A comienzos de este 2024, casi nadie se atrevía a aventurar que sería un año relativamente prolífico para el Gobierno. Especialmente, desde el punto de vista parlamentario. El curso arrancó regular, con Junts presionando desde prácticamente la primera votación y Podemos torpedeando un real decreto ley con sello Sumar, mandando el mensaje de que ellos también son indispensables en la confección de las mayorías y reivindicando sus cuatro escaños. Una pista de lo que vendría por delante. Sin embargo, la realidad ha sido otra y tanto en Moncloa como en el fuero del Partido Socialista celebran y proclaman a los cuatro vientos su capacidad negociadora para sacar adelante 25 leyes. Más que cualquier otro Gobierno autonómico con mayoría absoluta, como Galicia, donde apenas se han llegado a las tres iniciativas aprobadas.
25 leyes en un año suponen una media de algo más de dos iniciativas legislativas en el cómputo de un mes de trabajo. Sobre ello redundan tanto en Moncloa como en Ferraz. En el cuartel general de los socialistas se acoge con orgullo lo que asumen como la traducción de un intenso trabajo parlamentario y de fontanería, que según ellos hace añicos el relato expandido por la derecha que dibujaba una España sumida en la “parálisis del Gobierno y de este Congreso”. Dato mata relato, que suele decirse, y que se acompasa con otras 31 iniciativas legislativas que aún están pendientes de tramitación.
Números que, si bien no son brillantes con respecto a otros ejercicios, sí resultan reseñables a tenor de la confección parlamentaria. La seguridad de las mayorías absolutas de antaño nada tiene que ver con la volubilidad de lo que hasta hace dos años era un bloque relativamente granítico. Y es que en este último ejercicio, el Congreso de los Diputados ha visto absolutamente de todo. Desde ponencias desconvocadas sobre la bocina, votaciones que se alargaban hasta la medianoche con un resultado imprevisible, teléfonos funcionando a máximo rendimiento o iniciativas retiradas del orden del día. Un cóctel de infortunios que proyecta la compleja aritmética que acoge la Carrera de San Jerónimo, con cada uno de los actores políticos reivindicando sus indispensables votos.
El Gobierno que más leyes aprueba
A pesar de todos estos vaivenes, el trabajo diario refleja una realidad menos grandilocuente que escapa de lo llamativo de un titular. El Gobierno ha sufrido derrotas, algunas simbólicas o algunas otras -las menos- dolorosas, pero sí es cierto que el balance en absoluto es desfavorable para los intereses de la coalición. El 2024 no ha sido tan provechoso como el 2022, ni tan siquiera como el ejercicio pasado, pero sí arroja un balance arrollador para Moncloa. Y es que, de las casi 900 votaciones celebradas desde el arranque de la legislatura, el Ejecutivo ha superado sin sobresaltos nueve de cada diez.
“A un gobierno no sólo se le mide por el número de leyes aprobadas”. Con estas palabras, evidenció Pedro Sánchez que la producción legislativa va al ralentí, pero por ponerlo en perspectiva, es la mejor de todo el país, incluyendo en la terna a ejecutivos regionales donde incluso hay mayorías absolutas. Es decir, hay parlamentos autonómicos donde ni siquiera es necesario tejer acuerdos, donde se han tramitado casi una veintena de proyectos menos. Es el ejemplo de Galicia, donde el Partido Popular, pese a tener el control de la Cámara regional, tan sólo ha aprobado tres leyes en todo lo que va de 2024, teniendo en cuenta, por supuesto, el proceso electoral del 18 de febrero. Aun así, el balance es irrisorio en comparación con la Carrera de San Jerónimo.
De igual modo, aunque no tan acentuado, ocurre con territorios como Murcia, Extremadura o Cantabria, donde el Partido Popular roza la mayoría y necesita de la cooperación de Vox. Sin embargo, pese a tener el panorama algo más despejado que el Gobierno central, sendos ejecutivos apenas han sacado adelante tres o cuatro proyectos legislativos en todo lo que va de curso. Sin contar, claro, los que estén en proceso de tramitación parlamentaria. También superan a autonomías como Andalucía, donde los conservadores también gozan de mayoría absoluta, aunque los márgenes no son tan elevados (17). Madrid, en cambio, reduce su producción legislativa hasta 8, quedándose lejos incluso de la Comunitat Valenciana (19) o de Navarra (23), que ocupa el segundo peldaño por detrás de la Administración central. Este último, cabe señalar, en manos de la socialista María Chivite.
13 meses, 25 leyes
En consecuencia, pese a que la agenda legislativa ha pegado un frenazo considerable, en Moncloa entienden que el balance es bueno teniendo en cuenta que las elecciones del 23J desarmaron por completo la geometría variable de la anterior legislatura. Tanto es así que incluso durante este año no se han completado los tres días de duración de los plenos al quedarse sin balas para los jueves, jornada dedicada a iniciativas legislativas. Incluso los aliados de la investidura advertían al Gobierno que fuera meticuloso en la elección de los proyectos que envía a la Carrera de San Jerónimo. También el socio minoritario de la coalición ha pegado algún que otro tirón de orejas a Pedro Sánchez, recordándole que “gobernar no es resistir”. Especialmente en lo relativo a cuestiones sociales como la vivienda.
Pero lo cierto es que en este año, el Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado 25 nuevas leyes, incluyendo una reforma constitucional. Fue a principios del curso, después de que Partido Popular y PSOE se sentaran a negociar para dar respuesta -por fin- a las sugerencias de la sociedad civil para cambiar el artículo 49 de la Constitución y sustituir el término “disminuidos” por “personas discapacitadas”. El desglose es de 14 leyes y 10 reales decretos. Buenos números, pero alejados de la media centena que se sacaban adelante en la pasada legislatura, cuando el Gobierno desplegó 215 nuevos textos. En Moncloa, pese a la disonancia numérica, lo enmarcan dentro de la más absoluta normalidad, resaltando la diferencia entre ambos contextos.
La última gran victoria del Ejecutivo en el Congreso quedó opacada por la derogación del impuesto a las energéticas que PP y Junts. Sin embargo, en el último Pleno de este 2024, el Ejecutivo cantó bingo tanto en el proyecto estrella de Félix Bolaños – Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia-, como en el grueso del paquete fiscal de la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, que contempla, entre otras iniciativas, una reforma del impuesto de sociedades. A ellos habría que sumarles la amnistía o la reforma de la Ley del Poder Judicial que socialistas y conservadores pactaron a las puertas del verano; pero también conviene mencionar los tres reales decretos para amortiguar los efectos de la DANA en Valencia, sí como la prórroga de alguna parte del escudo social para paliar el influjo de la guerra de Ucrania.
En el limbo
En cambio, otros proyectos no han corrido la misma suerte e incluso algunos están condenados a perecer por las tiranteces entre los diversos grupos, como lo es la iniciativa que regula el mercado de derechos de emisiones contaminantes, suspendido tras una enmienda pactada por PP y Junts para eliminar el gravamen a la producción eléctrica. En el limbo parlamentario, cogiendo polvo, descansa por el momento la Ley Mordaza, que también prevé un desenlace complicado. Mención aparte a los Presupuestos Generales del Estado (PGE), cuya negociación, prevista para la primera mitad del año, tuvo que postergarse por las elecciones catalanas. De hecho, esta fue una de las derrotas más sonadas del Ejecutivo, dado que tanto Junts como por supuesto el Partido Popular tumbaron la senda de Estabilidad en el último Pleno antes del parón estival, retrasándolo por completo.
Y es precisamente el proyecto presupuestario el que más complicaciones debe sortear para seguir con vida, pues las cuentas ahora mismo no salen en el Palacio de la Moncloa. Máxime si se tiene en cuenta el acercamiento de Junts hacia el PP -y viceversa- y las dudas de un Partido Nacionalista Vasco (PNV) que por el momento resiste en el bloque de la investidura y rehúye de golpes en el pecho para reivindicar el poder de su Grupo Parlamentario.