Desde que con el impulso del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, el Gobierno sacara adelante la ley de Seguridad Ciudadana, los sindicatos denunciaron el nuevo golpe a los servicios públicos en beneficio de negocios particulares. SUP, AUGC y CCOO se movilizaron contra las medidas alertando de que "es evidente, que los cambios de estas leyes, sólo van dirigidos a favorecer la proliferación de negocios de carácter privado, respaldado por leyes que permiten traspasar el bien tutelado por el Estado, a manos privadas, satisfaciendo así las exigencias de los importantes grupos de presión empresarial que hacen de la seguridad privada un pingüe beneficio, basado en la precariedad de los colectivos laborales que los integran".

Cuatro lotes
Algunos de los aspectos más polémicos del proyecto se cayeron finalmente en su configuración final, no así el relativo a la privatización de servicios relacionados con centros tan sensibles como las prisiones. Después de un período experimental en algunos centros, este 1 de octubre han empezado a desembarcar empresas particulares en las prisiones españoles. A cada empresa concesionaria se le han entregado las prisiones incluidas en una de las cuatro zonas geográficas en las que se ha dividido el país, por ejemplo a la multinacional Securitas Seguridad se le ha asignado la zona norte.

800 vigilantes privados mientras que no se reponen los funcionarios
En total han empezado a trabajar con el inicio de mes 800 vigilantes privados que van a cubrir más de 200 puestos en 67 centros penitenciarios, según apunta la cadena SER, destinados a vigilar la zona perimetral, es decir, en la zona de control de las cámaras y en los accesos". Fuentes del Ministerio del Interior dicen que la contratación de vigilantes privados no afecta a las labores de los funcionarios de prisiones, pero éstos denuncian que la llegada de las empresas particulares se está haciendo progresivamente a costa de los trabajadores públicos. Así, el sector de Instituciones Penitenciarias de CSIF ha denunciado que "mientras existe una oferta de empleo privado de 800 trabajadores anuales, la oferta de empleo público para Instituciones Penitenciaria en los últimos años ha sido de 84 empleados para la apertura entre 2009 y 2012 de 14 Centros de Inserción Social y cinco macrocentros". Para la central sindical, "la oferta de empleo público es insuficiente para un sector prioritario y para la calidad del servicio que presta este colectivo que pone en riesgo sus vidas por la cantidad de agresiones que padecemos".

Opacidad en el proceso: Acaip cifra "el pastel" en 40 millones
La denuncia más dura la ha hecho el sindicato Acaip (Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias) en un comunicado difundido por el diario Levante. Hablan de un "dispendio económico enorme y sin ningún sentido" y alertan de que solo el lote que incluye a las prisiones de la Comunitat Valenciana tiene un coste anual de unos 8.850.000 euros. "El importe global a nivel nacional de este pastel que se han repartido las empresas del ramo asciende a casi 40.500.000 de euros al año", afirman.

"De todos es conocida la vinculación de personas importantes dentro del partido que lo apoya con la mayoría de empresas de ese ramo, para ello no se dudó en modificar la Ley de Seguridad Ciudadana", denuncia el sindicato. Además, añade que el procedimiento "no se ha realizado mediante concurso público, sino mediante procedimiento negociado sin publicidad, para que las condiciones no se publicitaran en ningún sitio".