La huelga general convocada para el próximo 11 de noviembre llega después de años de tensiones por el coste de la vida, la pérdida de poder adquisitivo y las dificultades para acceder a una vivienda. La situación de los trabajadores llevaba tiempo deteriorándose, pero el desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años que perdió su hogar pese a haber pagado el alquiler de forma continuada y que falleció en el hospital en el que estaba ingresada pocos días después, ha actuado como catalizador de un malestar que ha desbordado el ámbito residencial y ha alcanzado al mercado laboral.
CCOO, UGT y otras organizaciones sindicales, junto al movimiento de inquilinas, registraban formalmente este lunes la convocatoria con reivindicaciones que conectan las condiciones de trabajo con la crisis habitacional. Los convocantes sostienen que las subidas salariales no bastan para abordar el creciente coste de vida y mejorar la situación de los hogares cuando una parte creciente de los ingresos se destina a pagar el alquiler o la hipoteca. La vivienda se convierte así en uno de los ejes de la protesta, al considerar que su acceso no está garantizado de manera efectiva como derecho.
La convocatoria también pone el foco en unos salarios que, según los sindicatos, no han seguido el ritmo de los precios. Aunque las remuneraciones nominales han aumentado, la evolución del coste de la vida ha limitado su capacidad para mejorar las condiciones materiales de los trabajadores. Por ello, las organizaciones reclaman reabrir el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva, cuya vigencia terminó en 2025, y establecer incrementos salariales del 4% anual entre 2026 y 2028. En los sectores con sueldos inferiores a la media, plantean aumentos de hasta el 7%, además de cláusulas de revisión que permitan compensar posibles desviaciones de la inflación.
Otro de los motivos es el trabajo extraordinario que no se remunera. “Las horas extra no pagadas equivalen a 68.000 empleos a jornada completa, y suponen un coste laboral de 3.378 millones de euros al año no pagado en términos de salario bruto y cotizaciones sociales. A nivel individual, cada persona explotada con horas extras no pagadas realiza 5,8 horas no pagadas a la semana de media, con un coste laboral no pagado de 148 euros a la semana de media y 7.696 euros al año”, apuntan los convocantes. Los sindicatos reclaman más controles para garantizar el registro horario y evitar que ese tiempo trabajado quede fuera de la nómina.
La protesta cuestiona asimismo el reparto de los beneficios empresariales. El Observatorio de Márgenes Empresariales ha reflejado unos márgenes elevados, mientras que, tras la crisis inflacionaria de 2021 y 2022, la participación de los salarios en la renta generada perdió peso en favor del excedente bruto de explotación. Para los convocantes, esta evolución evidencia que la recuperación económica no se ha traducido de forma proporcional en mejoras para quienes sostienen la actividad de la compañía con su trabajo.
Frente a estos argumentos, las organizaciones empresariales han calificado la movilización de "electoral" y han anunciado que la impugnarán. La confrontación abre un nuevo frente entre sindicatos y patronal sobre la legitimidad y las razones de la huelga. Los convocantes defienden que la protesta responde a reivindicaciones laborales y socioeconómicas, no a una maniobra política, y vinculan la convocatoria con problemas que llevan años presentes: sueldos insuficientes para afrontar los precios, horas trabajadas sin remuneración y dificultades para acceder a una vivienda.
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