La ola de calor también incide en los termómetros de un debate público de por sí ya caldeado. La imputación de la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, ha subido el nivel de decibelios en el campo de batalla político que, pese a la llegada del mes de julio, no ha bajado su intensidad. Desde Pontedeume (A Coruña), el secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, percutía en la estrategia de presión al Gobierno por los casos de corrupción que salpican a miembros socialistas y lo hacía exigiendo – de nuevo – la convocatoria de elecciones generales ante una situación de “extrema gravedad”. Desde Moncloa, por su parte, ha sido el ministro de Transformación Digital y secretario general del PSOE-M, Óscar López, el encargado de dar la réplica y señalar a los conservadores como causantes, a través de la Operación Kitchen, del daño infligido al Instituto Armado.

Tellado, que este sábado visitaba el XVI Feirón Medieval dos Andrade, ha exigido la dimisión inmediata de González por su imputación en el caso Leire. El número dos de Alberto Núñez Feijóo ha situado la situación judicial de la directora de la Guardia Civil en el marco de una ofensiva más amplia contra el Ejecutivo, al que acusa de atravesar una crisis de “extrema gravedad” que debe motivar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a convocar elecciones generales. Desde Génova entienden, y así lo ha reiterado el dirigente gallego, que la legislatura está más que amortizada, pese a que el resto de fuerzas del bloque de la investidura – a excepción de Junts – mantienen su apoyo a la coalición, aunque con matices.

El secretario general de los populares ha deslizado que el Gobierno cuenta con “más imputados que diputados”, píldora retórica con la que el Partido Popular busca condensar su argumentario contra Sánchez y sus apoyos parlamentarios. De ahí que Tellado haya insistido en que el jefe del Ejecutivo debe “asumir la realidad” y “ceder la palabra a los ciudadanos” adelantando las elecciones. En este punto, hacía referencia a la petición de Congreso y Senado de someterse a una cuestión de confianza y convocar los comicios.

En lo que atañe a la directora de la Guardia Civil, Tellado ha calificado de “inaceptable” su situación, sin perder la ocasión de señalar al mismo tiempo al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, al que acusa de haber “mentido” tanto ante los medios de comunicación como en sede parlamentaria. El dirigente gallego, en este sentido, ha reclamado responsabilidades respecto al director adjunto operativo (DAO) del Instituto Armado, apuntando también a la titular de Defensa, Margarita Robles, como responsable de activar los mecanismos necesarios para promover ceses.

Cierre de filas

La réplica desde Moncloa no tardaba en llegar. Desde Almagro (Ciudad Real), el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha cerrado filas con González y rechazado a su vez que su permanencia al frente de la Guardia Civil dañe a la institución. De hecho, interrogado por la petición de dimisión formulada por el Partido Popular, el también líder de los socialistas madrileños despachaba que lo que supuso una puñalada a la credibilidad del Instituto Armado “fue la Operación Kitchen en su día”, en referencia al operativo parapolicial vinculado al Ejecutivo de Mariano Rajoy, a cuya cúpula de Interior se está juzgando en la actualidad.

López ha acusado al PP de haber utilizado “las herramientas del Estado para perseguir a rivales políticos y destruir pruebas” y ha recordado que un exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, acabó en el banquillo. También ha aludido a los audios en los que se escuchó la frase sobre que “la Fiscalía te la afina”, como ejemplo del deterioro institucional que atribuye a la etapa popular.

Frente a esas acusaciones, el ministro ha defendido que actualmente existe “un Gobierno limpio” y ha subrayado que Mercedes González cuenta con “todo el respaldo” y “todo el apoyo” del Ejecutivo. Según López, la directora general de la Guardia Civil es una “extraordinaria” responsable del Instituto Armado y seguirá dando las explicaciones que sean necesarias.

El ministro ha recordado que González ya compareció en el Senado y ha insistido en que continuará aclarando “todo lo que tenga que explicar”. “Hoy en el Gobierno no hay operaciones de Estado como había antes”, ha remarcado.

López también se ha referido a la posible aplicación del artículo 92 de la normativa interna de la Guardia Civil, relativo a la suspensión de funciones. Sobre este punto, ha defendido que el reglamento se aplica “con toda normalidad” y ha precisado que esa norma “abre posibilidades, no exigencias”.

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