El Gobierno tipificará la violencia vicaria como delito en el Código Penal

El Consejo de Ministros aprobará este martes el Anteproyecto de Ley Orgánica integral contra la violencia vicaria, un texto que busca por primera vez reconocer y tipificar en el Código Penal una de las formas más extremas de violencia de género: la ejercida contra los hijos e hijas para dañar a las madres.

Según han confirmado fuentes ministeriales, el Ejecutivo dará luz verde a una iniciativa que nace del Ministerio de Igualdad, dirigido por Ana Redondo, y que aspira a convertirse en un instrumento legal pionero en Europa. Con esta norma, el Gobierno persigue definir la violencia vicaria como un delito autónomo, algo que hasta ahora no aparecía recogido de manera expresa en la legislación penal española.

Una forma de violencia invisibilizada

La violencia vicaria se ha convertido en los últimos años en un concepto cada vez más presente en el debate público y jurídico. El término se utiliza para describir el daño que un maltratador ejerce sobre los hijos, hijas o personas cercanas a la mujer con el único fin de causarle el mayor sufrimiento posible. En España, varios casos han sacudido a la sociedad, como los asesinatos de menores en entornos de violencia de género, que han puesto sobre la mesa la urgencia de dar una respuesta institucional y legal específica.

Hasta ahora, la Ley Orgánica 1/2004 de medidas de protección integral contra la violencia de género no recogía esta figura de forma expresa. De hecho, como recordó la propia ministra Redondo en el Congreso de los Diputados durante la Comisión del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género, “es preciso definir expresamente la violencia vicaria en el Código Penal, no está recogido”. Con la nueva norma, el Gobierno busca cerrar esta brecha y dotar de mayor seguridad jurídica tanto a las víctimas directas como a las indirectas.

Reconocimiento de víctimas y medidas de reparación

El anteproyecto no se limitará únicamente a la tipificación penal. También incluye el reconocimiento expreso de las víctimas de violencia vicaria. Hasta ahora, muchas mujeres que han sufrido esta forma de violencia han denunciado la falta de acompañamiento institucional y de recursos específicos.

Con el nuevo marco legal, se prevé reforzar las medidas de protección social, psicológica y económica, además de establecer protocolos de actuación claros para las administraciones públicas, con especial atención al papel de los servicios sociales, los equipos psicosociales de los juzgados y las fuerzas de seguridad.

El objetivo, según fuentes de Igualdad, es que ninguna víctima quede desamparada y que las instituciones puedan actuar de manera preventiva en contextos donde exista riesgo evidente de violencia vicaria.

Una agenda legislativa más amplia

La iniciativa forma parte de una agenda legislativa más amplia del Ministerio de Igualdad para este otoño. Además del anteproyecto contra la violencia vicaria, el departamento de Redondo trabaja en una ley integral contra la trata y en otra con la que pretende abolir la prostitución.

Ambas medidas se enmarcan en la estrategia del Gobierno de avanzar hacia un marco legal más ambicioso en materia de igualdad y derechos de las mujeres. En este sentido, el Ejecutivo quiere reforzar la idea de que la violencia machista adopta múltiples formas y que todas ellas deben tener un reconocimiento y una respuesta institucional adecuada.

Debate en el Congreso y apoyo social

Aunque la aprobación en el Consejo de Ministros supone un primer paso, el texto deberá afrontar todavía un largo recorrido parlamentario. El Gobierno necesitará apoyos para sacar adelante la norma en el Congreso y el Senado.

La ministra Redondo ha insistido en varias ocasiones en que la lucha contra la violencia de género debe ser un “compromiso de Estado”, por encima de los colores políticos. En este sentido, ha recordado que el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, aprobado en 2017, cuenta con el respaldo mayoritario de las fuerzas parlamentarias.

Organizaciones feministas y asociaciones de víctimas llevan años reclamando la tipificación específica de la violencia vicaria. Su aprobación, aseguran, permitiría mejorar la detección de casos y garantizar recursos de reparación.