El Gobierno y Torres exigen disculpas públicas tras el informe de la UCO que desmonta las acusaciones contra el ministro

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha dado a conocer este lunes el informe sobre la trama Koldo en el que se desmontan todas las acusaciones y mentiras que se han ido arrojando sobre el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y después de que el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente haya considerado que en dicho informe no hay indicios suficientes para investigar al titular de la cartera de Política Territorial. Con ello, el juez cierra la lista de imputados donde no incluye al que fuera presidente de Canarias, y sí al exministro de Transportes, José Luis Ábalos; su exasesor en el Ministerio, Koldo García; y al conseguidor de la trama, Víctor de Aldama, por presuntos delitos de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación de fondos públicos.

Con ello, el Gobierno celebra que, con el último informe de la UCO, se acredite que no se produjeron “hechos delictivos” y exige “disculpas públicas”. "Ni mujeres explotadas, ni pisos, ni mordidas, ni comisiones ni encuentros con narcotraficantes", sostienen. “Después de más de un año, donde se han analizado por parte de la Guardia Civil las distintas conversaciones del ministro Torres desde el año 2020, la conclusión es que no hay nada delictivo en las mismas. Ni lo va a haber. ¿Se puede permitir en un estado de derecho que se intente, sin la más mínima prueba y con absoluta vileza, destrozar la imagen de una persona y a su familia?”, agregan fuentes del Ministerio. 

Por su parte, Torres ha exigido “disculpas públicas a quienes han dado pábulo y han sido altavoz de todas estas infamias” y apunta que “con respecto a los contratos para la adquisición de mascarillas queda acreditado que se actuó correctamente tal y como han avalado la intervención de la Comunidad canaria, la Audiencia de Cuentas y el Tribunal de Cuentas”.

Todo ello lo defienden después de la publicación del informe en el que se señala que Torres reclamó “pagos pendientes” cuando era presidente de Canarias a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a la Empresa, a la que se habría adjudicado contratos de mascarillas de forma irregular, por lo que desde el departamento que dirige Torres ven acreditado que no se produjo ninguna ilegalidad. En este sentido, piensan que queda confirmado que se actuó "correctamente" según han sostenido la intervención de la Comunidad canaria, la Audiencia de Cuentas y el Tribunal de Cuentas.

En el mismo orden de cosas, desde el Ejecutivo remarcan que queda demostrado que no se benefició del cobro de mordidas, ni hubo encuentros con “mujeres explotadas sexualmente” ni encuentros en ningún domicilio. Asimismo, añaden que queda corroborado que no existieron negocios “sobre una presunta trama de hidrocarburos” vinculados a la vicepresidente de Venezuela Delcy Rodríguez “y demás infamias”. 

Al hilo de todo ello, desde Moncloa han hecho una primera valoración positiva del informe de la UCO señalando que lo conocido demuestra que “no hay nada” que comprometa a Torres y que el titular de la cartera de Política Territorial sale incluso bien parado de las conversaciones analizadas porque muestra la imagen de un presidente tratando de gestionar mascarillas en los peores momentos de la pandemia. Con ello, defienden las prácticas de Torres, sobre quien defienden que no ha incurrido en corrupción.

Ni mordidas, ni pisos, ni mujeres explotadas

Este lunes se ha dado a conocer el informe de la UCO sobre la trama Koldo, el cual, en el caso del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, no aporta indicios suficientes al juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, para investigarlo. El magistrado cierra así definitivamente la lista de imputados sin incluir al que fuera presidente de Canarias y, en consecuencia, fuentes del equipo del ministro han hecho énfasis en que "no hay mordidas ni peticiones de comisiones ni mujeres explotadas sexualmente ni encuentros en chalet o pisos", tal y como vinieron defendiendo los artífices del presunto caso de corrupción. 

En este sentido, lo que reza el informe de la UCO es que Torres, siendo Cabildo de Canarias entonces, reclamó “pagos pendientes” para la empresa Soluciones de Gestión. “Estoy encima de tu pago”, escribió a Koldo García. Los investigadores plasman mensajes en los que "se observa, una vez más, la influencia que Koldo ejercía en la Administración, provocada por Víctor de Aldama y sus retribuciones mensuales, consiguiendo que el presidente de Canarias se encargara, directamente, de reclamar los pagos pendientes". Así, en uno los mensajes, Koldo le envía al empresario una imagen de una conversación que habría mantenido con Torres, donde "éste le avisa de que le va a llamar a Antonio Olivera, aclarando que 'estoy encima de tu pago' y añadiendo que 'ya está validado el material', pese a todos los problemas ya expuestos con las mascarillas".

En esta conocida ‘Operación Delorme’, por la cual se investiga la compra de material sanitario durante la pandemia de coronavirus, los principales investigados son el exministro de Transportes, su exasesor en el Ministerio, y el empresario conseguidor de la trama, por haber cometido presuntos delitos de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación de fondos públicos.

Sobre este escenario, una de las empresas bajo lupa judicial es Soluciones de Gestión y Apoyo a la Empresa, por parte de la Dirección General de Recursos Económicos del Servicio Canario de Salud y con motivo de una compra de mascarillas que ascendió a 12.317.580,24 euros, según recoge el informe de la UCO.