La pasada noche, durante el programa de televisión laSexta Xplica presentado por José Yélamo, se llevó a debate el transcurso del proceso judicial que acusa al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por presunta revelación de secretos - a la espera de la celebración de la cuarta de las seis vistas orales previstas - en torno a la causa paralela del novio de Ayuso, Alberto González Amador, a quien la fiscalía reclama casi cuatro años de cárcel por presunto fraude fiscal.
En dicha emisión, el periodista de Tribunales de la Sexta, Alfonso Pérez Medina, cruzó argumentos con el periodista Chapu Apaolaza, vinculado a la derecha mediática y, en el centro del debate, el derecho al secreto profesional de los periodistas, recogido en la Constitución Española, el que Apaolaza le parece legítimo vulnerar. “Puedes mantenerlo o no, esa es la elección que cada uno puede hacer de la ética periodística”, defiende el comunicador.
En lo que a la ética periodística tradicional respecta, tal práctica supondría la exposición y desprotección de las fuentes y, por ende, una acción negligente en el ejercicio de la profesión, a lo que el ministro de Transportes, Óscar Puente, no ha querido pasar por alto, reprochando que “quien no tiene fuentes, porque directamente se inventa lo que escribe, nunca se plantea el dilema de si revelarlas o no. Y en esta situación está una buena parte de la profesión periodística. Decídselo a Txapu”, ha espetado Puente a través de su cuenta en la red social X - antes Twitter -.
La protección de las fuentes en el centro del juicio al fiscal general
El tema ha suscitado polémica a raíz de la declaración de un periodista implicado en la publicación del correo que inculpa a Ortiz por revelación de secretos, quien ha afirmado ante el juez que “es una persona que yo sé que es inocente porque yo sí sé quien es la fuente de la historia”, declaró el periodista haciendo referencia al fiscal general del Estado.
En este sentido, los que desean ver a Ortiz sentenciado como culpable, reclaman que dicho periodista debería acogerse a la Directiva Europea que supedita la revelación de las fuentes en caso de que un juez lo solicite, una medida recogida en el Artículo 4 del Reglamento Europeo de Libertad de Medios.
Pérez Medina, partidario del blindaje del secreto profesional de los periodistas, ha señalado que “no es solo un derecho, es una obligación”, a lo que Apaolaza contesta que “no está tan claro porque hay una Directiva Europea que dice que puedes mantenerlo o no, esa es la elección que cada uno puede hacer de la ética periodística”, argumenta.
Los periodistas, protagonistas en la vista oral del Supremo
Entre los veinte testigos que han comparecido esta semana en las tres primaras sesiones del juicio contra García Ortiz, se encuentran media docena de periodistas que informaron de las negociaciones entre la defensa de González Amador y Fiscalía, en las horas claves de la presunta infiltración, la que García Ortiz habría hecho la noche del 13 de marzo de 2024 a la Cadena Ser del ‘email’ de 2 de febrero de ese año donde el abogado del empresario, Carlos Neira, ofreció que su cliente confesara para llegar a un acuerdo y eludir la cárcel.
Todos se acogieron a su derecho constitucional a no revelar la fuente de la información, pero tres de ellos sí explicaron que tuvieron la información que albergaba ese ‘email’ antes de que el fiscal general lo recibiera a las 21:59 de ese 13 de marzo, cuando se lo reenvió la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, tras recabarlo a su vez, a las 21:54, del fiscal del caso contra González Amador, Julián Salto.
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