El Partido Popular (PP) reconoce ahora que la vivienda es “uno de los mayores problemas, sino el mayor, que atraviesa nuestro país”, situación que eludían meses atrás y que sus presidentes autonómicos han decidido ignorar. Sin embargo, el mero reconocimiento de la crisis habitacional no ha llevado a proponer a los conservadores reformas diferentes a la que hicieron estallar la burbuja y detonaron una crisis que arrasó con la ciudadanía española, a costa de engrosar los bolsillos de constructoras y grandes empresas que se forraron con la desgracia.
Una vez más, la propuesta de la ahora oposición es liberalizar suelo para que las empresas privadas se desplieguen e incentivar la construcción masiva y sin un control férreo del Estado. “Más allá de la evolución de los precios, la raíz del problema está en la existencia de un enorme volumen de suelo con capacidad edificatoria que permanece bloqueado, suelo en el que se puede construir y que está bloqueado”, ha defendido el vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo.
No hay rastro en las palabras de Bravo de quién construirá, a qué precio y bajo qué condiciones llegarán esas viviendas a la ciudadanía. No obstante, siguiendo los principios neoliberales y en favor del mercado desregularizado que vertebran el discurso neoliberal del PP, pueden imaginarse las respuestas. Así lo han interpretado desde el Ejecutivo de coalición, que considera que la propuesta es “la de siempre”. Es decir, “reincidir en recetas fracasadas que llevaron a la anterior burbuja inmobiliaria, como liberalizar el suelo, y boicotear cualquier medida impulsada por el Gobierno”.
Además, desde el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbano destacan que en el planteamiento existe “incoherencia y oportunismo” al presentar una iniciativa que consideran “hueca e insuficiente”, más cuando la oposición viene de “bloquear en el Congreso de los Diputados una reforma de Ley del Suelo que contaba con el apoyo de los agentes sociales, las comunidades autónomas y las entidades municipalistas”. No obstante, la cartera liderada por Isabel Rodríguez mantiene su apuesta y la defiende a capa y espada.
“Esa propuesta aportaba seguridad jurídica e incorporaba criterios del siglo XXI en la planificación urbanística, algo imprescindible en un contexto de cambio climático. Era una propuesta fraguada a través del diálogo, la negociación y el pacto”, valoran su propia ley, asegurando que el PP “sabía de su importancia”. “Se la reclamaban sus presidentes autonómicos y alcaldes”, añaden. “Sin embargo, y para sorpresa de nadie, optó por dejar a un lado el interés general y apostó por el boicot por puros intereses partidistas”, cargan contra la oposición.
El Gobierno ensalza su propuesta
Más allá de cargar con la idea del PP de liberalizar suelo y construir más, sin mucho más detalle, desde Vivienda trasladan que “ya se está priorizando la puesta a disposición de las viviendas para alquiler asequible mediante la nueva empresa estatal de vivienda”, que actualmente se encuentra enmarcada dentro de la resignificada Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES). “Ya se ha licitado la construcción de más de 1.600 nuevas viviendas y se están incorporando las 40.000 viviendas y los 2.400 suelos procedentes de la Sareb, que serán puestas a disposición de la ciudadanía en forma de viviendas de alquiler asequible”, apuntan desde el Ministerio.
Se está construyendo más, aunque no como el PP pretende o como pudo verse en el pasado. Y hay que construir aún más, pero vivienda protegida porque es la materia en la que España tiene un déficit en comparación con sus socios europeos. “Por eso el Gobierno está movilizando todos los recursos disponibles para ampliar ese parque lo más rápido posible”, espetan desde Vivienda, aunque de momento es muy insuficiente lo levantado.
Pese a al atraso de la asunción de este tipo de planes, desde el Gobierno señalan que se seguirá haciendo y aumentando el ritmo. “Para agilizar la construcción de nueva vivienda, también se ha puesto en marcha el PERTE de la Industrialización de la Vivienda que nos está ayudando a construir más, más rápido y con mejor calidad, de manera que podamos combatir con eficacia el déficit actual”, apuntan las fuentes gubernamentales.
Además, concluye, “se construirá blindando la protección permanente” del nuevo parque. “Para que lo que se construya hoy no se malvenda a un fondo buitre en 15 años”, dejan claro, aludiendo a recuerdos como las ventas indiscriminadas de vivienda pública a fondos en la Comunidad de Madrid. “Son medidas contrarias a la barra libre por la que sigue apostando la derecha”, zanja el Ministerio de Vivienda.