Leire Díez es una de las mujeres del momento. Después que su nombre saliera a la luz hace algunas semanas, la ya exmilitante socialista acaparó multitud de informaciones antes de que tomara la palabra. El pasado miércoles, la apodada por muchos como la "fontanera del PSOE" acudía a Ferraz para reunirse con el jefe de los servicios jurídicos del partido. Antes de abandonar la sede, la exconcejala comunicaba su baja voluntaria y, además, hacía entrega de un pendrive con más de 2.000 archivos relacionados, supuestamente, con las "cloacas del Estado". Entre ellos se encuentra el Informe Colombo, al que ha tenido acceso el periodista Mateo Balín y con el que ha hablado este medio.
El Informe Colombo está compuesto por 261 páginas y se elaboró en mayo de 2014 por el Grupo 5 de la Unidad de Asuntos Internos del Cuerpo Nacional de Policía, que entonces dirigía el comisario Marcelino Martín Blas. Sin embargo, "nunca fue judicializado" sino que fue "guardado en un cajón" por el entonces Jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Antonio Salinas.
Balín afirma que "es una pena" que nunca se investigara, ya que "si se hubiera judicializado no estaríamos hablando de lo que ocurrió después, como la Operación Kitchen". Para el periodista, este atestado es el "germen de la Policía Patriótica", pero también de la "Operación Cataluña" o de las conocidas como "cloacas del Estado".
"Más de una década después sería interesante conocer por qué no se investigó y por qué se guardó en un cajón", afirma Mateo Balín, que hace un símil con lo que ha implicado en el futuro este informe. "Es como una herida gangrenada, si se cura a tiempo no hace falta cortar la pierna", esto es lo que habría ocurrido tras echar la vista a otro lado con el atestado.
El Informe Colombo es de tal relevancia porque recoge "cómo habría actuado la llamada Policía Patriótica en los años 2013, 2014 y 2015", de manera que "vendría a constatar cómo utilizaban información reservada para fines partidistas, para dar información sobre personajes públicos a medios de comunicación, lo que se llama 'mercancía averiada', o incluso para utilizar entramados societarios y detectives privados para fines que están fuera del comportamiento regular o lógico de los cuerpos y fuerzas de seguridad que se deben valer por la neutralidad".
Para ello, Asuntos Internos investigó a varios agentes y a la agencia de detectives Método 3. El punto de partida del atestado, los dos elementos en los que se basa, son los siguientes: la documentación recogida en la entrada y registro de la sede del grupo Método 3 en Madrid por un lado, y un sobre dirigido a un genérico "Jefe de Asuntos Internos", franqueado, sin remitente, en Sant Cugat del Vallès el 29 de abril de 2014 por otro. Este sobre incluía distintos informes policiales y de Método 3 en los que los investigadores determinaron que había información de "carácter personal como DNI o direcciones, teniendo en cuenta que las personas consultadas, ni los funcionarios referenciados, ni su unidad tenían ninguna investigación en curso en las bases policiales", pero sí habían sido investigadas por la empresa.
En resumidas cuentas, la sospecha que contiene este informe es que la UDEF recurría a detectives privados para llevar a cabo operaciones encubiertas. Además, se habría recurrido a empresas y sociedades, que alimentaban a estos policías y viceversa. Según los investigadores de Asuntos Internos, el objetivo de esta presunta red policial, sobre todo de la Unidad de Delincuencia Fiscal y Financiera (UDEF) -dirigida entonces por el comisario José Luis Olivera-, pero también de las Brigadas de Información del mismo CNP, era pasar información reservada de datos personales, de sumarios judiciales, investigaciones policiales o datos patrimoniales y monetarios para escribir, posteriormente, informes para competidores o para filtrarla a la prensa.