Las amenazas contra el periodismo no adoptan en España las mismas formas que en los países donde se asesina o se hace desaparecer a informadores. Sin embargo, Carlos Escote, portavoz de Amnistía Internacional, advierte de que existen normas, procedimientos y episodios de hostigamiento que dificultan el ejercicio de la libertad de prensa. En conversación con El Plural, apunta a la ley mordaza, el Código Penal, los secretos oficiales y las demandas abusivas.
La ley mordaza y el derecho a grabar a la policía
Escote reconoce las diferencias con otros escenarios internacionales: "Aquí no tenemos documentados asesinatos de periodistas o desapariciones forzadas". Aun así, considera que el funcionamiento de algunas disposiciones de la llamada ley mordaza provoca una preocupación sostenida. La ley de 2015 contempla sanciones por desobediencia y falta de respeto a agentes y por determinados usos de imágenes policiales.
Amnistía ha reclamado reiteradamente modificaciones para evitar restricciones injustificadas a la protesta y al derecho a informar. En concreto, el artículo 36.23 sanciona determinados usos de imágenes o datos de policías que pongan en peligro su seguridad o el éxito de una operación. El Tribunal Constitucional anuló en 2020 la exigencia de autorización previa y dejó claro que captar imágenes no constituye por sí solo una infracción: deben valorarse su difusión, el riesgo concreto y la libertad de información. Escote advierte de otras sanciones durante una cobertura, por ejemplo, por supuesta desobediencia.
Sobre esa práctica, el portavoz considera que "la policía es juez y parte" y describe el coste inmediato de enfrentarse a una sanción: "La multa te la llevas, luego ya ponte a recurrir".
Los delitos "medievales" que pueden llevar una expresión ante los tribunales
La preocupación de Escote alcanza también al Código Penal y sus artículos "medievales". Menciona la vigencia del delito de ofensa a los sentimientos religiosos, las injurias a la Corona y el enaltecimiento del terrorismo, figuras cuya aplicación ha generado debates sobre los límites de la libertad de expresión. El portavoz recuerda procedimientos contra titiriteros y músicos y añade que ese riesgo puede afectar a profesionales de la comunicación. Se refiere al coste de pasar por un proceso penal incluso sin condena final mediante una expresión conocida: "La pena de banquillo".
La organización lleva más de una década reclamando cambios. En febrero de 2015, cinco expertos de Naciones Unidas advirtieron de los riesgos para las libertades de expresión y reunión asociados a la reforma penal y a la Ley de Seguridad Ciudadana. Escote recuerda aquellos pronunciamientos y sostiene que las respuestas de los sucesivos gobiernos han sido insuficientes. Amnistía ha repetido sus críticas mediante informes, comunicaciones y campañas.
La reclamación tiene un componente político claro: "No se trata solo de votar cada cuatro años". Escote insiste en que la salud democrática requiere que las personas puedan expresarse y protestar entre una convocatoria electoral y la siguiente; y exige responsabilidades a quienes pueden aprobarlas.
Ceuta y el señalamiento de los profesionales
La preocupación no se limita a las leyes. Amnistía Internacional denunció las agresiones y el hostigamiento sufridos por periodistas que cubrían las protestas en Ceuta el 2 de septiembre. En un comunicado difundido al día siguiente, la organización relató testimonios de insultos, violencia física y verbal y situaciones en las que los informadores tuvieron que interrumpir su cobertura. También recogió quejas por una protección policial insuficiente o tardía en algunos casos.
Escote menciona aquel episodio como ejemplo de las dificultades para trabajar cuando los periodistas se convierten en objetivo de señalamientos públicos. Su organización pidió a partidos y autoridades que condenaran esas agresiones y garantizaran la seguridad de los profesionales. La denuncia no responsabiliza a todos los manifestantes. La exigencia de Escote es clara: "El deber de las autoridades es proteger el ejercicio de la libertad de expresión".
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Los secretos oficiales que limitan las investigaciones
El acceso a los documentos públicos constituye otro de los principales problemas señalados en la entrevista. España conserva la Ley de Secretos Oficiales de 1968, aprobada durante la dictadura y reformada en 1978. A diferencia de sistemas que establecen plazos generales, esta legislación no prevé una desclasificación automática por el mero paso del tiempo. Escote vincula esa situación con las investigaciones sobre los crímenes del franquismo y las dificultades de las víctimas para conocer documentos que podrían ser relevantes para la verdad y la reparación.
El portavoz evoca las advertencias del relator de Naciones Unidas Pablo de Greiff sobre los obstáculos para consultar archivos históricos. En la entrevista señala que "documentos históricos y grandes fondos militares y policiales permanecen clasificados". También menciona la reserva que afecta a las actas de la junta interministerial encargada de autorizaciones de exportación de material de defensa, establecida mediante un acuerdo gubernamental de marzo de 1987. Amnistía considera que la falta de transparencia puede dificultar el control público sobre operaciones con países donde se vulneran derechos humanos.
También le preocupa el acceso a información sobre programas espía utilizados contra periodistas y activistas. El Gobierno presentó en julio de 2025 un proyecto de Ley de Información Clasificada para sustituir la norma franquista, pero la iniciativa seguía en fase de enmiendas en el Congreso antes de la convocatoria electoral. La sustitución de la ley todavía no ha culminado. Escote subraya la importancia de estas restricciones para "el acceso a la información y la transparencia democrática".
Las SLAPP y la protección todavía incompleta
El otro frente es el uso abusivo de la justicia para desgastar a quienes investigan asuntos de interés público. Son las demandas estratégicas contra la participación pública, o SLAPP. Su objetivo principal es intimidar, restringir o castigar la participación en el debate, y no deben confundirse con el derecho legítimo a reclamar una rectificación o a acudir a los tribunales. El perjuicio comienza antes de una sentencia, cuando defenderse consume recursos.
La Unión Europea aprobó en 2024 una directiva que establece garantías procesales frente a demandas civiles abusivas con repercusiones transfronterizas. El plazo de transposición concluyó el 7 de mayo, y la Comisión Europea inició en julio un procedimiento de infracción contra España y otros Estados por no comunicar su incorporación completa. El Gobierno había aprobado en abril dos anteproyectos para adaptarla, pero no equivalían a una norma vigente. La directiva tampoco se aplica, por sí sola, a todos los litigios internos ni a los procesos penales.
Escote insiste en que "la libertad de expresión es un derecho absolutamente fundamental" para la calidad democrática y para conquistar nuevos derechos. En su opinión, las promesas de reforma resultan insuficientes si las personas que informan y protestan continúan expuestas a restricciones desproporcionadas. Importa no solo cómo termina cada procedimiento, sino a cuántas voces disuade antes de comenzar.
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