Junts continúa jugando sus cartas. Carles Puigdemont se tiró el órdago a la grande, pero Moncloa no se lo quiso. Parecía que no había margen para otro envite, pero los neoconvergentes se lo acaban de sacar de la manga en el Congreso. Retan de nuevo al Gobierno de la mano del Partido Popular con una enmienda para suspender el impuesto sobre el valor de la producción eléctrica. De nuevo, cruzan caminos en cuestiones económicas, como ya hicieron con la senda de estabilidad, pero esta vez, el marco es algo más complejo, sobre todo después de que el líder de los independentistas diera por “roto” el acuerdo y advirtiera de que Pedro Sánchez "ya no es de fiar", por lo que le urge a someterse a una cuestión de confianza de la Cámara.

Por si el mensaje del lunes no fuera lo suficientemente claro, Puigdemont ha querido reforzarlo con la suspensión del impuesto de la producción eléctrica y para aplicar nuevos incentivos a la industria de le cogeneración energética. Junts recuerda así al Gobierno que cada carpeta tiene su momento y su  apoyo -o no- se irá cimentando votación a votación. Escenario que al Partido Popular quiere aprovechar para seducir tanto a los neoconvergentes como al Partido Nacionalista Vasco (PNV), a base de exprimir el cúmulo de procesos judiciales del Gobierno. No obstante, al menos los jeltzales, pusieron los puntos sobre las íes y advirtieron de que el caso Koldo no afectaría directamente sobre las negociaciones abiertas con el Gobierno.

Ha ocurrido el seno de la Comisión de Transición Ecológica, cuya ponencia se reunía en la tarde del lunes para debatir el Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 1/2005, de 9 e marzo, que regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. PP y Junts tejieron el acuerdo aquí, cuando el Grupo Parlamentario Popular incorporó al informe de la ponencia la suspensión del impuesto sobre el valor de la producción eléctrica. Un gravamen fijado en el 7% que con la maniobra de las fuerzas de la derecha caerá hasta el 0%. Ambos justifican su postura con arreglo al “ahorro” no sólo para familias, sino también para empresas y pymes. “Es un éxito doble”, resumen fuentes conservadoras.

La suspensión del gravamen ha sido posible gracias a una enmienda transaccional del PP y de Junts, que delimita su aplicación a cuando no exista déficit de tarifa. “Se trata de un éxito parlamentario impulsado por el Grupo Popular, cuya entrada en vigor permitirá bajar el precio de la factura eléctrica a septiembre del año 2018”, remataban desde la bancada conservadora, respaldando una iniciativa que ha contado con el respaldo tanto de Vox, como de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) como PNV y a pesar de “los intentos del PSOE y Sumar de forzar la suspensión de la reunión de la Ponencia”.

El impuesto da cobertura a todo tipo de generación eléctrica y la cuantía que pagan los consumidores. Una medida cuyo origen pasaba por revertir el déficit de tarifa del sistema eléctrico español, que en 2013 sumó 30.000 millones. Se suspendió en 2021, con motivo del auge de precios por la guerra en Ucrania y el Covid-19, hasta que Moncloa decidió recuperarlo de forma progresiva.

¿Moción de censura?

En cualquier caso, la jugada se enmarca en el enésimo episodio de guerra de guerrillas entre Junts y el PSOE. Los neoconvergentes, tal y como verbalizó su líder este pasado lunes, dan por “rota” la relación con los socialistas y, por ello, urgen al presidente del Gobierno a someterse a una cuestión de confianza. Entre tanto, Moncloa se niega a accionar dicha palanca constitucional, pues sólo el Gobierno -en este caso el presidente- tiene la potestad para hacerlo. Ello no implica que el asunto se pierda entre la liquidez del tiempo, pues en febrero podría volver a tomar forma.

Mientras tanto, fuera del cuadrilátero observa un Partido Popular que añora devolver al redil a Junts y a PNV. Sobre todo para que las calculadoras de una posible moción de censura contra Sánchez arrojasen las cifras que, de momento, no tiene Alberto Núñez Feijóo. Por eso, al menos por ahora y en un horizonte próximo, los populares no contemplan una moción de censura porque “los números -parlamentarios- no salen”, considerando así que “a los que tendrían que apoyarla les sale mucho más rentable la debilidad de un Gobierno al que pueden exprimir”, en alusión a la cuestión de confianza anunciada por Carles Puigdemont, como líder de Junts.

Cabe recordar que fue a finales de noviembre cuando Feijóo, en el marco de la declaración judicial del empresario Víctor de Aldama ante el Supremo, tendió la mano a los socios parlamentarios del Ejecutivo central para explorar una moción de censura a Sánchez. “No tengo los socios para cambiar el Gobierno, pero si alguno de ellos quiere acabar con todo esto, estoy a disposición de abrir una nueva etapa en nuestro país”, declaró entonces en una comparecencia en el Congreso.

Así, y volviendo a las palabras esgrimidas por Gamarra este martes en una entrevista en ‘La mirada crítica’, ha añadido en este sentido que, a ojos del PP, a Sánchez le quedan “dos caminos”: “Seguir asumiendo cesiones a los independentistas o convocar elecciones. (…) Es evidente que no es de fiar”, ha añadido