La causa judicial contra Begoña Gómez es sabido que arrancó con querellas de parte de organizaciones ultras como Manos Limpias o Hazte Oír, entre otros, pero cierto es que parte del Partido Popular también ha tenido un peso relevante en este proceso. Marco Antonio Caballero, exalcalde de Carranque (Toledo), se querelló en diciembre contra la esposa del presidente del Gobierno. Una figura política que en el tablero político castellanomanchego generó importante polémica por sus presuntos vínculos con la trama Púnica e irregularidades acometidas durante su mandato.
Quien fuera alcalde por el PP del mencionado municipio toledano entre 2011 y 2015 fue punto de controversia política por sus irregularidades de gestión por empresas vinculadas a la trama Púnica del partido pero, recientemente, ha vuelto al tablero público por su último movimiento, ahora en sede judicial, tomando posturas en la causa judicial que investiga a Begoña Gómez.
Fuentes consultadas por ElPlural.com sostienen que este recurso es “una estrategia recurrente del PP y algunos de sus antiguos dirigentes: trasladar las disputas políticas a los tribunales, buscando en los juzgados lo que no lograron ni en las urnas ni en el Parlamento”. Y es que, en estos términos, aseguran que el juez Juan Carlos Peinado, instructor del caso, aceptó a trámite la querella de Caballero el pasado 16 de diciembre: “Dos días después, Begoña Gómez declaraba en sede judicial y se enteró de dicha querella después de declarar”, añaden.
Pese a las acusaciones por irregularidades y presuntos nexos con Púnica que marcaron su mandato al frente del Ayuntamiento de Carranque y, por ende, buena parte de su carrera política, estas fuentes lamentan que su trayectoria se haya derivado hacia el ala judicial bajo el marco que se cierne sobre Begoña Gómez. “Caballero ha reaparecido como parte de la estrategia del PP de utilizar los tribunales para desgastar al Gobierno. La querella contra Begoña Gómez es solo el último ejemplo de esta táctica”, reiteran estas fuentes, añadiendo que el papel que está desprendiendo el exedil popular es otro intento de “recuperar protagonismo mediático y un esfuerzo por desviar la atención de su propio historial político”.
“Esta judicialización de la política no solo distorsiona el propósito de los tribunales, sino que también evidencia la falta de alternativas sólidas y propuestas constructivas por parte del partido. Al convertir los juzgados en el escenario principal de sus disputas, el PP alimenta un clima de hostilidad que perjudica la democracia”, condenan.
Un exalcalde “bajo sospecha” por presuntos vínculos con Púnica
El escenario político en Carranque hace más de una década atrás no estuvo exento de escándalos. El periodo en el que Marco Antonio Caballero fue alcalde, entre 2011 y 2015, en el municipio toledano “acumuló un montante de escándalos que culminaron con su dimisión” junto a otros dos concejales del PP y tras perder el bastón de mando con el resultado de aquellas elecciones.
Según recogió la prensa entonces, tres de los cuatro concejales del PP -además de Caballero, Alejandro Martín y María Luisa Gallego- dimitieron de sus cargos en agosto de 2015 alegando “problemas profesionales y personales”.
A la contra, el principal partido de la oposición al que era entonces su gobierno, el PSOE, se refirió no a este motivo, sino a “las supuestas irregularidades cometidas en la legislatura anterior” y que guardarían “relación con la trama Púnica en el contrato de privatización del alumbrado público; malversación de fondos y prevaricación en el contrato de privatización de agua potable y delitos de cohecho, prevaricación y malversación de fondos en distintas actuaciones durante su gestión”, según recogió en su día el diario ABC. Por aquel entonces, Caballero negó relación alguna con la trama Púnica en sus gestiones.
Entre los casos más señalados trascendió la contratación de la empresa Asproener por 18.000 euros para la evaluación de eficiencia energética de Carranque sin hacer pública la licitación; entidad investigada por sus presuntos nexos con la trama Púnica. Sin embargo, según recogió entonces La Tercera Información, esta operación no fue a parar a esta mercantil, sino que lo hizo a otra que estaba fuera de la investigación pero sí aparecía como competidora de la trama en varios concursos públicos: Elecnor. A esta segunda empresa se le adjudicó el alumbrado público por más de 270.000 euros anuales, “un contrato que el secretario interventor del Ayuntamiento calificó de irregular”, añaden las fuentes consultadas por ElPlural.com.
Con este montante, reiteran que el mandato de Caballero al frente de Carranque “fue señalado por privatizaciones sospechosas de servicios esenciales, como el alumbrado público y el suministro de agua potable” aunque, tras su salida del cargo, sus sucesores destaparon estas presuntas irregularidades que se remitieron al “uso indebido de tarjetas de crédito municipales y la gestión opaca de cuentas destinadas a actividades deportivas”. No obstante, y pese a todo este historial, los populares no asumieron responsabilidades “ni se tomaron medidas para apartar” a estas figuras puestas bajo lupa.