En el mes de abril de este año, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, dio los primeros pasos para sacar adelante un anteproyecto de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim), que limitaba la personación como acusación popular a partidos, sindicatos y administraciones públicas. Iniciativa orientada casi en evitar que asociaciones de ultraderecha como Manos Limpias puedan valerse de tal posición para cumplir con el “ciclo del bulo”. Tras resucitar en septiembre y volver al cajón, Félix Bolaños tiene en sus planes la reforma definitiva para el primer trimestre de 2025, según expone eldiario.es. Por el momento, se ha requerido a los técnicos ministeriales alternativas para acabar con una práctica de la que se benefician para crear el caldo de cocción perfecto para desestabilizar al Gobierno de turno.

El ministro de Presidencia abundó sobre las prácticas de estas asociaciones en sede parlamentaria. En la pasada sesión de control al Gobierno, la última de este 2024, Bolaños habló sin tapujos sobre aquellas entidades “ultraderechistas a las que” PP y Vox “benefician”, considerándolas dañinas para el país al “pervertir la figura de la acusación popular porque están persiguiendo, no delitos, sino personas, a políticos progresistas honrados y a sus familias”. Así se expresó ante el Pleno de la Cámara Baja, antes de acotar que las organizaciones ultras no están capacitadas para “esclarecer los hechos”, sino “contar mentiras” y que los populares y extrema derecha “se beneficien de esas mentiras”.

Y es que fue el propio Bolaños el que resucitó el debate hará dos semanas en las páginas de La Vanguardia. El ministro ofreció una entrevista al diario del grupo Godó, donde se le interrogó expresamente por el recorrido del anteproyecto de ley. El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes afirmaba que la “presión inaceptable de grupos ultras” es uno de los principales retos de la Justicia en la actualidad porque basan su concurso como acusación popular en amenazas a políticos y sus familias. Una estrategia de la que el principal beneficiado es el Partido Popular.

La vuelta a la tortilla

“Esta mentira utilizada por los grupos ultra para interponer una querella, se judicializa y el PP y Vox aprovechan para seguir propagando el bulo hasta el infinito, aunque la realidad se desenmascara el final del camino. Por el momento, sólo cabe analizar la Ley de enjuiciamiento criminal para determinar cuál debería ser el rol de las acusaciones populares porque la Constitución las amparas, aunque no prové de los límites y competencias que puedan ejercer se han establecido por ley”, precisaba el ministro de Justicia.

Y es que según eldiario.es, y tras varios meses de parón, parece que la iniciativa va viento en popa. Al menos ha cogido velocidad de crucero. Tanto es así que entre las previsiones de que el texto salga adelante se acotan al primer trimestre de este próximo 2025. Bolaños, según la información de eldiario.es, ya habría pedido a los técnicos de su departamento alternativas que acaben con una práctica que riega de dinero a multitud de asociaciones como Manos Limpias.

La acusación popular, como bien indicó el ministro, está recogida en la Constitución y se trata de una figura que tan sólo existe en España y que no hace sino buscar la participación ciudadana en la Justicia.

Interioridades del texto

El texto enviado al Consejo del Poder Judicial ya excluía a los partidos políticos, sindicatos y administraciones públicas de la acción popular. Aunque originalmente esta figura se concebía como una forma de permitir la participación ciudadana en la justicia y la defensa de la legalidad, con el tiempo ha sido utilizada por organizaciones políticas para acceder a información judicial, empleándola en beneficio propio o para generar titulares en los medios contra sus rivales políticos.

Por ello, se propone excluir de la acción popular a las personas jurídicas públicas, los partidos políticos y los sindicatos, por razones de “mínima coherencia institucional”. En el caso de los partidos y sindicatos, su exclusión como acusadores populares se basa en su particular posición en el sistema constitucional como entidades de interés público y en el riesgo de que su participación active una instrumentalización del proceso, dada su vinculación con el debate político.

El anteproyecto también establece que en casos de “especial complejidad”, la acción civil podría ser restringida si su ejercicio retrasara o perjudicara excesivamente el avance de la investigación criminal. En tales situaciones, será el Juez de Garantías quien decida si se limita o no el ejercicio de la acción popular, previa solicitud del fiscal encargado de la investigación.

Además, el objetivo actual es ampliar estas limitaciones a las organizaciones ultraderechistas, bajo el argumento de “higiene democrática”. Aunque el Gobierno aún no ha especificado cómo se llevará a cabo esta exclusión, la intención es evitar el “uso fraudulento” de la acción popular por parte de estos grupos, cuya intervención se percibe como motivada por fines políticos, mediáticos o de revancha. El objetivo es impedir que utilicen esta herramienta para generar efectos perjudiciales que distorsionen el proceso judicial o su finalidad original.