El Gobierno de España, liderado por Pedro Sánchez, ha remitido un requerimiento formal con el objetivo de que las comunidades autónomas garanticen el derecho al aborto después de que el Partido Popular y Vox emprendan su particular cruzada en Madrid, una batalla de la que el alcalde de la ciudad, José Luis Martínez-Almeida, terminaría retractándose.
El Jefe del Ejecutivo ha enviado una carta para solicitar que las Autonomías blinden en un plazo de tres meses este derecho adquirido por las mujeres a la Comunidad de Madrid, Aragón, Islas Baleares y Asturias, a la que ha tenido acceso ElPlural.com y que se puede leer de manera íntegra a continuación.
Carta de Pedro Sánchez a las Autonomías para blindar el aborto
Carta a los presidentes de las CCAA
Madrid, a 6 de octubre de 2025
Apreciado presidente:
Me dirijo a ti con la intención de ayudar a superar los obstáculos que, por desgracia, siguen encontrando muchas mujeres de nuestro país que deciden ejercer su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo.
En algunas comunidades autónomas, incluida la que presides, aún no se ha creado un Registro de Personas Objetoras de Conciencia, como establece, desde su reforma de 2023, la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo (art. 19 ter). Dicho registro es una herramienta indispensable para poder garantizar que exista un número suficiente de profesionales médicos que aseguren el acceso a este derecho en los hospitales públicos.
El 16 de diciembre de 2024, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud aprobó el protocolo específico para la creación del Registro de Personas Objetoras de Conciencia, para dar cumplimiento a lo dispuesto en la citada Ley Orgánica. Como sabes, el acuerdo de coordinación, aprobado por unanimidad, es de obligado cumplimiento para todas las Administraciones Públicas integrantes del Consejo.
Casi un año después, Aragón, el Principado de Asturias, Illes Balears y la Comunidad de Madrid siguen sin cumplir con la prescripción de una ley cuyo objetivo es garantizar la libertad y la autonomía de las mujeres para decidir sobre sus propias vidas, y que ha sido avalada por el Tribunal Constitucional en su sentencia 44/2023, de 9 de mayo. El respeto al derecho a la objeción de conciencia no debe ser, en ningún caso, un impedimento para el acceso efectivo de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo en el Sistema Nacional de Salud, sea cual sea su territorio.
Por todo lo anterior, te emplazo a que el Principado de Asturias adopte, con la mayor celeridad posible, las medidas necesarias para crear y regular el Registro de Personas Objetoras, conforme al mandato establecido en la Ley Orgánica 2/2010. En el caso de que, transcurridos tres meses desde la recepción de este requerimiento, no lo hubiera hecho, se activarán los mecanismos legales oportunos para exigir su cumplimiento.
El Gobierno de España seguirá empleando todos los medios a su alcance para asegurar que las mujeres que quieran ejercer libremente su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo puedan hacerlo en la sanidad pública y con todas las garantías.
Atentamente,
Pedro Sánchez
EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO
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