plantea que toda nueva ley identifique expresamente tres normas vigentes que serán derogadas. Si el texto no incluye esa relación, no podrá tramitarse ni aprobarse. El objetivo declarado es combatir la burocracia y frenar la acumulación legislativa. Lo que no explica el partido es cómo seleccionará las normas que pretende eliminar, qué criterios utilizará para evaluar su utilidad o qué ocurrirá cuando una nueva regulación resulte necesaria sin que existan otras tres prescindibles.

La propuesta encaja con la retórica de Javier Milei, el presidente argentino que convirtió la motosierra en el símbolo de su programa de reducción del Estado. Abascal ha encontrado una versión española del mismo recurso, aunque adaptada a la producción legislativa. El problema es que las leyes no son piezas intercambiables. Una norma puede regular las condiciones de trabajo, otra establecer garantías sanitarias y una tercera proteger los derechos de los consumidores. Que una nueva disposición entre en vigor no significa que otras tres hayan perdido automáticamente su razón de ser.

La contradicción resulta todavía más llamativa cuando se examina el resto del programa de Vox. El partido que pretende reducir el número de normas también propone introducir nuevas prohibiciones, endurecer penas, recuperar delitos y modificar numerosas obligaciones administrativas. Una agenda que necesita precisamente aquello que su regla pretende reducir: actividad legislativa. La cuestión no es que una formación política quiera cambiar las leyes. Es que Vox ha decidido fijar de antemano cuántas deberán desaparecer sin explicar cómo funcionará ese sistema.

El BOE no es una hoja de Excel

La formulación literal del programa deja poco margen para la interpretación. En su página 28, Vox establece: "Derogar tres normas por cada una que se apruebe". A continuación, precisa que cada nueva ley deberá identificar las tres disposiciones vigentes que quedarán eliminadas y que, sin esa identificación, no podrá continuar su tramitación. El partido justifica la medida argumentando que los españoles soportan un boletín oficial que crece constantemente mientras disminuye su libertad.

El razonamiento parte de una preocupación real: la complejidad normativa y las cargas administrativas pueden dificultar la actividad de ciudadanos y empresas. Sin embargo, el programa da un salto que no justifica. En lugar de establecer un procedimiento para identificar duplicidades, detectar normas obsoletas o evaluar los costes de determinadas regulaciones, fija una proporción obligatoria. El resultado es que derogar deja de ser una consecuencia de comprobar que una norma sobra y se convierte en una condición para poder aprobar otra.

Existe, además, una diferencia jurídica importante que el discurso político tiende a difuminar. Vox habla de eliminar tres normas por cada nueva ley, no necesariamente tres leyes completas. El concepto de norma puede abarcar disposiciones de distinta naturaleza y rango. El programa no aclara si bastaría con derogar tres preceptos concretos, si las disposiciones deberían tener una importancia equivalente ni qué relación tendrían que guardar con la nueva legislación.

La ausencia de esos detalles permite plantear una pregunta incómoda. ¿Podría cumplirse la promesa derogando tres disposiciones menores por cada gran reforma legislativa? La redacción electoral no establece ningún mecanismo para impedirlo. Tampoco precisa cómo se calcularía la reducción efectiva de burocracia. Suprimir tres normas breves podría tener un impacto administrativo insignificante frente a la aprobación de una ley extensa que introdujera nuevas obligaciones.

El propio documento incluye otra propuesta que evidencia esta tensión. En el punto 36, Vox sostiene que toda actuación administrativa deberá justificar su utilidad y proporcionalidad, y que las innecesarias tendrán que eliminarse. Ese planteamiento parte de una evaluación individual. La regla del tres por uno, en cambio, introduce una obligación numérica independiente de esa evaluación. Son dos procedimientos diferentes que el programa coloca uno junto al otro sin explicar cómo se compatibilizarían.

Menos leyes para unos, más prohibiciones para otros

El entusiasmo derogatorio de Vox contrasta con una agenda política que también necesita nuevas normas para ponerse en marcha. En materia penal, el partido propone recuperar el delito de sedición, endurecer las penas por malversación, ampliar los supuestos de prisión permanente revisable y rebajar la edad de responsabilidad penal de los menores. Son modificaciones que exigirían intervenir sobre la legislación vigente y, en determinados casos, aprobar reformas de considerable alcance.

En inmigración ocurre algo parecido. La formación plantea endurecer los requisitos para acceder a la nacionalidad española, suprimir el arraigo, introducir nuevas restricciones y modificar las condiciones de acceso a determinadas prestaciones. También propone exigir residencia legal para alquilar una vivienda y gravar las remesas enviadas al extranjero. Cada medida requeriría concretar procedimientos, competencias, obligaciones y garantías. Es decir, desarrollar nuevas disposiciones o reformar las existentes.

Lo mismo sucede con las políticas educativas, económicas o de seguridad. Vox pretende unificar determinados elementos del sistema educativo, modificar la regulación del suelo, reformar el sistema fiscal y cambiar las condiciones de acceso a diversos servicios públicos. No existe una incompatibilidad automática entre aprobar estas medidas y derogar otras normas, pero el programa deja sin resolver cómo se aplicaría su exigencia de tres derogaciones a cada iniciativa.

La paradoja es que Vox no plantea renunciar a regular la vida de los ciudadanos, sino modificar qué cuestiones considera merecedoras de intervención pública. Rechaza determinadas obligaciones medioambientales y políticas de igualdad mientras defiende nuevas restricciones migratorias, mayores castigos penales y cambios en el sistema educativo. Más que una desaparición general de las normas, su programa describe una redistribución de las prioridades legislativas del Estado.

La diferencia también se aprecia en el terreno de la violencia machista. Vox propone derogar la legislación de género que considera perjudicial y sustituirla por nuevas normas de protección a las mujeres víctimas de violencia. La formación identifica aquí un ámbito concreto en el que quiere eliminar unas disposiciones y aprobar otras. Sin embargo, tampoco explica cómo se aplicaría el balance obligatorio de tres derogaciones a esas futuras leyes ni qué ocurriría si las normas sustituidas no alcanzaran la proporción exigida.

Una motosierra que no puede cortar por cualquier sitio

La propuesta también se enfrenta a los límites del propio ordenamiento jurídico. España no dispone de un único legislador con capacidad para eliminar cualquier norma vigente. Las Cortes Generales, los parlamentos autonómicos y las distintas administraciones actúan dentro de un reparto de competencias establecido constitucionalmente. Una mayoría parlamentaria estatal no puede derogar indiscriminadamente normas aprobadas por las comunidades autónomas en materias que les corresponden.

A ello se suma la pertenencia a la Unión Europea. Parte de la legislación española responde a obligaciones establecidas por el derecho comunitario, que los Estados miembros deben respetar. Una norma nacional que desarrolla una directiva europea no puede eliminarse sin más si con ello se incumplen las obligaciones correspondientes. Tampoco basta con invocar la reducción de burocracia para dejar sin efecto reglamentos europeos directamente aplicables.

Esto no significa que cualquier iniciativa de simplificación legislativa sea jurídicamente imposible. Las normas pueden modificarse, refundirse o derogarse respetando los procedimientos correspondientes. También existen mecanismos para evaluar su impacto y corregir duplicidades. Lo que Vox no aclara es cómo pretende convertir una proporción fija en una exigencia general compatible con el reparto de competencias, las garantías constitucionales y las obligaciones internacionales.

La incógnita alcanza incluso al funcionamiento parlamentario. El programa exige que cada ley identifique tres normas para su derogación, pero no precisa cómo se incorporaría esa obligación al procedimiento legislativo ni qué ocurriría con las proposiciones de ley presentadas por otros grupos. Tampoco explica si afectaría a las iniciativas de las comunidades autónomas o cómo se garantizaría su cumplimiento.

Hay una cuestión adicional. Una ley puede modificar varias disposiciones anteriores sin derogarlas íntegramente, introducir excepciones o desarrollar derechos ya reconocidos. Medir la calidad del sistema normativo únicamente por el número de normas eliminadas no permite conocer si la legislación resultante será más sencilla, más comprensible o menos costosa para quienes deben cumplirla.

La letra pequeña que Vox deja fuera del programa

El partido sí identifica algunas leyes que pretende eliminar. Entre ellas figuran la Ley de Memoria Democrática, la Ley de Vivienda, la reforma laboral impulsada durante el Gobierno de Sánchez y distintas normas relacionadas con las políticas de igualdad. También propone acabar con las zonas de bajas emisiones y revertir regulaciones medioambientales vinculadas al Pacto Verde Europeo.

Esas derogaciones responden a posiciones políticas expresas. Sin embargo, el programa no ofrece una relación completa de las normas que permitirían cumplir la regla del tres por uno. Tampoco acompaña la propuesta de un estudio sobre cuántas disposiciones podrían eliminarse, qué ahorro administrativo generarían o cómo se evaluarían las consecuencias de su desaparición.

Vox sostiene que su objetivo es liberar a ciudadanos y empresas de cargas innecesarias. La simplificación administrativa puede perseguirse mediante la eliminación de trámites redundantes, la coordinación entre organismos o la revisión de procedimientos. De hecho, el propio programa incluye otras medidas en esa dirección, como la ventanilla única, el expediente digital compartido y la eliminación de la cita previa obligatoria.

Pero reducir los trámites no equivale necesariamente a reducir el número de normas. Una disposición puede establecer decenas de obligaciones, mientras otras regulan derechos y garantías que apenas generan carga burocrática. La cifra de derogaciones, por sí sola, no permite determinar si una Administración funcionará mejor.

El programa de Abascal convierte así una operación compleja en una consigna fácil de recordar. Una ley entra, tres normas salen. La cuenta es sencilla; su aplicación, bastante menos. A once días de las elecciones generales, Vox ha explicado cuántas normas quiere eliminar por cada nueva ley, pero no ha detallado los criterios que determinarían cuáles deben desaparecer. La motosierra ya tiene sitio en el programa electoral. Lo que todavía no aparece es el manual de instrucciones.

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