Seis años después de la primera ola de la pandemia, la gestión de las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid continúa recorriendo los tribunales de la región con muchas preguntas que responder todavía. Las denuncias de familiares de residentes fallecidos durante aquellos meses terminaron repartidas entre numerosos juzgados y, con el paso del tiempo, el mapa judicial se ha convertido en uno de los principales obstáculos para quienes reclaman una investigación conjunta de lo ocurrido. La posibilidad de convertir esas investigaciones en una macrocausa sigue sobre la mesa, pero no existe, por ahora, una causa única que reúna todos los procedimientos y, de hecho, distintas secciones de la Audiencia Provincial de Madrid han adoptado criterios enfrentados sobre si las investigaciones deben permanecer separadas o pueden acumularse.
El último episodio de esta disputa se produjo en septiembre. La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid, María Isabel Durántez, planteó a la Audiencia Provincial cómo proceder ante la controversia generada por las resoluciones contradictorias. Su juzgado es precisamente el que aparece como posible punto de concentración de varias de las investigaciones.
De una denuncia a decenas de procedimientos
El origen de las investigaciones está en las muertes registradas en las residencias madrileñas durante los primeros meses de la Covid-19, especialmente en marzo y abril de 2020. En concreto, las 7.291 víctimas que tantas veces se han denunciado. Las familias y las asociaciones de afectados sostienen que debe determinarse si las decisiones adoptadas por la Administración autonómica condicionaron el acceso de los residentes a la asistencia hospitalaria. En el centro de la controversia están los protocolos y criterios de derivación sanitaria aplicados durante aquellas semanas. La Comunidad de Madrid estableció el 26 de marzo un plan de choque para las residencias, con la Consejería de Sanidad como mando único sanitario. Días antes, la Administración regional había aprobado instrucciones específicas para estos centros.
La dimensión de la tragedia explica en parte la complejidad posterior. El dato de 7.291 personas fallecidas no significa, sin embargo, no significa que todas esas muertes estén judicializadas ni que exista una única causa penal que investigue cada fallecimiento. Lo que se ha ido examinando en los tribunales son denuncias concretas, con circunstancias, centros, profesionales y decisiones médicas diferentes. Ese es precisamente uno de los argumentos empleados por quienes defienden mantener la investigación fragmentada, frente a los que son partidarios de aunarlo todo bajo un único procedimiento.
Argumentos principales contra la macrocausa
La Ley de Enjuiciamiento Criminal establece como regla general que cada delito dé lugar a una causa independiente. La excepción aparece cuando existen delitos conexos y resulta conveniente investigarlos conjuntamente, siempre que esa acumulación no provoque una complejidad o una dilación excesivas. Sobre esa base se pronunció la Sección Primera de la Audiencia Provincial el pasado abril. El tribunal rechazó acumular más de una veintena de procedimientos y avaló que continuaran investigándose por separado, argumentando que no existía una identidad suficiente entre las denuncias: aunque algunos investigados aparecieran en diferentes procedimientos, los residentes, sus situaciones médicas y las circunstancias concretas de cada fallecimiento no eran necesariamente las mismas.
La Sala también advertía del riesgo de convertir una investigación de esta naturaleza en un proceso excesivamente complejo. En otras palabras, para esta posición judicial, que exista un contexto político y administrativo común no implica automáticamente que todas las muertes constituyan un único hecho delictivo que deba investigarse en un mismo procedimiento.
Posiciones a favor: qué defienden las familias y asociaciones
No obstante, dos meses después, otra sección de la misma Audiencia Provincial adoptó una posición diferente. La Sección Séptima decidió en julio que una investigación del Juzgado de Instrucción número 5 de Móstoles debía pasar al Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid. En este caso, los magistrados apreciaron conexión entre los hechos investigados y consideraron que la acumulación permitiría evitar resoluciones contradictorias y duplicidades. Aquel movimiento no supuso, ni mucho menos, que una macrocausa hubiera echado a andar, ya que solo fue la combinación de dos procedimientos. La importancia de aquella decisión reside, no obstante, en la introducción de un criterio distinto dentro de la propia Audiencia Provincial.
El resultado es una situación poco habitual: tres resoluciones de distintas secciones, dos contrarias a la acumulación general y una favorable a unir determinados procedimientos. La cuestión ahora reside en cómo se resuelve esa divergencia y qué alcance puede tener la decisión sobre el resto de las causas.
Las asociaciones de familiares llevan años reclamando que los procedimientos se investiguen conjuntamente. Su argumento parte de una premisa diferente a la de las investigaciones individuales: si en los distintos centros se aplicaron unas mismas directrices y estas emanaron de decisiones adoptadas por responsables de la Administración autonómica, consideran que ese elemento común debe analizarse de manera global. Desde su perspectiva, investigar cada fallecimiento por separado puede hacer que el foco quede limitado a la actuación de una residencia concreta, de un médico o de una situación clínica determinada, mientras que las decisiones administrativas comunes quedarían más alejadas del objeto de cada procedimiento.
Precisamente en esa línea se ha pronunciado Carmen López, portavoz de Marea de Residencias, ante las preguntas de ElPlural.com. "La postura de Marea es la defensa de la macrocausa porque los hechos que consideramos discriminatorios tuvieron todos el mismo origen: la gestión de la crisis por el mando único madrileño, la Consejería de Sanidad. Unas decisiones políticas que se ejecutaron y se aplicaron en todas las residencias de la Comunidad de Madrid", ha argumentado.
"Además de que es lo razonable de acuerdo con los hechos, es un disparate que pueda haber resoluciones contradictorias. De hecho, así está pasando: Juzgados que al menos quieren hacer una investigación mínima y otros que archivan sin investigar o no reabren las denuncias anteriores como pedía la Fiscalía", denuncia López también. Según datos publicados en septiembre, los tribunales habían archivado ya 144 denuncias relacionadas con la gestión de las residencias durante la pandemia. Las asociaciones vinculan parte de esa dispersión con la ausencia de una investigación conjunta, pero al mismo tiempo reconocen que existen juzgados que continúan investigando y que las decisiones judiciales no han sido uniformes.
Más allá de las cuestiones procesales
Al margen del debate sobre si se debería abrir una macrocausa o no, existe la dimensión del propio objeto de la investigación más allá de la dimensión jurídica. Una causa individual puede centrarse en preguntas como qué ocurrió con un residente concreto, qué asistencia recibió, si se solicitó un traslado o qué circunstancias médicas concurrían, mientras que una investigación conjunta permitiría poner el foco, además, en las decisiones administrativas comunes y en si existió una pauta general que pueda tener relevancia penal. Ambos procedimientos tienen sus pros y sus contras si se atiende a estos parámetros y es precisamente ahí donde reside el dilema: la existencia de un marco común no elimina las diferencias entre cada fallecimiento, pero esas diferencias tampoco impiden necesariamente que determinadas decisiones comunes puedan ser investigadas de manera conjunta.
La propia Comunidad de Madrid ha defendido durante estos años su actuación durante la pandemia y ha destacado, entre otras medidas, que el SUMMA 112 realizó miles de traslados de residentes a hospitales. En abril de 2020, la Administración regional informaba de 4.203 traslados de residentes desde el 1 de marzo. Ahora, la decisión sobre el futuro de las investigaciones vuelve a estar en manos de los órganos judiciales. Por ende, la pregunta reside en cuál es la forma procesal adecuada para dirimir responsabilidades, si con decenas de expedientes separados o con una investigación capaz de analizar conjuntamente aquellas decisiones que puedan tener un mismo origen.
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