El Gobierno daba el primer paso para el despliegue de su Plan de Acción Democrática hace ahora seis semanas, después de que en pleno verano el presidente Pedro Sánchez anunciase su figura estrella para combatir la desinformación, garantizar la transparencia de las instituciones y modificar derechos que colisionan entre sí. Este martes, el Consejo de Ministros ha aprobado las primeras medidas, de entre las 31 anunciadas por el ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, para echar a andar su apuesta por la regeneración.
El Ejecutivo ha dado luz verde a la creación de dos fiscalías, una centrada en delitos económicos y otra en delitos contra la administración pública, y de la Autoridad Independiente de Protección del Informante. Los dos nuevos órganos judiciales se incluirán en la Fiscalía General del Estado y ampliarán la plantilla de fiscales para combatir de forma más eficiente y dedicada la corrupción, tanto en el ámbito público como en el privado. Por su parte, la nueva autoridad responde a lo establecido por la Ley 2/2023.
Esta figura está contemplada en la norma que vio la luz en febrero del pasado año, pero todavía no se encontraba en funcionamiento. En mayo de este año llegaba el proyecto de Real Decreto de su estatuto y este martes ha sido aprobado definitivamente con la intención de garantizar la protección de aquellas personas que denuncien corruptelas. “Tiene como fines garantizar la protección de la persona informante, servir de pilar institucional esencial en la lucha contra la corrupción”, recoge su proyecto de estatuto. Para su cometido se garantiza su independencia y autonomía.
En el desarrollo de sus funciones tramitará las denuncias que llegue por el canal externo y podrá asumir medidas de proyección y apoyo a la persona informante. Asimismo, podrá iniciar, instruir y resolver procedimientos sancionadores que culminen con la imposición de sanciones que pueden llegar hasta el millón de euros en las infracciones muy graves cometidas por personas jurídicas. Dentro de este tipo de infracciones “muy graves” se encuentra “comunicar o revelar públicamente información a sabiendas de su falsedad” o “la adopción de cualquier represalia derivada de la comunicación frente a los informantes”, entre otras.
La dotación de más recursos de personal a la Fiscalía General es la otra arista abordada por el Consejo de Ministros. La plantilla del Ministerio Fiscal se amplia en casi 80 plazas que se distribuirán entre las salas de delitos económicos y contra la administración pública. La primera de ellas se centrará en los delitos de fraude cometidos por personas físicas y jurídicas; mientras que la segunda pondrá el foco en los delitos contra la administración, como la malversación, el cohecho o la prevaricación.
Además, el Gobierno también ha querido reforzar su responsabilidad contra la violencia de género creando plazas de fiscales para los Juzgados de Violencia sobre la Mujer en Almería, Málaga, Dos Hermanas, Las Palmas de Gran Canaria, Valencia y Pamplona. También engrosa los servicios de la Fiscalía en su lucha contra la delincuencia organizada en zonas como Cádiz y Algeciras.