Más de 200 juristas, entre los que se encuentran el ex magistrado de la AN Baltasar Garzón, varios diputados de Sumar como Jaume Asens y Enrique Santiago, el abogado del 'procés' Jaume Alonso-Cuevillas --que fue el defensor del ex president catalán Carles Puigdemont-- o la ex vocal del CGPJ Concepción Sáez, han suscrito un manifiesto "por la amnistía, la democracia y la convivencia".
También figuran Nicolás García Rivas, Antoni Llabrés Fuster, Javier Mira Benavent y Guillermo Portilla Contreras, autores de la propuesta de amnistía de Sumar; los constitucionalistas Javier Pérez Royo y Joaquín Urías; el senador de ERC Joan Queralt; el también dirigente de ERC Joan Ridaó; el ex vicepresidente del Gobierno balear Juan Pedro Yllanes Suárez (Podemos); o el ex alcalde socialista de Fuenlabrada Manuel de la Rocha Rubí, cuyo hijo es actualmente asesor en Moncloa.
En el documento, los firmantes muestran su respaldo a que "la mayoría parlamentaria pueda aprobar medidas como una ley de amnistía para contribuir a normalizar la situación política entre Cataluña y el Estado". Así, señalan que "las amnistías, según el Derecho Internacional vigente, tienen como finalidad fomentar la reconciliación social y contribuir al restablecimiento de las relaciones normales en la vida de un país".
Destacan que "el indulto, la renuncia a la acción penal, la amnistía u otras figuras jurídicas equivalentes se han utilizado en distintos lugares del mundo". "Igual que en España, con normalidad. En Francia, en Italia o en Suiza hay leyes de amnistía", han explicado, mencionando también el caso portugués. Consideran que "el único límite excluyente para la amnistía en nuestro derecho, como en cualquier país civilizado, son los crímenes internacionales: los delitos de genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra, etc".
Además, aseguran que "la Constitución no prohíbe la amnistía, que opera sobre las conductas, pero sí prohíbe los indultos generales, que operan sobre las condenas penales firmes". A este respecto, recuerdan que "la prohibición del indulto general no impidió que el 1 de diciembre de 2000, un solo Consejo de Ministros del presidente Aznar (PP), aprobara 1.443 indultos, sin alegar ningún motivo de interés general".
"Tampoco se opuso el PP al indulto del que se benefició el general Armada en el año 1988, condenado a 30 años de cárcel por ser el máximo responsable del intento del golpe de Estado de febrero de 1981 en el que fuerzas militares secuestraron a todo el Gobierno y a todo el Poder Legislativo", añaden. En la misma línea aluden a "la amnistía de delitos fiscales", que "ha sido utilizada profusamente en nuestra democracia por todos los gobiernos menos el actual, incluidos los del PP, siendo las más importantes las de los años 1984, 1991 y 2012".
En este contexto, piden "que cesen los intentos desestabilizadores y los ataques al normal funcionamiento de las instituciones constitucionales, permitiendo que sean, respectivamente, los procesos parlamentarios y de control constitucional por el Tribunal Constitucional quienes decidan sin presiones ni injerencias sobre la aprobación de leyes y el examen de su constitucionalidad, si correspondiera".
Al hilo, denuncian que "se está tratando de generar artificiosamente un problema jurídico por quienes vulneran la Constitución cada vez que interesa a sus objetivos políticos, incumpliendo el desarrollo de los derechos sociales, incumpliendo los derechos fundamentales de las personas, e instrumentalizando las instituciones de forma partidista, como ocurre con el bloqueo a la renovación del Consejo General del Poder Judicial desde hace 5 años". "Un CGPJ que, en lugar de asumir su realidad caducada y contraria a la norma, quebrantando su papel institucional, mientras incumple sus obligaciones y plazos para los preceptivos informes sobre proyectos normativos de forma sistemática, o es incapaz de regular la carga de trabajo de la judicatura, realiza posicionamientos políticos ajenos a su función sobre futuribles textos jurídicos y sobre la situación política como si de un partido se tratase", sentencian.
