La izquierda mueve ficha para forzar al Gobierno a blindar la Memoria Democrática en la enseñanza

La enseñanza de la Memoria Democrática vuelve al centro del debate político y educativo en un momento marcado por el avance de discursos negacionistas y el retroceso en políticas de derechos humanos impulsado desde algunos gobiernos autonómicos. Mientras el sistema educativo sigue arrastrando importantes lagunas en el abordaje de la dictadura franquista - un periodo que apenas se toca de forma superficial en muchos temarios de Historia -, Izquierda Unida ha decidido dar un paso al frente para exigir que el pasado reciente de España se enseñe de manera rigurosa, crítica y acorde a la legalidad vigente.

El coordinador de Izquierda Unida Andalucía y diputado de Sumar en el Congreso, Toni Valero, ha registrado una Proposición no de Ley (PNL) en la Cámara Baja con el objetivo de garantizar la aplicación efectiva de la Memoria Democrática en el sistema educativo. La iniciativa, que se debatirá en la Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes, busca cerrar la brecha existente entre lo que establece la ley y lo que realmente se enseña en las aulas de Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional.

La memoria democrática como derecho educativo

Valero considera imprescindible esta propuesta ante “el avance de discursos revisionistas y negacionistas” y frente a los “retrocesos impulsados por gobiernos autonómicos del Partido Popular”, que, a su juicio, están erosionando los consensos democráticos básicos. Como portavoz de Sumar en la Comisión de Educación, el diputado ha defendido que la Memoria Democrática “no es una opción ideológica, sino un derecho de las nuevas generaciones y una obligación de los poderes públicos”. En este sentido, ha advertido de que no se puede educar en valores democráticos “desde el silencio, la equidistancia o la negación de nuestro pasado reciente”.

La iniciativa recuerda que la Ley 20/2022 de Memoria Democrática establece de forma explícita la obligación de incluir el conocimiento de la historia democrática en los currículos educativos. Sin embargo, diversos estudios académicos alertan de que esta exigencia legal dista mucho de cumplirse. En la práctica, contenidos clave como la represión franquista, la lucha antifranquista, las movilizaciones obreras y sociales, o el papel de las mujeres durante la dictadura y la Transición siguen siendo marginales o directamente inexistentes en muchos centros.

El franquismo, pese a tratarse de una dictadura de casi cuarenta años, continúa apareciendo de forma tangencial en los programas de Historia, a menudo reducido a unas pocas líneas al final del temario, cuando no diluido en enfoques que evitan nombrar la violencia del régimen o recurren a equidistancias que desdibujan responsabilidades. Para Valero, esta ausencia no es casual, sino el resultado de una falta de voluntad política que tiene consecuencias directas en la formación cívica del alumnado.

Las “leyes de la concordia” y la amnesia institucional

El diputado de Sumar también ha alertado de que en comunidades como Andalucía o Aragón, gobernadas por el Partido Popular, se están promoviendo las denominadas “leyes de la concordia”. Estas iniciativas han sido cuestionadas incluso por Naciones Unidas por vulnerar el derecho a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas del franquismo. “Estas políticas no buscan concordia, buscan amnesia”, ha denunciado Valero, subrayando que la derogación o el incumplimiento de las leyes de memoria supone un grave retroceso democrático.

Frente a este escenario, la PNL insta al Gobierno a adoptar medidas concretas y homogéneas para garantizar la Memoria Democrática en todas las escuelas del país. Entre ellas, plantea la creación de un plan estatal de formación permanente del profesorado, la elaboración de materiales didácticos oficiales sobre la Guerra Civil, la dictadura franquista, la Transición democrática y también sobre el proceso de colonización de África y América. Asimismo, propone incluir contenidos mínimos de Memoria Democrática en la Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU), evitando que su enseñanza quede relegada o dependa del territorio.

La iniciativa pone además el foco en una asignatura pendiente del sistema educativo: el pasado colonial de España, un aspecto habitualmente invisibilizado en los currículos escolares, pero clave para entender las relaciones políticas, sociales y culturales actuales. “No se puede explicar la historia contemporánea de España sin analizar críticamente la colonización y sus consecuencias”, ha subrayado Valero, insistiendo en que la memoria no es solo una mirada al pasado, sino una herramienta imprescindible para comprender el presente.

Para el dirigente de IU Andalucía, la escuela se ha convertido en un objetivo prioritario para quienes difunden discursos de odio y cuestionan la verdad histórica. Por ello, ha defendido que garantizar la Memoria Democrática en las aulas es “garantizar una ciudadanía crítica, libre y comprometida con los derechos humanos y la no repetición”. En última instancia, ha advertido de que el cumplimiento de estas políticas no puede depender de la voluntad política de cada gobierno autonómico, sino que responde a compromisos internacionales asumidos por el Estado español en materia de derechos humanos.