El escándalo de los abusos a menores en el colegio madrileño de Valdeluz Agustinos, un centro concertado, ha levantado otra polémica: si el Gobierno de la Comunidad de Madrid tenía que haber denunciado un caso similar del que tuvo conocimiento en 2007. El consejero de Presidencia y Justicia, Salvador Victoria, ha justificado este sábado que, según el Código Penal, la Consejería de Asuntos Sociales no puede denunciar de oficio el caso, sin embargo, fuentes de la Fiscalía General del Estado no opinan lo mismo.

El profesor detenido
Este viernes, el profesor de Música y Filosofía del colegio de Valdeluz Andrés Díez ingresó en prisión provisional por siete delitos de abusos sexuales. El director y el jefe de estudios del centro, que fueron detenidos también y puestos en libertad con la obligación de comparecer ante el juez porque pudieron conocer los abusos y no los denunciaron.

Una joven denunció en 2007 al centro
A raíz de este escándalo, ha salido a la luz el caso de una joven que en 2007 acudió al Centro Especializado de Intervención en Abuso Sexual Infantil (CIASI), de la Comunidad de Madrid, al que denunció un caso similar de abuso, en el mismo colegio y por el mismo profesor detenido ahora. El número dos del Gobierno madrileño, Salvador Victoria, que fue consejero de Asuntos Sociales entre 2011 y 2013, afirmó que "en este caso concreto, los padres y la víctima recibieron asesoramiento y se les orientó psicológicamente", pero añadió que "por el tipo de delito de que se trata, era decisión de los padres" denunciarlo ante la Justicia y que éstos optaron por no hacerlo.

El fiscal superior de Madrid dice que la Comunidad no pudo hacer nada
El debate está servido. ¿Debió el Gobierno madrileño informar de los abusos a las autoridades competentes? El Fiscal Superior de Madrid, Manuel Moix, que cita la SER, defiende que, según el Código Penal, los únicos que pueden denunciar en estos casos son las víctimas, sus padres, o sus representantes legales.

En la Fiscalía General creen que se debió investigar
Fuentes de la Físcalía General del Estado consultadas por el diario El País consideran que la Comunidad de Madrid podría haber informado al Ministerio Fiscal de los hechos para que se abriera una investigación que aclarara si más menores se encontraban en una situación similar a la joven que denunció a los Servicios Sociales madrileños.