El Ministerio de Igualdad y el de Seguridad Social han llegado a un acuerdo para que las bajas por reglas incapacitantes sean pagadas al 100% desde el primer día. Aunque la medida aún se está debatiendo en el seno del Gobierno, y ha supuesto un punto de discusión y confrontación, se habría llegado a un acuerdo.

La baja se establecerá como una incapacidad temporal especial de contingencias comunes, lo que significa que la tiene que prescribir un médico, como cualquier otra incapacidad temporal. La ley no establecerá un número de días máximos, aunque en la propuesta inicial de la cartera liderada por Irene Montero se hablaba de tres días, ampliable a cinco. Finalmente, se ha acordado que se ajustará a lo que la mujer necesite y lo que indique el médico.

Igualdad e Inclusión, Seguridad Social y Migraciones están manteniendo contactos para que la nueva ley del aborto se apruebe en el Consejo de Ministros del próximo martes. Este reciente acuerdo se produce pocas horas después de que varios ministros del ala socialista del Gobierno enfriaran la posibilidad de que este tipo de bajas se incluyeran en la norma. Nadia Calviño aseguraba que el Gobierno no aceptaría ninguna medida que “estigmatice a las mujeres”, mientras que José Luis Escrivá adelantaba que la medida aún estaba en “discusión”. En la discusión también entraba Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, que respondía a Calviño asegurando que lo que “estigmatiza” a la mujer no es aprobar una baja laboral por reglas dolorosas, sino “tener la sensibilidad suficiente” para comprender que mujeres y hombres son “diferentes”.

Estas bajas específicas se configuran como un tipo de incapacidad temporal que, al igual que cualquier otra baja, debe ser otorgada y estar bajo supervisión médica. Además, serán financiadas desde el primer día por la Seguridad Social y no requerirán periodo mínimo de cotización, a diferencia de las enfermedades comunes, que exigen un periodo mínimo de 180 días en los 5 años previos.

Otras medidas en la reforma de la ley del aborto

El texto contempla también otras medidas en pos de la salud menstrual. Además de la eliminación del IVA para los productos de higiene femenina, se establece que los institutos deben garantizar productos para la menstruación cuando sea necesario, así como anticonceptivos en campañas de educación sexual.

En este sentido, el Gobierno de coalición asegura también que las mujeres en riesgo de exclusión o que se encuentren en prisión tengan acceso de forma gratuita a estos bienes de primera necesidad. También contempla de la misma manera la baja temporal para la interrupción voluntaria del embarazo y, volviendo a la financiación pública, esta acogerá los anticonceptivos hormonales y la píldora del día después.

Finalmente, la ley da un paso de gigante contra los vientres de alquiler, ya que recogerá como forma de violencia contra las mujeres la gestación subrogada, sancionará a las agencias que hagan publicidad de esta cuestión y dará luz verde a los tribunales de nuestro país para perseguir a las parejas que acudan al extranjero para este proceso.