Moncloa ha reaccionado a la nueva citación del juez Juan Carlos Peinado. Fuentes autorizadas y muy cercanas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, han advertido que el instructor de la causa contra Begoña Gómez "no tiene límites": "Es como si todos supiéramos que hay un cirujano loco en urgencias desde hace dos años y le dejáramos seguir operando", prosiguen estas mismas voces.
Esta crítica se produce después de un fin de semana agitado en el que Juan Carlos Peinado ha abierto juicio oral a Begoña Gómez, Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés. Además, ha tomado medidas cautelares contra todos ellos reclamándoles la retirada del pasaporte y visitas quincenales al juzgado por riesgo de fuga.
Una decisión a ojos de Moncloa política, con claros fines de avergonzar al presidente del Gobierno, que se ha visto, además, reforzada después de que el magistrado haya citado a Gómez y a su asesora este miércoles para la entrega del pasaporte -coinciciendo en tiempo y forma con la comparecencia del presidente Sánchez en el Congreso de los Diputados para contestar, entre otras cosas, por las causas de corrupción que le rodean-.
En paralelo a estas declaraciones, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha abierto un expediente por falta grave al juez Peinado gracias al voto de calidad de la presidenta del Tribunal Supremo, Isabel Perelló (tras un empate a cuatro de los vocales).
La indignación por el auto del juez Peinado ha terminado de convencer al presidente del Gobierno y su equipo de máxima confianza. La instrucción es clara: cierre de filas y contraataque frente a un año final de legislatura que se prevé inclemente.
El presidente del Gobierno prepara una intervención especialmente combativa para el próximo miércoles en la Cámara Baja, con un tono de confrontación directa hacia la oposición y con el argumento de que determinados sectores de la judicatura mantienen una presión injustificada sobre su entorno familiar. "No pararán", claman algunas voces autorizadas en el partido.
Al mismo tiempo, desde Moncloa se ha trasladado una consigna de máxima contención: evitar nuevas decisiones drásticas o cesiones políticas salvo que aparezcan pruebas concluyentes e incontestables, como ocurrió en los casos de Santos Cerdán o José Luis Ábalos.
En ese contexto, Sánchez ha optado por cerrar filas con José Luis Rodríguez Zapatero y mantener su respaldo al expresidente. Una defensa que volvió a escenificar esta semana en Bruselas, donde asumió una posición de apoyo sin reservas, ligando su posición política a la del exjefe del Ejecutivo.
La resolución dictada por el magistrado ha reforzado una tesis que varios ministros vienen sosteniendo en privado: ha llegado el momento de cerrar filas y priorizar la defensa política antes que abrir nuevos frentes internos. En ese contexto, Sánchez evita elevar la presión sobre los suyos y, por ejemplo, se resiste a reclamar públicamente a Zapatero que entregue al patrimonio del Estado las joyas investigadas, una práctica habitual en La Moncloa con aquellos obsequios de elevado valor que no pueden devolverse por razones diplomáticas.
No obstante, durante su comparecencia en Bruselas, el presidente dejó entrever una posible salida a esa controversia, una opción que en el entorno socialista muchos consideran razonable. La tesis sería admitir que Zapatero cometió un error al conservar las piezas al desconocer su verdadero valor y que, una vez conocida su tasación, no existirían razones para mantenerlas en su poder. Pese a ello, Sánchez evitó pronunciarse directamente y trasladó la responsabilidad al propio expresidente: "Esa pregunta la tiene que responder Zapatero", afirmó al ser interrogado sobre una eventual cesión de las joyas al Estado.
Añadir ElPlural.com como fuente preferida de Google.
Mantente informado con las últimas noticias de actualidad.
