El Gobierno prepara un plan económico para intentar devolver a Ceuta a la normalidad después de la crisis migratoria que ha golpeado a la ciudad durante las últimas semanas. La iniciativa, todavía sin una cuantía definitiva, busca apoyar especialmente al comercio y al turismo, dos de los sectores más afectados por la caída de la actividad y la llegada de visitantes.
El vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, viajará previsiblemente la próxima semana a Ceuta para reunirse con representantes de los sectores afectados y conocer de primera mano sus necesidades. A partir de esos encuentros, el Ejecutivo terminará de perfilar un paquete de medidas que se aprobará de forma progresiva durante las próximas semanas.
El comercio, entre las prioridades
Las primeras estimaciones que maneja el Gobierno apuntan a al menos 15 millones de euros para reactivar el comercio, con posibles rebajas fiscales, reducciones de cotizaciones y ayudas directas para compensar parte de las pérdidas sufridas durante la crisis. También se prepara un plan específico para el turismo y se estudian nuevas ayudas para proyectos que ya estaban en marcha, entre ellos uno relacionado con el uso de agua desalada en la ciudad. El Ejecutivo quiere que la recuperación económica acompañe a las medidas destinadas a contener la emergencia migratoria. Ceuta, de algo más de 80.000 habitantes, ha quedado marcada por las imágenes de miles de personas intentando entrar a nado, unas escenas que han tenido una amplia repercusión internacional.
El primer Consejo de Ministros tras el parón estival, este martes 25 de agosto, estará centrado en buena medida en la situación de Ceuta. La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, llevará a la reunión un fondo de 25 millones de euros destinado a la atención de los menores migrantes.
El Gobierno pretende utilizar parte de esos recursos para financiar el traslado a la Península de unos 500 menores, una medida que el PP rechaza por ahora. La devolución a Marruecos no es una solución inmediata: la legislación exige garantías y estudios individualizados y la jurisprudencia ha establecido que los menores no pueden ser devueltos de forma automática. El Ejecutivo ya había activado otros seis millones para hacer frente a la emergencia humanitaria y prevé que lleguen nuevos fondos en las próximas semanas.
Más medios para justicia, sanidad y seguridad
La respuesta del Gobierno incluye también refuerzos en otros ámbitos. Justicia ha aumentado la capacidad operativa del Instituto de Medicina Legal y prepara más efectivos para los tribunales, la Fiscalía y el turno de oficio ante el volumen de expedientes de expulsión y solicitudes de asilo.
Sanidad trabaja igualmente en medidas de refuerzo ante una situación marcada por el hacinamiento y la aparición de enfermedades como la sarna, aunque el Ministerio insiste en que no existe una crisis sanitaria entre la población ceutí. En materia de seguridad, el Ejecutivo estudia convertir en permanentes parte de los refuerzos desplegados durante la crisis. Actualmente hay 330 policías y 240 guardias civiles adicionales, que elevan a 1.659 los efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la ciudad.
También está previsto avanzar en una solución más estable para reforzar la protección de la frontera marítima. La barrera flotante instalada tras el último salto masivo es una medida temporal y el Gobierno prepara una infraestructura que pueda mantenerse durante los meses de otoño e invierno. La Moncloa trabaja, así, en tres líneas paralelas: reforzar la seguridad y la cooperación con Marruecos para evitar nuevos saltos masivos, gestionar la situación de los migrantes que permanecen en la ciudad y poner en marcha un plan de recuperación económica.
El Gobierno reconoce que la situación sigue siendo complicada, pero considera que la prioridad es recuperar progresivamente la normalidad. Para ello, las medidas económicas no llegarán de una sola vez, sino mediante un goteo de ayudas y decretos durante las próximas semanas.
La crisis de Ceuta se ha convertido en uno de los principales problemas a los que se enfrenta ahora el Ejecutivo de Pedro Sánchez, sometido a presión por la oposición, las autoridades locales, los sindicatos policiales y las instituciones europeas. La recuperación de la ciudad dependerá ahora de que las medidas anunciadas consigan devolver actividad a una economía que ha quedado especialmente tocada por la crisis migratoria.
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