Más de una veintena de personalidades del mundo de la cultura, entre los que se encuentran el actor Carlos Bardem, la actriz Clara Lago o el presentador Jorge Javier Vázquez, han firmado una carta para pedir al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que la gente pueda votar sobre “el futuro de la tauromaquia”.

La misiva, que lleva la rúbrica de más de 25 rostros, nace para apoyar una iniciativa parlamentaria después de que el diputado de Sumar Nahuel González López logre la firma de 45 diputados para que la Mesa del Congreso de los Diputados apruebe la tramitación de una proposición de ley que persigue derogar la norma que declaró el toreo como patrimonio cultural inmaterial.

Hay que remontarse al 7 de octubre de 2025 para encontrar el origen de la respuesta cultural y política frente a la tauromaquia. Por aquel entonces, el Parlamento votaba la iniciativa Legislativa Popular (ILP) que buscaba terminar con el blindaje total de la tauromaquia y dejar de considerarla Patrimonio Cultural.  Ese texto fue promovido por ‘No es mi cultura’, donde están representadas 200 asociaciones animalistas, logrando 600.000 firmas. El PSOE se abstuvo.

En el texto que firman actores, actrices o personas que aparecen habitualmente en televisión en estos momentos expresan su “profunda preocupación por el sufrimiento que decenas de miles de toros padecen cada año en festejos taurinos en toda España” y lamentan ante el responsable del Ejecutivo que la ILP no pudo votarse debido a la abstención de los socialistas.

Ahora, sostienen que la nueva iniciativa parlamentaria “ofrece otra oportunidad para corregir una anomalía legislativa que nunca debería haber existido reiterando la protección cultural de la tauromaquia y permitiendo que la ciudadanía española decida si quiere mantener esta industria”.

“La mayoría de los españoles no considera que la tauromaquia forme parte de nuestra cultura o identidad”, añade la carta, que estima que “tampoco cree que ninguna actividad deba quedar protegida frente al escrutinio democrático, impidiendo que las administraciones elegidas puedan restringirla o ponerle fin si esa es la voluntad de las persona a las que representan”. “No existe justificación alguna para que el maltrato animal reciba protección legal”, apostilla.

“Tiene la oportunidad de contribuir a que la legislación española se ajuste a los valores de la España moderna”, refrendan, pidiendo a Sánchez “que permita una votación libre sobre esta cuestión y dé a los representantes electos la oportunidad de votar según su conciencia”.

La mayoría de los españoles no considera que la tauromaquia forme parte de nuestra cultura

Relación con la tauromaquia de las administraciones

La ILP supone un nuevo punto -habrá que ver si de inflexión- en la relación de las administraciones con la tauromaquia. Hace dos años, el Ministerio de Cultura de Ernest Urtasun eliminó el Premio Nacional de Tauromaquia, dotado con 300.000 euros. El galardón fue suprimido 13 años después de su creación. En la misma dirección, el mismo Ministerio tampoco ha entregado ninguna medalla de Bellas Artes a gente relacionada con el sector de la tauromaquia o el mundo del toreo.

Entre las comunicades autónomas, Canarias fue la primera en mover ficha contra la tauromaquia. Fue en 1991, cuando se prohibió “la utilización de animales en peleas, fiestas, espectáculos y otras actividades que conlleven maltrato, crueldad y sufrimiento”. Si bien el texto que regía esto, la Ley de Protección de los Animales de la región, no prohibía expresamente los toros, supuso un avance importante para los derechos de los animales. Tampoco escapa que Canarias no destaca precisamente por su arraigo a la tauromaquia, como muestra que la última corrida de toros tuviera lugar en enero de 1984, pero eso no implica que no supusiera un avance a mencionar.

Otro ejemplo, más contundente, es el de Cataluña, que prohibió los toros en 2010, pasando de la teoría a la práctica en 2012. No obstante, el Tribunal Constitucional anuló la decisión cuatro años después al considerar que la autonomía no disfrutaba de competencias para prohibir un espectáculo protegido como cultura nacional.

Hay otras comunidades cuyas administraciones, sin embargo, sí que han favorecido el mundo del toreo. Un ejemplo claro de ello es Madrid, que creó un nuevo Premio Nacional de Tauromaquia dotado con 300.000 euros para sustituir, precisamente el que había suprimido el Ministerio de Cultura. También podría destacarse la relación de la región con la Fundación Toro de Lidia.

Castilla y León, Castilla-La Mancha, Andalucía, la Comunidad Valenciana o Extremadura también tienen una tradición más arraigada con los festejos taurinos, aunque en función de dónde se ponga el foco destacan más las corridas de toro o los festejos populares. En algunos territorios, han aumentado las ayudas a la tauromaquia con los gobiernos de PP y Vox. 

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