En las últimas semanas, la derecha española ha adoptado una forma de confrontar con el Gobierno que pasa por cuestionar el sistema electoral español. El Partido Popular y Vox tomaron la delantera sembrando dudas sobre la regularización extraordinaria, por la que más de un millón de migrantes han solicitado normalizar su situación administrativa, y por la llamada ‘ley de nietos’, acusando al Ejecutivo de querer alterar los censos y fabricar nuevos votantes. Ahora es Junts la que abre esta vía, en medio de su ruptura con Moncloa, y lanza una serie de preguntas sobre ambos procesos.
Los de Carles Puigdemont van por la misma senda que emprendieron las derechas nacionales, y quieren saber cómo se va a articular el mapa electoral de los nuevos votantes en los próximos años. Ponen el foco en esos migrantes que han aprovechado el plazo abierto por el Gobierno, que finalizó el pasado 30 de junio, para conseguir su permiso de residencia y trabajo que, si bien no otorga derecho a voto en próximas elecciones, abre la posibilidad de obtener la nacionalidad cuando residan en España el tiempo suficiente.
Lo mismo ocurre con la ‘ley de nietos’, que es como se ha denominado a una disposición de la Ley de Memoria Democrática, aprobada por el Ejecutivo en 2022, que contempla el derecho a la nacionalidad a los descendientes de aquellos que la perdieron cuando huyeron a otros países de la represión durante la dictadura franquista. Los nacionalistas quieren saber cuántos de esos ‘nuevos españoles’, que sí tienen derecho a voto en determinadas circunstancias, se van a incorporar al censo electoral de Cataluña.
Junts siembra la duda con el CERA
Para conocer esos datos, Junts ha registrado una batería de preguntas en el Congreso de los Diputados que giran en torno a estas dos cuestiones, y que requieren al Gobierno que responda por escrito. Sobre esa última cuestión, la de la ‘ley de nietos’, la diputada Marta Madrenas pregunta si el Censo Electorales de Residentes Ausentes (CERA) -esto es, los españoles con derecho a voto que lo ejercen desde el extranjero- incorporará “automáticamente” el municipio que el interesado propone en su solicitud, o si es “objeto de una comprobación administrativa previa”.
Los independentistas quieren saber, en este último caso, qué órgano lleva a cabo esa comprobación, quién toma la decisión final de qué municipio asignar, y qué “instrucciones, circulares, protocolos, criterios internos o cualquier otro documento que regule la comprobación de la propuesta de municipio formulada por la persona interesada” existen, en cuyo caso requieren una copia. En general, piden también más datos sobre el número de solicitudes y el país de residencia de quienes las registran.
Sobre la regularización Junts pregunta al Ministerio del Interior cuántas solicitudes hay, cuántas se han admitido, rechazado, y cuántas siguen pendientes; además de qué nacionalidades provienen las peticiones y cuántas hay de cada una. Piden los datos concretos sobre Cataluña y cada una de las cuatro provincias que la forman, pero también del conjunto del Estado español.
Las normas que despejan las dudas sobre el censo electoral
Cabe aclarar que los nacionalizados por la ‘ley de nietos’ pueden votar, pero solo en las elecciones generales, autonómicas y europeas, y solo si, después de que su solicitud sea aceptada, se inscriben después en el CERA. Es decir, que el aumento de votantes a raíz de esta norma –desde 2022, el Gobierno ha concedido la nacionalidad a medio millón de personas, según los datos del Ministerio de Memoria Democrática- depende de cuántos sigan este proceso y de cuántos, finalmente, ejerzan su derecho a voto. En el caso de los regularizados, no podrán votar hasta pasados cinco años, y solo en las municipales dependiendo, además, de su país de origen.
PP y Vox han criticado duramente estos procesos en los últimos meses. En el caso de la regularización, la ofensiva concuerda con su agenda en contra de la migración -a pesar de que los que la solicitan tienen que llevar cinco meses en España y haber trabajado seis-, pero sobre la ‘ley de nietos’ resulta difícil entender las críticas a un proceso que, cuando se aprobó la norma que lo contiene en 2022, no criticaron en ningún momento.
Aun así, Alberto Núñez Feijóo dio un volantazo a los veinte años en los que había defendido el derecho a los descendientes de exiliados a nacionalizarse, y enmarcó el proceso del Gobierno en “una ingeniería electoral”. El líder del PP siguió la estela de Vox y habló de “fabricar nuevos votantes”, algo que luego precisó su baronesa más ultra, Isabel Díaz Ayuso, que dijo que se estaba intentando “nacionalizar socialistas”.
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