La investigación judicial del accidente ferroviario de Urda (Toledo), que se ha saldado con al menos 68 fallecidos, ha comenzado con la adopción de varias medidas destinadas a preservar las pruebas y esclarecer las circunstancias del siniestro. La jueza encargada del caso ha decretado el secreto de sumario, ha restringido el acceso a la zona afectada y ha ordenado la incautación de las cajas negras de los trenes implicados para su posterior análisis, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCLM).
La titular de la plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Orgaz ha establecido la prohibición de acceder a un perímetro de dos kilómetros de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, en ambos sentidos, para cualquier persona ajena a los trabajos de emergencia y a las diligencias judiciales. Únicamente podrán permanecer en el lugar las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los equipos de salvamento y sanitarios y el personal judicial autorizado.
La resolución también impide retirar cualquier elemento de la zona del accidente, así como tomar y difundir imágenes del lugar. Estas restricciones buscan evitar que se alteren posibles evidencias que puedan resultar determinantes para reconstruir lo ocurrido y determinar las causas del choque entre los dos trenes.
Las cajas negras y el centro de control, bajo investigación
Entre las primeras diligencias acordadas por la magistrada figura la incautación y custodia, por parte de la Policía Judicial de Toledo, de las cajas negras de los convoyes siniestrados que sean localizadas. Su análisis permitirá examinar los datos registrados durante la circulación y aportar información relevante para reconstruir los minutos anteriores al accidente.
La jueza también ha ordenado a la Policía Judicial que se persone en el centro de control ferroviario de Atocha para recabar información sobre la circulación de los trenes en el área del siniestro. Además, ha solicitado un informe de la comisión de investigación de Adif que identifique a las personas responsables del control de mando cuando se produjo el accidente.
En otra diligencia, la Policía Judicial de Toledo deberá recopilar documentación de Adif sobre los protocolos de actuación aplicables durante los minutos previos al choque, en el momento del siniestro y después de este. Estas actuaciones permitirán examinar los procedimientos seguidos y contrastarlos con los datos que aporten los registros técnicos y los testimonios que se incorporen a la investigación.
Refuerzo judicial y atención a los familiares
El juzgado de Orgaz, que ha asumido las diligencias, contará con refuerzos de personal para agilizar la investigación. El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha autorizado la incorporación de otros cuatro jueces: la titular del juzgado número uno de Orgaz y tres magistrados de los tribunales de instancia de Toledo y Alcázar de San Juan. Uno de estos últimos está especializado en la coordinación de catástrofes.
Asimismo, se ha habilitado un centro de atención a víctimas, familiares y profesionales. Las personas afectadas pueden contactar a través del teléfono 925 317 020 y del correo electrónico atencionvictimas.trenorgaz@justicia.es.
Por su parte, la GuardGuardia Civil ha pedido a los familiares de primer grado de personas desaparecidas que presenten cuanto antes las denuncias en los centros habilitados en las cuatro comandancias. Según ha explicado el portavoz del instituto armado en la zona, Ramón Cuevas, durante el procedimiento se recogerán muestras de ADN para facilitar la identificación de las víctimas.
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