El Consejo de Ministros aprobará este martes un real decreto ley que contempla que en los dos próximos años se lleve a cabo la mayor inversión en ayudas a la dependencia de la historia. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo ha anunciado a horas de la reunión del Ejecutivo, en la que se aprobarán dos desembolsos para que el sistema de ayudas a dependientes supere los 7.200 millones de euros en 2027.
En total, entre este año y el siguiente, se inyectarán 6.200 millones más en dependencia que lo que figura en los presupuestos de 2023. La inversión correrá a cargo del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, que dirige Pablo Bustinduy. El ministro de Sumar ha estado presente en el anuncio de Sánchez, que ha señalado que el objetivo es “culminar una de las mayores transformaciones del sistema de dependencia desde su creación, en 2006”.
Se espera que el real decreto ley pueda obtener el apoyo mayoritario del Congreso de los Diputados cuando llegue, en los próximos 30 días hábiles. Tanto el Partido Popular como los socios de izquierdas y los nacionalistas, han pedido que se aumente la financiación a la dependencia, por lo que es probable que le brinden ese alivio parlamentario a un Ejecutivo que atraviesa momentos difíciles.
“A quienes se preguntan por qué este Gobierno quiere continuar pese a todas las dificultades y piedras en el camino, yo les digo que la respuesta está aquí”, ha dicho Sánchez. La inversión se hará mediante una reforma que amplía lo que el Estado transfiera a cada Gobierno autonómico para hacer frente a las necesidades de los dependientes, lo que permitirá, además, “que la Administración General del Estado financie el 50% del sistema de la dependencia”, una reivindicación histórica de las autonomías. Este statu quo es, de hecho, parte del pacto de Gobierno entre el PSOE y Sumar.
El quíntuple de financiación a la dependencia que en 2018
El dinero empezará a llegar a las autonomías a partir del 1 de julio. Algunos de los objetivos que se plantea Moncloa con esta reforma estructural, que se aprobará este mismo martes y se publicará el miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE), son reducir aún más las listas de espera y la burocracia de las prestaciones, aumentar el personal de los cuidados y los servicios a las personas en situación de dependencia, y ampliar la atención a domicilio y la teleasistencia.
En cuanto a las ayudas, las que se dan a las personas que están en el grado III, de máxima dependencia, subirán de 290 a 660 euros al mes, un 128% más. En el caso del grado II, de dependencia severa, se duplican desde los 130 hasta los 260 euros; y las de grado I suben de 76 a 90 euros mensuales.
Otro de los objetivos de esta reforma es superar las dificultades que el Gobierno de Mariano Rajoy introdujo como parte de las medidas de austeridad durante la crisis. Por ejemplo, la incompatibilidad entre acudir a un centro de día y recibir ayuda a domicilio. Eso sí, serán las comunidades autónomas las que deberán reformar su ley para eliminarlas. “Este Gobierno asumió la tarea de reconstruir y fortalecer un sistema que durante años fue prácticamente desmantelado por las políticas de austeridad del PP”, ha apuntado Sánchez.
El presidente ha recordado también que, desde que llegó a la Moncloa en 2018, la inversión “casi multiplica por cinco la financiación estatal”. Lo cierto es que, según datos de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, la aportación estatal en 2019 estaba en torno a los 1.500 millones de euros. Ahora con esta subida hasta los 7.200 millones, casi cinco veces más, se culmina “la mayor inversión en dependencia”, con la que el Ejecutivo busca dar “un paso decisivo para consolidar un sistema más fuerte, más justo, más humano”, y que no deje “a nadie atrás”.
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