Isabel Rodríguez confía en que la Justicia mantenga las prórrogas de alquileres ya solicitadas si las tumba el Congreso

El Gobierno aprueba este martes, vía Consejo de Ministros, el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, pero este no es el único abordaje en materia habitacional que se la juega en los próximos días. El 28 de abril, el Congreso de los Diputados deberá decidir si convalida o no la prórroga de alquileres. Muchos inquilinos ya han solicitado el alargamiento de sus contratos hasta 2027, con revalorizaciones anuales topadas al 2%, aprovechando la vigencia del Real Decreto, que de ser tumbado detonará una pugna legal entre arrendatarios y arrendadores.  

La prórroga beneficia a un millón de contratos y casi tres millones de personas, a quienes se ha instado desde el Ejecutivo central a solicitarla aprovechando estas semanas. Sin embargo, no parece que Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, vaya a ser capaz, como miembro de la parte minoritaria del Gobierno y negociador de esta materia, de convencer de votar a favor a Junts per Catalunya, que ha anunciado la ruptura con Sumar, tras calificarles Yolanda Díaz de “clasistas” y “racistas”.

Si no se consigue una mayoría favorable, el decreto morirá y se quedarán en un limbo las miles de prórrogas ya solicitadas. Desde el movimiento de la vivienda, despachos de abogados, agrupaciones de juristas y otros ámbitos de la sociedad civil se garantiza que estás no podrían cancelarse; sin embargo, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguiez, no lo tiene tan claro. “El decreto, de momento, está en vigor y, por lo tanto, es ley”, ha recordado en una entrevista concedida a la Cadena Ser, aunque lamenta que habrá que esperar a que se pronuncie la Justicia.

El Ministerio de Vivienda llama a los inquilinos a que pidan la prórroga antes de saber si decaerá y para ello ha puesto recursos ministeriales. Si bien no pueden garantizar que estos alargamientos contractuales no vayan a decaer.  "Si el decreto decayera se produciría una anomalía, pero esperaría de los tribunales que se posicionaran siempre del lado de la prevalencia del derecho a la vivienda y a su función social frente a cualquier otro interés”, ha llamado Rodríguez, esperando que los jueces den el visto bueno a las prórrogas solicitadas.

Negociaciones con Junts

“Existen muchas dificultades, los grupos políticos así lo han manifestado, pero no nos vamos a cansar de pedirles el apoyo porque no es algo extraordinario. Este tipo de prórrogas las hemos activado en otras ocasiones en este país, en este caso es por las consecuencias derivadas de la guerra de Irán”, ha reconocido Rodríguez los problemas para sacar adelante el Real Decreto, a la par que ha reconocido que es Bustinduy quien se está encargando de negociarlo y quien lo defenderá en el Congreso. “Cuenta con todo nuestro apoyo y corresponsabilidad”, ha aseverado.

Las palabras de Díaz han dificultado las relaciones con los de Carles Puigdemont, necesarias si el Gobierno quiere sacar cualquier medida adelante, dándose por descontando que Partido Popular (PP) y Vox votarán sistemáticamente en contra de cualquier propuesta, independientemente de su contenido. “Hay que recomponer”, ha defendido Rodríguez, reconociendo que “necesita a Junts para sacar adelante el cambio en la ley de contratos de temporada o para avanzar en la estabilidad del mercado del alquiler”. “Espero poder seguir contando con Junts para ello”, ha espetado.

Las relaciones con los neoconvergentes parecen romperse cada vez más, aunque en esta ocasión podría afectar exclusivamente a lo que tiene que ver con Sumar. “La gente que nos vota merece más respeto por parte de alguien que comparte un espacio político que prefirió pactar con el PP para echarnos de la alcaldía de Barcelona”, reaccionaba Puigdemont a las palabras de Díaz, anticipando su posición futra. “En todo caso, buen viento. La próxima vez, que pida al PP los votos para ser vicepresidenta y quizá viva mejor”, zanjaba el independentista.