El pasado viernes 11 de abril, la Sala de Apelación accedió a la petición del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y de la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, en la causa que se investiga en el Tribunal Supremo contra ambos por la presunta revelación de secretos para que se cite a declarar como testigo al denunciante, la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Alberto González Amador. Finalmente, se ha acordado que González Amador declare el próximo 23 de mayo.
Previamente, el magistrado que instruye este caso, Ángel Hurtado, había ya denegado hasta en dos ocasiones las peticiones formuladas por la defensa para que González Amador fuese citado como testigo en la investigación que estaba prevista para finales de el mes de enero. Según argumentó Hurtado, la posición del querellante venía prefijada en la denuncia y su toma de declaración suponía a su juicio “una dilación para la declaración de los investigados”, a parte de entender que podría resultar perjudicial para el acusado.
Después, la Sala de Apelación se volvía más piadosa y decidía aceptar esta petición, señalando que no apreciaba motivos por los que denegar la declaración testifical de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. "Siendo la propia defensa quien solicita la declaración del querellante, no vemos motivo para su denegación, pues será el afectado por la presunta divulgación quien ofrecerá los contornos de su actuación. Tan a disposición de la instrucción se encuentra el querellado como el querellante, por lo que accederemos a su toma de declaración, en los términos expuestos, es decir, para averiguar todos los contornos de la supuesta difusión de datos", argumentaba el auto. De esta manera, se revocaba parcialmente el criterio del juez Ángel Hurtado, quien ha tenido que acceder a tomar la declaración de González Amador.
Este movimiento del fiscal general del Estado ha sido una jugada maestra en su estrategia judicial. En la causa que investiga los presuntos delitos de corrupción en los negocios de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, al tener que declarar en condición de imputado, González Amador está en su derecho de abstenerse a prestar declaración. Sin embargo, con la aprobación de esta petición para que declare como testigo en la causa de Álvaro García Ortiz, González Amador se verá obligado a decir la verdad por personarse en calidad de testigo.
A su vez, el Supremo dio luz verde a la declaración de los peritos autores del informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. De igual manera, esta diligencia, anteriormente denegada por el instructor que dirige el caso bajo el argumento de que una ratificación no aportaría información relevante al informe ya incorporado en la causa, ha sido ahora aceptada por la Sala de Apelación. Los magistrados de esta corte han comprendido que es pertinente permitir a las partes realizar preguntas y obtener aclaraciones sobre el informe pericial en la actual fase de la instrucción.
La corte niega dos peticiones de la Fiscalía
Sin embargo, otras dos peticiones formuladas por la Fiscalía han sido rechazadas. Por un lado, no se citará a declara como testigos a varios periodistas, ya que se considera que estos actuaban bajo el ejercicio de su labor informativa y se protegen al amparo del derecho a no revelar sus fuentes. La corte ha señalado que cualquier información que puedan revelar a se encuentra detallada en sus publicaciones, las cuales se podrían incluir a la causa como fuente documental.
En paralelo, el Alto Tribunal ha denegado también la solicitud que pedía intervenir el teléfono del jefe de gabinete de Diaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez. Como el jefe de gabinete figura en la causa como testigo -estando obligado a decir la verdad-, los magistrados no consideran necesaria la intervención de su móvil. Explican que, de hacer esto, se requeriría una “razón especial” o un “motivo forzado” para justificar la sospecha de que quebrantó la confidencialidad de los investigados.