El presidente en funciones de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, afronta este lunes el examen político más exigente desde su dimisión. Será el primero de los comparecientes en la comisión del Congreso que investiga la gestión de la devastadora dana del 29 de octubre de 2024, que dejó 229 muertos sólo en la provincia de Valencia y cuya respuesta institucional continúa bajo un escrutinio intenso. Frente a la comodidad del formato que encontró la semana pasada en Les Corts Valencianes, esta vez Mazón llega a un terreno mucho menos controlado y donde no tendrá margen para largas exposiciones, sometiéndose al formato pregunta-respuesta, con interrupciones incluidas y bajo la advertencia expresa del artículo 502 del Código Penal para quienes falten a la verdad ante una comisión parlamentaria.

Su comparecencia en la comisión autonómica - a petición propia, justo después de hacer efectiva su renuncia como presidente - fue, en comparación, un paseo. Allí, los portavoces de los grupos preguntaron primero, él dispuso de 15 minutos para contestar con comodidad, y hubo una segunda ronda ordenada. En definitiva, un escenario más amable gracias a la mayoría de PP y Vox, que moderó tensiones y permitió a Mazón manejar los tiempos.

Formato del interrogatorio

Nada de eso ocurrirá en el Congreso. La sesión arranca a las 10:30 y los portavoces intervendrán de menor a mayor representación, con 20 minutos cada uno para un interrogatorio directo. Lanzarán preguntas sucesivas y Mazón tendrá que responder sobre la marcha. Podrán cortarle, pedirle concreción e insistir sin dejarle respirar. Un formato pensado para obtener respuestas inmediatas y evitar discursos evasivos.

Aunque podrá acudir acompañado por la persona que elija para asistirle, Mazón será advertido - como todos los comparecientes - de las consecuencias legales de mentir en sede parlamentaria. La asistencia es obligatoria, pero nadie está obligado a contestar. Sin embargo, solo suelen acogerse a este derecho quienes se encuentran imputados en procedimientos judiciales. No es el caso de Mazón, aunque su situación procesal esté en un terreno intermedio.

Aforado en el ojo del huracán

La jueza de Catarroja que instruye la investigación penal sobre la tragedia, Nuria Ruiz Tobarra, le ha ofrecido en múltiples ocasiones declarar voluntariamente como investigado. No puede imputarlo formalmente porque Mazón conserva la condición de aforado al mantenerse en su escaño autonómico, un estatus que no perderá ni siquiera cuando su sucesor sea investido.

Mientras tanto, PSOE, Sumar y sus socios se preparan para presionar al expresident con las preguntas que siguen abiertas y que alimentan la sospecha pública desde hace semanas. Especialmente delicado será desentrañar su agenda del día de la catástrofe. La comida y posterior sobremesa que compartió con la periodista Maribel Vilaplana hasta las 18:45 en el restaurante El Ventorro será uno de los focos. Tanto ella como el dueño del local también serán citados por el Congreso.

Las dudas persisten en torno a dos tramos horarios clave:

- ¿Dónde estuvo Mazón entre el momento en que acompañó a Vilaplana al aparcamiento y las 19:55, hora en la que varios testigos aseguran que reapareció en el Palau de la Generalitat?

- ¿Qué diálogo mantuvo con la entonces consellera de Emergencias, Salomé Pradas, ya imputada y también citada a declarar?

Falta saber qué diputados del Grupo Popular arroparán a Mazón en su comparecencia. Puede que solo acudan los comisionados del grupo o que se sume algún otro parlamentario. Lo que parece descartado es que acuda la cúpula del PP: a la misma hora, en Génova, se reúne el Comité de Dirección del partido.

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