La inmigración ha dejado de ser un asunto periférico de la conversación política española para convertirse en uno de sus principales territorios de disputa. No existe, sin embargo, una opinión pública monolítica ni uniforme. 

El país aparece dividido entre percepciones contrapuestas que, más que diferir en el grado de preocupación, parecen partir en ocasiones de diagnósticos incompatibles sobre el mismo fenómeno.

El 40,5% de los españoles considera que la inmigración genera más problemas que beneficios, según una encuesta de Cluster17 para Agenda Pública. En el extremo contrario, el 29,7% entiende que sus aportaciones positivas superan a sus costes, mientras que un 27,9% opta por una posición intermedia y considera que ambas dimensiones se compensan. 

El dato adquiere una relevancia particular por el momento en que fue recogido. El trabajo de campo se realizó entre el 22 y el 25 de agosto, en plena crisis de Ceuta, cuando la inmigración irregular, el control fronterizo y la relación con Marruecos habían adquirido una extraordinaria centralidad en el debate político. 

Lo que muestran los datos es que existe una pluralidad relativa de percepciones negativas, pero también que casi seis de cada diez encuestados se sitúan entre quienes observan un balance favorable o equilibrado.

La distribución —40,5% frente a 29,7% y 27,9%— dibuja una sociedad sin consenso nítido. La inmigración no provoca una respuesta unívoca, sino una evaluación condicionada por la posición política, la edad, el nivel económico y la situación socioprofesional.

Vox y Sumar, en dos extremos casi incompatibles

La fractura política es, con diferencia, la más pronunciada.

Entre quienes votaron a Vox en las elecciones generales de 2023, el 92,7% considera que la inmigración produce más problemas que beneficios. En el electorado del Partido Popular, esa percepción alcanza el 65,3%, mientras únicamente el 6,3% considera que predominan los beneficios. 

El panorama se invierte en la izquierda. Entre quienes apoyaron a Sumar —la candidatura que concurrió junto a Podemos en las elecciones del 23 de julio de 2023—, el 65% considera que la inmigración aporta más beneficios que problemas. Solo el 2,9% mantiene la valoración contraria. En el PSOE, la mitad de los encuestados destaca los beneficios, el 37,4% percibe un equilibrio y el 10,9% considera que predominan los problemas. 

La distancia entre Vox y Sumar alcanza así 89,8 puntos porcentuales en la valoración negativa. Es una magnitud que excede la clásica divergencia entre electorados sobre la intensidad de un problema. Lo que aparece es una diferencia de naturaleza más profunda: dos comunidades electorales que, ante la misma realidad social, parecen otorgarle significados casi inversos.

En Vox predomina la lectura de riesgo; en Sumar, la de aportación. Entre ambos se sitúa un PSOE que, aunque comparte con la izquierda una valoración más favorable, presenta una percepción considerablemente más matizada.

Junts introduce una tercera lectura

El electorado de Junts rompe parcialmente el eje izquierda-derecha convencional en esta cuestión.

El 56,3% de sus votantes considera que la inmigración genera más problemas que beneficios; el 14,6% aprecia un saldo positivo y el 29,1% considera que ambas dimensiones se compensan.

El dato resulta relevante porque muestra que las posiciones sobre inmigración no se distribuyen exclusivamente conforme a la tradicional dicotomía ideológica española. Existen también factores territoriales, económicos, culturales y de percepción de los servicios públicos que pueden modificar la respuesta.

La inmigración se comporta, por tanto, como un asunto transversal en sus consecuencias y extraordinariamente partidista en su interpretación.

La paradoja generacional

La edad introduce una de las conclusiones menos intuitivas del sondeo.

Las posiciones más críticas no aparecen entre los españoles de mayor edad, sino entre los adultos jóvenes. El 57% de los ciudadanos de entre 25 y 34 años cree que la inmigración genera más problemas que beneficios. Solo el 18,8% observa un balance favorable.

Entre quienes tienen de 18 a 24 años también prevalece la percepción negativa, aunque con menor intensidad: el 44,5% identifica más problemas, el 25,1% más beneficios y el 30,4% considera equilibrados ambos efectos.

La relación cambia conforme avanza la edad. Entre los españoles de 65 a 74 años, el 42,5% percibe más beneficios que problemas, frente al 35% que sostiene la posición contraria. Es la única franja en la que el diagnóstico favorable supera claramente al negativo.

El patrón desmonta, al menos parcialmente, una interpretación frecuente: que el rechazo a la inmigración sería fundamentalmente una característica de las generaciones mayores. En este sondeo, ocurre algo diferente. Los adultos jóvenes presentan una de las visiones más críticas, mientras que los mayores de 65 años muestran un comportamiento relativamente más favorable. 

La renta también dibuja fronteras

El bolsillo constituye otro eje de diferenciación. Entre quienes declaran ingresos inferiores a 1.000 euros mensuales, el 46,1% considera que la inmigración genera más problemas que beneficios y apenas el 17,8% percibe un balance positivo.

En el intervalo de 2.000 a 3.000 euros, la distancia se reduce: el 36,7% mantiene una percepción negativa y el 31,9% una favorable. Asimismo, casi la mitad de los obreros, el 49,3%, presenta una valoración negativa. Entre los jubilados, el porcentaje desciende al 34,9%.

El dato adquiere una dimensión particular cuando se observa el mercado laboral español y la creciente incorporación de trabajadores de origen extranjero.

El mercado laboral, un segundo campo de batalla

Un análisis atribuido a la Universidad de las Hespérides reposteado por el Doctor en Economía Santiago Calvo sostiene que 1,99 millones de los 3,25 millones de nuevos ocupados creados en España desde 2021 corresponden a trabajadores extranjeros o nacionalizados, aproximadamente seis de cada diez empleos generados en ese periodo.

El dato introduce una perspectiva distinta a la exclusivamente demográfica o fronteriza: la inmigración forma parte ya de la estructura productiva española. La distribución sectorial, según ese análisis, tampoco es homogénea. Los trabajadores españoles habrían concentrado buena parte de su evolución en profesiones científicas e intelectuales, mientras habrían perdido efectivos en ocupaciones elementales, agrícolas y determinados empleos cualificados de manufactura y construcción.

Entre los trabajadores extranjeros, por el contrario, aproximadamente la mitad del incremento se habría concentrado en los dos grupos de ocupaciones peor remuneradas.

Una brecha de género menos pronunciada

El sexo de los encuestados produce diferencias sensiblemente menores. Hombres y mujeres presentan prácticamente la misma valoración favorable: 29,5% entre ellos y 29,9% entre ellas. La distancia aparece en el extremo negativo: el 45,4% de los hombres considera que predominan los problemas, frente al 35,8% de las mujeres.

Ellas recurren con mayor frecuencia a la opción equilibrada. La diferencia existe, pero resulta muy inferior a la observada entre electorados. Esto refuerza una conclusión: en la España actual, la identificación política constituye un predictor mucho más potente de la valoración de la inmigración que el sexo.

Ceuta convirtió en estructural en una emergencia política

El sondeo refleja el estado de opinión durante un episodio de extraordinaria exposición mediática del fenómeno migratorio. No puede interpretarse automáticamente como una medición atemporal de las actitudes españolas. La opinión pública también responde a los acontecimientos. Las crisis modifican el foco, amplifican determinadas percepciones y pueden alterar temporalmente las prioridades ciudadanas.

Vox y Sumar están separados por casi 90 puntos en la valoración negativa. Los jóvenes de 25 a 34 años presentan una percepción más crítica que los mayores. Las rentas bajas muestran un mayor pesimismo. Los obreros se sitúan entre los grupos más críticos. Los hombres son algo más negativos que las mujeres. La inmigración se ha convertido, en definitiva, en un espejo donde España proyecta sus propias tensiones: las económicas, las generacionales, las territoriales y, sobre todo, las políticas.

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