La modificación de la Ley del Suelo llega este martes al Congreso de los Diputados, nueve meses después de que el Gobierno la retirase a escasas horas de ser debatida en Pleno ante su previsible fracaso. La situación no ha variado demasiado con respecto a aquel entonces, pero el PSOE ha decidido volver a intentarlo, con el PNV de ariete y pese a que ni siquiera cuenta con un consenso dentro de la coalición. Con socios habituales como Podemos, ERC y EH Bildu en contra, todo queda en manos del Partido Popular (PP).
La norma llega en esta ocasión al Hemiciclo de la mano de la derecha vasca, pero a ninguna formación se le escapa que es casi calcada a la de los socialistas, que apoyarían la iniciativa del PNV. Es más, el propio portavoz de Sumar y ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha adelantado la posición contraria de los magentas por esta misma razón. “No le sorprenderá que la valoración del texto sea muy parecida a la que ya hicimos en su día”, trasladaba hace escasas horas, asegurando tener las dos mismas “objeciones de fondo”.
Por su parte, los de Alberto Núñez Feijóo no están directamente en contra de la reforma propuesta por los socialistas. De hecho, la alternativa propuesta desde Génova para abordar una de las problemáticas de vivienda, que los dos grandes partidos del sistema consideran clave, es casi calcada a la que sale de Ferraz y a la de los jeltzales. Así, han considerado el texto presentado por el PNV de una “versión mutilada” de otro presentado por ellos mismos en 2018 a la que se le han retirado “partes fundamentales”.
La modificación es muy similar y bien podrían alcanzar un acuerdo, aunque los populares la consideren una “mala copia para solucionar problemas que han cambiado sustancialmente”. La realidad que se esconde detrás del no de Génova es la posibilidad de asestar un duro golpe al Ejecutivo, opción que se volverá a imponer entre las filas conservadoras. Una posición de verdugo asignada por el tándem PSOE-PNV, que ha rehusado de modificar el texto que desde la izquierda ya fue rechazado.
Mismos argumentos en contra
Aquel 23 de mayo del pasado curso, la parte socialista del Gobierno mantuvo el órdago hasta el último momento, pero finalmente el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas, plasmó su firma en el escrito que confirmaba la retirada del proyecto de Ley de la sesión. “Desbloquea pelotazos urbanísticos y da pie a más especulación”, valoraban la norma desde Podemos, exigiendo al ministerio de Vivienda y Agenda Urbana que destinase la acción de la cartera a “garantizar el acceso a la vivienda”.
Es más, la formación morada consideraba la ley tan contraria a los postulados de izquierda que preveían que saliese adelante con el apoyo del PP. Desde ERC la posición era muy similar, lo que llevó a los independentistas a presentar una enmienda a la totalidad. Sumar, parte minoritaria del Consejo de Ministros, también se sumaba al grupo de los díscolos y trasladaba que esta modificación “hace lo contrario de lo que se necesita, que los constructores se salten a la torera los controles y dificulta a los vecinos denunciar”.
Muchos de los Grupos Parlamentarios contrarios a la modificación aseguraron que emulaba la ley que Mariano Rajoy intentó desarrollar en 2018, algo que el propio PP reivindicó y reivindica ahora. Sin embargo, ya por aquel entonces la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, negaba la mayor y tildaba la reforma de “necesidad urbanística”. Sin embargo, la dirigente del departamento asumió la derrota y guardó el texto en un cajón, del que sale este martes para volver a la Cámara Baja a primera hora de la tarde y sin ningún cambio, lo que le anticipa el mismo destino que antaño.