Tras el revuelo generado por la financiación singular de Cataluña, que ha provocado que el PP al completo salga en tromba no sin diferencias dentro del partido, el Gobierno de Pedro Sánchez pretende que todas la comunidades autónomas tengan mayor peso económico y aliviarlas monetariamente.
El Ministerio de Hacienda quiere desahogar a las autonomías por las necesidades extraordinarias de financiación que puedan derivarse de la mochila que asumieron, sobre todo, después de la crisis de 2008. La oferta, explicada en pocas líneas, pasa por una quita que afectará a lo que las regiones tienen que devolver del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) y a otros fondos especiales de financiación. Incluso, podría pasar a ser competencia del Estado parte de los préstamos que las comunidades tienen con entidades privadas.
Con esto, el Ejecutivo Central da un paso más en su intención de desahogar a todos los territorios. Se abre a hacerlo a través de la deuda y con una oferta mejorada con respecto a la propuesta inicial, que afectaba exclusivamente a las devoluciones pendientes del FLA y que desde Moncloa ya llevaron a cabo después del acuerdo con ERC a cambio del apoyo a la investidura de Sánchez.
Claves para mejorar la medida acordada en la investidura
Ahora, con la mirada especialmente de la derecha puesta en Cataluña, el Ejecutivo de Sánchez redobla sus esfuerzos a partir de una medida que en un primer momento quedó en stand by después de que algunas regiones la despreciaran ateniéndose a que no todas tienen el mismo volumen de cargas que la comunidad ahora presidida por Salvador Illa. Es precisamente por este motivo que el Ejecutivo se abre a ampliar el margen de mejora, para de esta manera poder frenar las embestidas del PP.
El escenario actual pasa por la posibilidad de que Sánchez mantenga reuniones bilaterales con los diferentes responsables autonómicos, una cuestión a la que, por el momento, los ‘populares’ se han negado. La decisión, reunificado bajo el eslogan “Todos a una” pronunciado por Alberto Núñez Feijóo, vino en realidad condicionado por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, primera responsable del partido en pedir que no existieran reuniones ‘a uno’ con el líder de la Moncloa. Algunos presidentes como el de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, no cerraron la puerta después a estos encuentros bilaterales pero, por el momento, la premisa en Génova es clara: o todos juntos o ninguno.
"Andalucía está dispuesta a dialogar con todo el mundo y, por supuesto, a dialogar con el presidente del Gobierno", dijo en un principio el líder andaluz, que después sí que barrió para casa y mantuvo el tono de Ayuso asegurando que en caso de que se produjera una conversación cara a cara con el presidente sería para "hablar de lo que nos importa a los andaluces y los españoles: la igualdad y la solidaridad".
Recelo en el PP
Como de costumbre, al PP no le convence -a menos de primeras- la propuesta del equipo de Sánchez. La miran con recelo, cuanto menos. Y la derecha la observa así por diferentes motivos: desconocer la fórmula que el Gobierno de coalición va a ofrecer a los presidentes y no conocer con exactitud de dónde sale el cálculo que se llevaron a cabo para concluir que la deuda a asumir para Cataluña en noviembre de 2023 era de 15.000 millones de euros.
Además, en la derecha consideran que se trata de una especia de bomba de humo para desviar la atención de una reforma de modelo de financiación autonómica. Asimismo, y manteniendo la vista en la manera en la que los populares pretenden negociar, el planteamiento actual obligaría a encuentros bilaterales.
El PP se cierra en banda a la medida, por el momento, por ejemplo, en Andalucía, donde el gobierno de Moreno Bonilla asume que puede asumir las cargas. Sin embargo desde el PSOE piden a los populares que se sienten a negociar con el Ejecutivo de Sánchez ya que, por el contrario, estaría bloqueando una quita de hasta 1.500 millones de euros al año solo en intereses.
El propio Moreno Bonilla arremetió el pasado viernes contra el sistema de financiación que se aprobó en 2009 y cuya vigencia expiró en 2014. "Es negativa para el conjunto de las comunidades autónomas el actual sistema de financiación, porque produce un doble desequilibrio de suficiencia y de equidad", emitió coincidiendo con la cumbre del partido.
Comunidades autónomas con mayor deuda
Según los datos del primer trimestre de 2024, la comunidad autónoma con mayor deuda es Cataluña con 87.253 millones de euros, seguida por la Comunidad Valenciana con 57.676 millones de euros y Madrid, que se sitúa en los 38.358 millones de euros, por encima de Andalucía (38.302 millones de euros).