Moncloa se blinda con una ofensiva social para compensar el golpe de la senda de déficit en el último pleno del año

Con motivo de las elecciones en Extremadura, el Congreso echará el cierre antes de lo previsto en este mes de diciembre. Esta misma semana concluirá el periodo de sesiones con un pleno al rojo vivo. La senda de déficit desfilará por segunda por el Hemiciclo con un resultado idéntico al anterior asalto. No hay ningún indicio de milagro, pese a que la política española ha demostrado en incontables ocasiones ser una guionista exquisita, así que el Gobierno espera otro correctivo parlamentario. Para amortiguar el impacto del golpe, PSOE y Sumar han diseñado un pleno repleto de iniciativas de carácter social y cuya oposición se antojaría muy difícil de explicar. Así, sus señorías debatirán y votarán, entre otras, cuestiones como la reforma de la dependencia o la ley de atención a la clientela para contrarrestar varapalos asumibles en decretos económicos como el de los objetivos de déficit. Además, se someterán a votación los reales decretos aprobados el pasado martes en el Consejo de Ministros sobre la subida salarial a los empleados públicos y una ampliación del margen de gasto para los ayuntamientos.

El divorcio unilateral de Junts ha añadido más perejil a la salsa parlamentaria de final de año. Si bien la actividad continuará esta semana en el Congreso, no será hasta bien entrado el mes de febrero cuando regrese. Un parón obligado por las elecciones en Extremadura y porque enero es mes inhábil en las Cortes y que a la vez concede al PSOE un tiempo extra valiosísimo para derrumbar el enroque de los neoconvergentes. De ahí se desprende la estrategia que sigue ahora el Ejecutivo de coalición, escenificada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este pasado martes al insistir en la mano tendida a Carles Puigdemont para reconfigurar la mayoría de la investidura y blindar la legislatura para neutralizar el relato de PP y Vox, quienes llevan desde el arranque de ésta reiterando que el Ejecutivo está paralizado y que vive de espaldas al Parlamento. En este caldo de cultivo se dirimirá este jueves el último pleno del año con varios puntos de acción, al margen de la segunda votación a la senda de estabilidad presupuestaria.

Cóctel social

En Moncloa asumen que no hay hueco para el milagro en el segundo round de los objetivos de déficit. Aunque el Congreso vuelva a vetarlos, se abre ahora una ventana de oportunidad para que Hacienda presente su proyecto presupuestario y, durante este impasse, tiene en su mano la carta de la sentencia del Tribunal Constitucional para arrancar los siete votos juntaires con un posible regreso de Puigdemont en primavera. En cualquier caso, el Gobierno cuenta con la derrota este jueves, pero para amortiguarla, concederá prácticamente todo el protagonismo al ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Bustinduy. Su departamento lleva al Pleno una batería legislativa con el que pretenden marcar perfil, blindar apoyos y obligar al Partido Popular, Vox e incluso Junts a retratarse en votaciones de difícil rechazo.

Se espera que la ofensiva de Bustinduy genere grandes consensos, como ya hiciera en otras ocasiones con el decreto que incorporaba una partida de 500 millones adicionales para la atención de pacientes de ELA. Ahora busca repetir ese triunfo con una profunda reforma de la ley de dependencia y discapacidad, que lleva vigente desde el año 2006. El Ejecutivo plantea una revisión integral del modelo, desplazando el enfoque centralizado en la atención institucionalizada y en residencias para apuntalar un sistema de cuidados que priorice el apoyo domiciliario, la autonomía personal y el acompañamiento. Un giro que, según explican desde el departamento de Derechos Sociales, es una respuesta al imperativo de adaptar la ley a la realidad social y al evidente envejecimiento demográfico que, al mismo tiempo, reclama modelos más flexibles y compatibles con la vida en el hogar.

A pesar de que Junts y PNV registraron enmiendas a la totalidad, en Moncloa confían en que la normativa reciba un respaldo amplio, muy lejos de la unanimidad que podría esperar. Asimismo, el Pleno abordará también la ley de atención a la clientela. Una iniciativa que inicialmente causó cierto recelo entre los grupos parlamentarios, pero cuyo proceso de negociación consiguió tapar esos huecos. El Ministerio lo consiguió, en parte, por su capacidad para mejorar la protección de los consumidores en sectores privatizados o de concentración empresarial. Aquí, los de Miriam Nogueras mantendrán su apoyo intacto, habida cuenta de que era una de las partes más interesadas en que saliera adelante.

Reales decretos

El orden del día no es fruto de la casualidad, sino del trabajo de las formaciones progresistas para contener el daño que pudiera surtir el segundo rechazo consecutivo de la Cámara a los objetivos de estabilidad. Las dos iniciativas de Bustinduy están garantizadas, pero no así otros reales decretos aprobados por el Gobierno en el seno del Consejo de Ministros de la semana pasada, entre los que destacan la subida salarial de 3,5 millones de euros a empleados públicos. No obstante, las sensaciones en el Ejecutivo es que no hay argumentos para que el Partido Popular vote en contra, aunque trabaja para la mayoría sea más holgada.

Por su parte, se espera que Junts respalde la normativa que permitiría a los ayuntamientos ampliar sus inversiones sostenibles, al ser una bandera que ondearon desde el principio los neoconvergentes. Lo mismo ocurre con el paquete de ayudas adicionales para la isla de La Palma. De este modo, entienden en Moncloa que el golpe de la senda de estabilidad se diluiría ligeramente entre el ruido de estas iniciativas de calado más social antes de una afrontar una nueva tentativa para calmar las aguas con Junts antes de la vuelta de la actividad parlamentaria en febrero.