Leire Díez pide anular los audios del caso, pero el juez ordena reproducirlos antes de su interrogatorio

La exmilitante del PSOE, Leire Díez, ha solicitado al juez que dirige la causa en la que se la investiga por presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho que declare inválidos varios audios incorporados al procedimiento, como el que ha sido aportado por el fiscal Ignacio Stampa. Pese a ello, el magistrado ha optado por reproducirlos antes de que tanto ella como el empresario Javier Pérez Dolset comparezcan este lunes en calidad de imputados.

Díez sostiene en un escrito al juez Arturo Zamarriego que debe ordenar "la nulidad de la totalidad de las grabaciones y de cuanto de ellas se derive, expulsándose las mismas de las actuaciones", refiriéndose, por un lado, al audio aportado por Stampa —una reunión en la que se la escucha identificarse como "la persona del PSOE"— y, por otro, a la grabación realizada en el despacho del abogado Jacobo Teijelo, en la que supuestamente se ofrecieron favores al empresario investigado Alejandro Hamlyn a cambio de información sensible sobre mandos de la UCO y de la Fiscalía.

Además, la exmilitante asegura que dichas grabaciones vulneran derechos fundamentales como la intimidad, el honor o la propia imagen, además de la protección de datos y el secreto profesional, alegando que fueron obtenidas "subrepticiamente en un ámbito privado".

El juez tenía previsto reproducir el audio de Stampa antes de iniciar los interrogatorios, por lo que ha ordenado que los dos investigados entren en la sala para escucharlo junto con defensas y acusaciones, como previo a los interrogatorios.

Asimismo, Zamarriego considera que Díez actuaba como la pieza principal de un grupo que intentaba obtener información sobre responsables de la UCO y de la Fiscalía Anticorrupción. A su juicio, la exmilitante lideraba una "actuación delictiva, continuada y coordinada" con Pérez Dolset y el periodista Pere Rusiñol con el fin de obtener información comprometida o irregular destinada a "anular o malbaratar" investigaciones en "casos relevantes que afectan a políticos y empresarios", según recogió en un auto.

La investigación del Juzgado de Instrucción Número 9 de Madrid se inició tras varias denuncias presentadas contra Díez después de trascender los audios en los que se la oye ofrecer favores a Hamlyn a cambio de datos comprometidos. El juez también incorporó las denuncias de los fiscales Stampa y José Grinda, que alertaron de un supuesto intento de soborno, solicitando la Fiscalía que se unieran todas las denuncias para investigarlas conjuntamente, argumentando que "el patrón de actuación es exactamente el mismo".

El fiscal Juan Pablo Nieto subrayó en un recurso que resulta esencial "la singularidad de que estas presuntas ofertas de soborno tienen como fuerza principal, que les da credibilidad, la supuesta apariencia que ha conseguido crear la señora Leire Díez, de que ella habla en nombre de altas instancias del Estado".

En su opinión, es "evidente" que la conexión entre Díez, Pérez Dolset y Rusiñol busca "manipular pleitos heterogéneos" que afectan tanto a políticos como a empresarios, actuando juntos en un presunto plan "de denigrar a las dos instituciones mencionadas", en referencia a la UCO y Anticorrupción.

Las presuntas órdenes desde la Moncloa

Según el audio facilitado por Stampa, la principal investigada mantuvo una reunión con él el 7 de mayo junto a Pérez Dolset y el empresario Luis del Rivero, donde se presentó como "mano derecha" del entonces secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y como "la persona que ha puesto el PSOE".

Díez insistió en que el encuentro debía ser estrictamente confidencial y se presentó como la persona designada por el PSOE para esclarecer los hechos.

Pérez Dolset, por su parte, aseguró que, tras conocerse la imputación de Begoña Gómez, la instrucción desde arriba era “limpiar todo sin límites”, lo que incluiría apartar a policías o fiscales que actuaran de forma irregular y frenar la politización del sistema judicial. Tanto él como Díez trasladaron a Stampa que Pedro Sánchez, el ministro Félix Bolaños y el fiscal general Álvaro García Ortiz serían informados de lo tratado.

El periodista Pere Rusiñol negó ante el juez haber actuado como intermediario en un supuesto soborno dirigido a Grinda. Admitió haber llevado un documento al encuentro con el fiscal el 27 de febrero, pero aseguró que su intención era contrastar información periodística.

Los fiscales denunciantes ratificaron ante el juez sus acusaciones: Grinda afirmó que Rusiñol le comentó que Díez tenía influencia en el PSOE; Stampa declaró que la exmilitante le habló de que el presidente estaba preocupado por "las saunas" de su suegro y había dado la "orden" de "limpiar sin límites".

Por su lado, el comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba, investigado en el caso Koldo, sostuvo que Díez le dijo que habría una purga en el cuerpo y que él sería recompensado, ofreciéndole incluso un ascenso y cubrir su defensa jurídica.

El abogado Jacobo Teijelo, defensor de Cerdán en el caso Koldo y dueño del despacho donde tuvo lugar una de las reuniones, se acogió al secreto profesional y declinó responder a las preguntas del instructor.