Los mercaderes de las encuestas y el espejismo del 29-N

Cuentan las crónicas que Napoleón Bonaparte, acostumbrado a contemplar Europa como un inmenso tablero sobre el que desplegar ejércitos, terminó descubriendo en los campos embarrados de Waterloo que los mapas de sus generales no siempre coincidían con la realidad del terreno. Ni las flechas cuidadosamente dibujadas sobre el papel garantizaban el avance de las tropas ni los cálculos de sus estrategas podían anticipar todas las circunstancias de una batalla. Aquella mañana de junio de 1815, el emperador todavía tenía un ejército, un plan y la convicción de que podía imponerse. Al caer la tarde, la historia había decidido otra cosa.

Algo parecido deberían recordar hoy nuestros generales de la política, esos que, sin haber librado todavía la batalla del 29 de noviembre, ya pasean por los platós televisivos con los laureles de unas victorias que únicamente existen en las hojas de cálculo de las empresas demoscópicas.

Porque hemos llegado a ese punto de extravagancia democrática en el que los sondeos han dejado de ser fotografías de la opinión pública para convertirse, al menos en su utilización política, en una suerte de cartografía militar donde cada partido dibuja sus conquistas, señala los territorios del adversario y contempla satisfecho unas fronteras electorales que todavía no ha conseguido atravesar.

Y claro, como ocurría en los cuarteles generales de aquellos ejércitos europeos, siempre aparece algún oficial dispuesto a explicar que el plan es perfecto, que el enemigo está debilitado y que la victoria constituye poco menos que una formalidad administrativa.

Así, mientras unos se apresuran a repartir los ministerios de un Gobierno que todavía no existe, otros organizan el funeral de un Ejecutivo que sigue sentado en el Consejo de Ministros y los terceros se miran al espejo convencidos de que su reflejo demoscópico constituye una prueba irrefutable de su grandeza política.

Todos parecen olvidar un pequeño inconveniente: las elecciones todavía no se han celebrado y los españoles conservan la incómoda costumbre de votar lo que les viene en gana.

Y es precisamente ahí donde comienza la verdadera guerra.

Porque detrás de los porcentajes, de los titulares convenientemente filtrados, de las encuestas internas que nadie enseña y de los barómetros que cada cual interpreta como mejor conviene, se libra una batalla bastante más sofisticada que la simple confrontación entre programas electorales.

Una guerra de estrategias diseñada para conquistar algo que precede al voto y puede condicionarlo: la percepción que los ciudadanos tienen de la realidad política.

En Ferraz, el desafío consiste en administrar el desgaste de quien lleva demasiado tiempo ocupando el poder sin permitir que el cansancio termine convirtiéndose en abstención. Y, para ello, una de las estrategias posibles consiste en transformar el juicio sobre la gestión gubernamental en un plebiscito sobre el temor a quienes aspiran a sustituirla.

Porque, cuando los resultados de la gestión no bastan para movilizar, siempre queda el recurso de presentar al adversario como una amenaza de proporciones bíblicas.

No se trata ya de convencer al elector de las bondades de lo realizado, sino de recordarle, con la insistencia de un predicador anunciando el Apocalipsis, todo aquello que podría suceder si los otros llegaran al poder.

Una estrategia que puede resultar eficaz para movilizar a determinados sectores, aunque encierra la contradicción de pretender renovar la confianza de los ciudadanos dedicando más tiempo a hablar de los defectos ajenos que de los méritos propios.

Y, mientras tanto, en Génova, Alberto Núñez Feijóo se enfrenta a su particular cuadratura del círculo. Pretende conquistar el centro político sin perder la derecha, atraer al votante socialista desencantado sin incomodar al conservador más exigente y presentarse como alternativa moderada mientras contempla cómo Santiago Abascal compite por una parte de su mismo espacio electoral.

Una suerte de funambulismo político en el que cada paso hacia un extremo puede alejar al votante del otro y donde el equilibrio no depende únicamente de la habilidad del equilibrista, sino también de los movimientos de quienes sacuden la cuerda.

Porque el verdadero problema del Partido Popular no reside exclusivamente en su competencia con Pedro Sánchez. Reside también en la necesidad de diferenciarse de un partido con el que puede verse obligado a negociar una mayoría parlamentaria.

Y ahí aparece Vox, convertido en competidor electoral y posible interlocutor institucional de aquellos a quienes disputa el liderazgo de la derecha.

Abascal tiene incentivos para cultivar esa diferencia, endurecer el contraste y presentar sus posiciones como una alternativa frente a la moderación que atribuye al Partido Popular. Pero el crecimiento de una formación política no se transforma, por arte de magia, en una mejora proporcional de la representación parlamentaria del espacio con el que comparte parte de su electorado.

Porque la política tiene esas pequeñas crueldades que los discursos de mitin suelen ocultar: se puede crecer en votos sin crecer en poder en la misma proporción, y se puede celebrar una victoria particular sin que la aritmética parlamentaria conceda todos los deseos de sus protagonistas.

Y, mientras nuestros tres generales contemplan sus respectivos mapas electorales, convencidos de que las flechas que dibujan sus estrategas representan movimientos inexorables de millones de ciudadanos, la realidad permanece obstinadamente ajena a sus deseos.

España no es una gigantesca circunscripción electoral donde los porcentajes se convierten automáticamente en diputados. Es un conjunto de provincias con repartos de escaños diferentes, donde pequeñas variaciones pueden modificar la adjudicación de los últimos puestos y donde la distribución territorial de los apoyos resulta tan importante como su volumen nacional.

Pero explicar estas cuestiones requiere bastante más paciencia que colocar dos porcentajes en una pantalla, sumarlos y anunciar solemnemente que ya tenemos nuevo Gobierno.

Y, como la paciencia nunca ha sido la principal virtud de la propaganda, hemos terminado asistiendo a una competición en la que cada encuesta sirve para anunciar el nacimiento de una mayoría, la defunción de un partido o la resurrección de un dirigente al que apenas veinticuatro horas antes daban por políticamente amortizado.

Una especie de mercado persa de las expectativas donde cada mercader pregona las virtudes de su mercancía, desprecia la del vecino y procura que nadie examine demasiado detenidamente la letra pequeña.

Pero todavía queda algo que nuestros vendedores de certezas parecen empeñados en ignorar.

Queda la campaña.

Quedan los debates, las propuestas, las controversias, los errores, las decisiones inesperadas y los acontecimientos que ningún estratega puede programar desde la comodidad de su despacho.

Queda, sobre todo, la posibilidad de que los ciudadanos modifiquen sus prioridades, cambien su intención de voto o decidan participar después de haber permanecido durante meses alejados de la conversación política.

Y es que las campañas electorales no son ceremonias organizadas para ratificar los deseos de los partidos. Son precisamente el escenario en el que esos deseos se someten a la voluntad de quienes tienen la última palabra.

Por eso resulta tan cuestionable la obsesión por presentar como irreversible aquello que todavía está sujeto a decisiones humanas.

Porque, cuando una encuesta se utiliza para instalar la inevitabilidad de una victoria, para alimentar el voto útil o para sembrar el desaliento entre los adversarios, deja de actuar exclusivamente como instrumento de conocimiento y pasa a formar parte de la propia competición política.

No significa que sus datos sean falsos. Significa que su interpretación y difusión pueden responder a intereses que nada tienen que ver con el rigor estadístico.

Y convendría distinguirlo antes de que terminemos confundiendo la demoscopia con la cartomancia y los estudios electorales con las profecías de Nostradamus.

Aunque quizá lo más preocupante no sea esa confusión, sino la facilidad con la que nuestros dirigentes parecen haber aceptado que gobernar las percepciones puede resultar electoralmente más rentable que explicar las políticas.

Así, la vivienda se convierte en un arma arrojadiza, la inmigración en un campo de batalla emocional, la economía en una colección de cifras cuidadosamente seleccionadas y los problemas cotidianos de los ciudadanos en simples accesorios de un espectáculo diseñado para conquistar titulares.

Ya no importa tanto qué se propone como qué sensación produce. Ni qué se ha conseguido como qué relato logra imponerse. Ni siquiera qué piensa realmente el ciudadano, sino cómo conseguir que termine pensando aquello que interesa a cada organización.

Y cuando la política alcanza ese grado de sofisticación propagandística, corre el riesgo de olvidar para qué existe.

Porque la democracia no nació para que los estrategas perfeccionaran sus técnicas de persuasión ni para que los partidos convirtieran a los ciudadanos en objetivos de una interminable campaña de ingeniería emocional.

Nació para que el poder dependiera de la voluntad popular y para que quienes aspiran a ejercerlo tuvieran que explicar sus decisiones, justificar sus propuestas y someterse periódicamente al juicio de aquellos a quienes representan.

Por eso, quienes hoy celebran mayorías que todavía no han obtenido, quienes anuncian derrotas que todavía no se han producido y quienes confunden la fidelidad de sus votantes con un derecho hereditario sobre las instituciones harían bien en recordar una vieja lección de la historia.

Que hasta los ejércitos aparentemente invencibles pueden terminar derrotados cuando sus generales comienzan a confundir los mapas con los territorios, las adulaciones de sus oficiales con la realidad del campo de batalla y sus deseos de gloria con la verdadera capacidad de sus tropas.

De aquí al 29 de noviembre todavía quedan decisiones por tomar, errores por cometer y ciudadanos por escuchar.

Y ninguna encuesta, por favorable que resulte, puede sustituir a las urnas.

Porque los generales pueden diseñar sus batallas, los estrategas pueden dibujar sus victorias y los mercaderes de la demoscopia pueden seguir vendiendo futuros empaquetados en porcentajes.

Pero ninguno de ellos posee la voluntad de los ciudadanos.

Así que recuerden, queridos generales de la política española: todavía no han ganado ninguna batalla.

Y Waterloo siempre llega cuando alguien comienza a confundir sus deseos de victoria con la realidad del campo de batalla.

Vicente Montañez es exconcejal del Ayuntamiento de Valencia