Moncloa ultima un decreto para agilizar las devoluciones de migrantes a Marruecos

Cincuenta y siete días han pasado desde la entrada masiva de migrantes en Ceuta. Dos meses y varias semanas de reuniones entre los departamentos implicados después, el Gobierno ultima ahora un decreto ley destinado a agilizar las devoluciones a Marruecos de las personas que todavía permanecen en la ciudad autónoma. El Ejecutivo trabaja con el objetivo de llevar la nueva normativa en el Consejo de Ministros del próximo martes, lo que permitiría agilizar los procedimientos necesarios para ejecutar los retornos, según ha avanzado El País. El citado medio también señala que aunque han participado diferentes ministerios en la confección del texto, Interior ha sido el que ha llevado la voz cantante. La norma, de carácter extraordinario, se aplicará a las solicitudes de asilo presentadas en Ceuta desde el cruce masivo del 30 de julio y contempla una reducción de los plazos tanto administrativos como judiciales.

La finalidad del texto legal es, principalmente, eliminar uno de los grandes impedimentos para llevar a cabo devoluciones a Marruecos: mientras una petición de asilo continúa en tramitación, o existe la posibilidad de recurrir una resolución negativa, los migrantes cuentan con determinadas garantías que permiten su permanencia en España y dificultan el retorno. El Gobierno, por su parte, pretende ahora reducir esos tiempos de espera, acelerar la tramitación de los expedientes acumulados en Ceuta (donde, según el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, continúan cerca de 18.000 migrantes) y evitar que las solicitudes de protección internacional puedan retrasar durante meses la ejecución de las devoluciones.

Por el momento, se desconoce cuántas son las solicitudes de asilo presentadas ante el Gobierno por los migrantes que llegaron el 30 de julio que han sido finalmente rechazadas. Los últimos datos oficiales señalan que, hasta el 22 de septiembre, 2.546 adultos habían pasado por el triaje policial previo y que, según el Ejecutivo, la mayoría había optado por solicitar protección internacional. Torres, que ejerce además como mando único de la gestión de la crisis, ha señalado que sus previsiones apuntan a que la mayor parte de estas peticiones serán rechazadas. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha mantenido esa previsión en distintas ocasiones y ha asegurado que solo el 1% de las solicitudes de protección formuladas por ciudadanos marroquíes son aprobadas.

Menos obstáculos administrativos para las devoluciones

El borrador que estudia actualmente el Ejecutivo modifica prácticamente todas las etapas del procedimiento con un propósito concreto: acelerar los retornos a Marruecos. Una de las medidas previstas consiste en suprimir el examen previo que realiza actualmente la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio (CIAR). Si esta disposición se mantiene en la versión definitiva, Interior podría avanzar directamente en la resolución de los expedientes sin tener que esperar el dictamen de este órgano para tomar una decisión. El cambio más relevante, sin embargo, afecta a los migrantes que continúan en Ceuta pendientes de una decisión sobre sus solicitudes de protección internacional, ya que salvo que se introduzcan modificaciones antes de que el texto llegue al Consejo de Ministros, el decreto contempla que, mientras siga vigente la situación de interés para la seguridad nacional declarada en Ceuta el pasado 25 de agosto, determinados colectivos puedan perder las garantías que actualmente impiden su devolución.

Entre ellos figurarían los ciudadanos de países considerados seguros por la Unión Europea, como Marruecos; las personas que presenten solicitudes sucesivas; y quienes sean considerados una amenaza para el orden público o la seguridad nacional. En la práctica, esta modificación permitiría ejecutar determinadas devoluciones sin tener que esperar a que concluyan todos los recursos interpuestos por los solicitantes de asilo. El borrador señala expresamente que, en aquellos casos en los que todavía no exista una resolución favorable o desfavorable sobre la solicitud, el procedimiento continuará adelante aunque el migrante ya haya sido expulsado del territorio español.

A su vez, el Ejecutivo también plantea reducir los plazos de actuación ante los tribunales. La propuesta fija en cinco días naturales el periodo para recurrir determinadas resoluciones de denegación de asilo y establece que estos procedimientos deberán tramitarse de forma preferente. El texto incorpora además otra posibilidad que todavía está siendo debatida por los ministerios que participan en su elaboración. Interior pretende que, si los migrantes que han solicitado asilo abandonan los centros de acogida de Ceuta, sus expedientes puedan ser archivados y estas personas queden expuestas a una eventual expulsión. Este punto puede generar controversia debido a las condiciones de algunas de las instalaciones de acogida de la ciudad, que están siendo objeto de investigaciones por muchas deficiencias.

La postura de las organizaciones de DDHH

Personas familiarizadas con la preparación de la norma aseguran que el Ejecutivo ha tratado de dotar al texto de la mayor solidez jurídica posible para impedir que un elevado número de recursos termine bloqueando las devoluciones. El decreto, además, deberá compatibilizar las medidas de control migratorio con las garantías asociadas al derecho de asilo reconocidas tanto por la legislación española como por las normas internacionales.

Por su parte, las organizaciones dedicadas a la protección internacional y a la defensa de los derechos humanos han cuestionado en anteriores ocasiones las iniciativas destinadas a acelerar estos procedimientos, al considerar que pueden dificultar un análisis individualizado de cada petición. Otra de las cuestiones jurídicas que deberá resolver el Gobierno es que el decreto ley pretende modificar aspectos regulados por una ley orgánica, por lo que el encaje jurídico de las medidas tendrá que ser estudiado y ajustado con especial precisión.

La norma que el Ejecutivo prevé llevar al Consejo de Ministros el martes será la segunda medida extraordinaria adoptada en respuesta a la crisis migratoria de Ceuta. La primera fue el real decreto mediante el que se declaró la situación de interés para la seguridad nacional, un instrumento contemplado en la Ley de Seguridad Nacional para reforzar la coordinación entre las distintas administraciones implicadas. Mientras que el decreto que ahora prepara el Gobierno se centra en reducir los tiempos de resolución de las solicitudes de asilo y facilitar las devoluciones de migrantes a Marruecos, la primera respuesta estuvo enfocada a organizar la respuesta institucional y económica ante la entrada del 31 de julio.