Las tensiones internas en el Gobierno a causa de la aplicación del Ingreso Mínimo Vital para familias desfavorecidas y afectadas por el coronavirus han llegado a su fin. El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migración, José Luis Escrivá, ha adelantado este miércoles que la aplicación de esta prestación tendrá lugar en “semanas”.

La celeridad de su puesta en marcha ha provocado que el Ingreso Mínimo Vital Puente que solicitaba Unidas Podemos no sea necesario. Según apuntan fuentes cercanas a la vicepresidencia segunda del Gobierno, Escrivá y Pablo Iglesias habrían coordinado la medida a través de diversas llamadas telefónicas. Esta cuestión había sido objeto de ciertos rifirrafes en el seno del Ejecutivo en las últimas fechas, ya que los ministros morados defendían la necesidad de aprobar esa medida ‘puente’ con urgencia hasta el Ingreso Mínimo Vital viera la luz.

El vicepresidente y el ministro comparecerán de forma conjunta este jueves para dar cuenta de los detalles de esta prestación. Por el momento, se desconoce la cuantía final de esta ayuda y los requisitos necesarios para poder acceder a ella. En el Ingreso Mínimo Vital Puente defendido hasta este miércoles por Pablo Iglesias se solicitaba una cantidad cercana a los 500 euros para personas que cobrasen menos de 200 euros u hogares donde la media estuviera por debajo de los 450.

Escrivá ha explicado que, a falta de cifras reales, se estima que un 10% de las personas que optaran a esta ayuda serán familias monoparentales. Además, ha indicado que se valorará de forma pormenorizada la situación de los hogares para reducir la pobreza extrema “en cifras altísimas”.

“No será una prestación individual sino que pondrá el énfasis en los hogares y diferenciará según la estructura de estos hogares”, ha manifestado, asegurando que esta renta se complementará con las de las comunidades autónomas, por lo que no habrá ningún problema de competencias entre administraciones.

 El ministro ha sentenciado alegando que esta renta es totalmente necesaria para paliar las consecuencias de la crisis del coronavirus y que se incluye en el paquete de medidas sociales aprobadas por el Ejecutivo a fin de evitar el sufrimiento de los colectivos más vulnerables.