El acuerdo entre la Iglesia y el Gobierno de España para reparar a las víctimas de pederastia no ha sido un camino sencillo. Así lo reconocía el propio Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, que habla de la “paciencia” como elemento troncal de las conversaciones. “Yo siempre quiero concretarlo todo, este acuerdo es la máxima concreción posible en las 14 páginas firmadas en la que hemos discutido cada coma”, define.
De hecho, el sábado por la mañana, el Ejecutivo no tenía “nada claro que se pudiese firmar porque a la Iglesia le costaba mucho todo”, y es que la institución eclesiástica “quería introducir cambios en el protocolo” que Moncloa “no podía consentir”, tal y como explican fuentes conocedoras de las negociaciones en conversaciones con el diario El País. “El acuerdo se tambaleó y estaba medio quebrado”, aseguran.
Las mismas fuentes que recoge el medio mencionado hablan de hasta ocho reuniones entre las partes y otro elemento que fue clave: la intervención del Vaticano. A ello hay que sumarle el “empeño” del ministro de Presidencia, Félix Bolaños.
La Santa Sede parecía tener prisa por hacer los deberes para no dificultar la visita del Papa León XIV a España en el mes de junio, si bien desde la Conferencia Episcopal no defienden esta versión.
Dentro de las negociaciones
Uno de los puntos más complicados del acuerdo habría pasado, siempre según las fuentes, porque a la Iglesia no le convencía del todo que víctimas que ya han pasado por el plan PRIVA, de Reparación Integral de Víctimas de Abusos, o acudido a la diócesis y congregaciones pudieran recurrir ante la comisión mixta, con presencia del Estado, prevista en el acuerdo.
Otro elemento de fricción es el que tiene que ver con los baremos, línea roja siempre para la Iglesia, y es que, mientras otros países se han ido guiando por horquillas en los procesos de reparación, la CEE no estaba dispuesta a ello, y así lo dejó claro el presidente del organismo, Luis Argüello, en las últimas horas. El responsable episcopal defiende que “hay que ir rostro a rostro”, excluyendo “baremos y cantidades económicas”.
Para las víctimas, el plan de es lento y pedregoso, llegando a tardar meses e incluso años la reparación. Además, la cuantía económica variaba en casos similares. Eso sin mencionar que quienes sufrieron abusos cuando eran niños se sentían revictimizados.
Al final, ha sido el modelo del Defensor del Pueblo -el nuevo- el que ha primado sobre el otro, al que las víctimas podrán acudir si no quieren hacerlo directamente a la Comisión Priva. El plan anterior sigue siendo válido para quienes deseen acudir a él, pero a partir del próximo 15 de abril, las víctimas de abusos sexuales en la Iglesia pueden elegir el modelo que prefieren.
El presidente de la Conferencia Episcopal respondía así cuando le preguntaban por la comisión mixta y la posibilidad de que las víctimas que hayan sido reparadas consideren insuficiente la cantidad a percibir, a lo que éste respondió con otra cuestión: “¿Y si ocurriera que la cuantía tiene que disminuirse? (…) No es nuestro estilo decir te hemos dado de más… No es lo que queremos hacer, para más o para menos. No es una cuestión de dinero”.
Los pasos que seguirán las víctimas a partir de ahora
Algo más de un par de meses después del acuerdo, se ha tardado un poco más del mes que prometió el ministro Bolaños para adoptar un protocolo de actuación. Este lunes las partes rubricaban el texto, que viene a establecer las medidas concretas que obispos, religiosos y Estado se comprometieron a estudiar en enero, con la creación de esta nueva vía.
El nuevo acuerdo contempla nuevos filtros de revisión y estudio de cada caso concreto. El proceso empezará en una unidad de tramitación del Ministerio de Justicia y pasará a la Uidad de Víctimas del Defensor del Pueblo que establecerá, tras un estudio pormenorizado, una propuesta de reparación que puede ser simbólica, restaurativa, económica e incluso espiritual, según lo que reclame la víctima.
La propuesta se trasladará a la comisión asesora de la Iglesia, prevista en el Plan de Reparación Integral a Víctimas de Abusos, que la evaluará y emitirá un informe. Si hay conformidad de las partes, la propuesta tendrá carácter definitivo y, si hubiera disconformidad por parte de alguna, se convocaría una Comisión Mixta. En última instancia, y si dicha disconformidad persiste, la última palabra la tendría el Defensor del Pueblo.