Las críticas a Óscar Puente y la gestión que el Ministerio de Transportes ha venido haciendo del sistema ferroviario durante estos años vienen siendo una constante durante los últimos días. El accidente de Urda ha elevado el tono de los mensajes que se han propagado contra el vallisoletano y las múltiples incidencias que se han ido registrando continuadamente en la red española de trenes. La tragedia vivida en la localidad toledana hacía colmar el vaso y, más allá de la confrontación política ya existente, hacía crecer todavía la indignación social que ya venía siendo notable desde principios de año debido a otro dramático suceso como fue el vivido en Adamuz.
El tono de las críticas venía siendo especialmente elevado estos últimos días tanto contra Óscar Puente como el Ejecutivo nacional de Pedro Sánchez. Finalmente, el martes, tras gestionar los primeros compases posteriores a la tragedia vivida en Urda y tras haber soportado el primer aluvión de denuncias que no se dirigían únicamente hacia su persona, el ya ex ministro de Transportes comunicaba ante la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados su decisión de dimitir como titular del Ministerio y de renunciar, también, a formar parte de las listas electorales con las que el PSOE concurre a los comicios del 29 de noviembre.
Sin embargo, esta decisión no hacía cesar los reproches que constantemente se le han estado haciendo en las redes sociales estos últimos días, siendo su dimisión usada también para cargar contra él. Un ejemplo de ello fue el que dejó en su perfil de X el vicesecretario de Hacienda del Partido Popular, Juan Bravo, quien aseguraba que "la dimisión de Puente es una confesión de culpabilidad de él, y sobre todo, de quién le nombró y le permitió seguir en su puesto. No es ningún acto de dignidad. Es una dimisión que llega 116 vidas tarde".
Unas palabras que, al igual que otros mensajes que han llegado estos días desde diferentes frentes, hallaban las respuestas de los miembros del PSOE. En esta ocasión, sobre Bravo ejercía la réplica el secretario general de las Juventudes Socialistas de Castilla y León. Diego Vallejo recogía el tweet del popular y optaba por recordarle las diferentes ocasiones en las que responsables públicos del PP han estado en gobiernos nacionales, autonómicos o locales cuando ocurrieron diferentes tragedias que consternaron al país y que, tal y como le recriminaba, no presentaron su dimisión.
"No dimitió Ana Pastor tras Angrois. No dimitió Trillo después del Yak-42. No dimitieron Camps y Barbera tras el accidente de MetroValencia. No dimitió Ana Botella después del MadridArena. Permitisteis que Mazón siguiese de presidente y diputado. Lecciones vuestras, ninguna", sentenció Vallejo en la red social X.
Las tragedias que el PP sigue sin saldar: de Angrois al accidente del Metro de Valencia
El accidente ferroviario de Angrois, en Santiago de Compostela, constituye uno de los episodios más graves de la historia reciente del transporte español. El 24 de julio de 2013, un tren Alvia que cubría el trayecto entre Madrid y Ferrol descarriló a la altura de la curva de A Grandeira, provocando la muerte de 80 personas y dejando numerosos heridos. El convoy circulaba a 179 kilómetros por hora en un tramo cuya velocidad máxima estaba limitada a 80. La investigación técnica señaló el exceso de velocidad y la falta de atención del maquinista, que mantenía una conversación telefónica con el interventor, como causas del siniestro. Sin embargo, también quedaron bajo el foco las condiciones de seguridad y señalización de la infraestructura. Ana Pastor, entonces ministra de Fomento en el Gobierno de Mariano Rajoy, permaneció en el cargo y no presentó su dimisión.
Una década antes, el 26 de mayo de 2003, otro accidente había conmocionado al país. El avión Yak-42 contratado para trasladar a militares españoles desde Afganistán se estrelló cerca de Trabzon (Turquía) cuando regresaba a España. Murieron sus 75 ocupantes, entre ellos 62 militares españoles y 13 miembros de la tripulación. La tragedia estuvo marcada también por las irregularidades posteriores en la identificación de los cadáveres, ya que las pruebas realizadas años después confirmaron que 30 de los cuerpos habían sido identificados erróneamente. Federico Trillo, ministro de Defensa durante el Gobierno de José María Aznar, tampoco dimitió. En 2017, el propio Ministerio de Defensa reconoció la responsabilidad patrimonial de la Administración, después de que el Consejo de Estado concluyera que existían circunstancias previas que permitían advertir del riesgo del transporte contratado.
En julio de 2006, Valencia vivió otra de las grandes tragedias que marcaron la gestión de un gobierno popular. El convoy UTA 3736 de la línea 1 de Metrovalencia descarriló en una curva próxima a la estación de Jesús mientras circulaba a 80 kilómetros por hora, el doble de la velocidad permitida. El vuelco de los vagones provocó 43 fallecidos y 47 heridos. El accidente abrió una larga batalla de las víctimas y sus familiares para esclarecer lo ocurrido y exigir responsabilidades. La investigación judicial llegó a archivarse en varias ocasiones, hasta que se reabrió y terminó con un acuerdo de conformidad por el que cuatro antiguos responsables de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana admitieron los hechos. Ni Francisco Camps, presidente de la Generalitat, ni Rita Barberá, alcaldesa de Valencia, abandonaron sus respectivos cargos por el siniestro.
La capital española también quedó marcada por el Madrid Arena. Durante la madrugada del 1 de noviembre de 2012, una avalancha humana en una fiesta de Halloween celebrada en este recinto municipal terminó con la vida de cinco jóvenes de entre 17 y 20 años. La investigación judicial acreditó que se habían vendido miles de entradas por encima del aforo autorizado, además de señalar el cierre de vomitorios y una deficiente gestión de los accesos y los movimientos de asistentes. Miguel Ángel Flores, promotor del evento, fue condenado a cuatro años de prisión. Ana Botella, entonces alcaldesa de Madrid, no dimitió, aunque sí lo hicieron varios responsables municipales.
A esta relación se suma la DANA del 29 de octubre de 2024, que dejó 233 víctimas mortales en la Comunitat Valenciana. Las inundaciones arrasaron municipios enteros y la gestión de la emergencia quedó bajo una intensa controversia por el retraso de las alertas a la población y la actuación del Gobierno autonómico. Carlos Mazón, quien no atendió a su teléfono y llegó horas tarde al CECOPI porque voluntariamente optó por no cortar su comida en El Ventorro, acabó dimitiendo como presidente de la Generalitat un año después, pero volvió a ser foco de polémica al tomar la decisión de conservar su acta de diputado en Les Corts, mientras la investigación judicial continúa abierta.
Añadir ElPlural.com como fuente preferida de Google.
Mantente informado con las últimas noticias de actualidad.