El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dado este martes un golpe encima de la mesa para cambiar su posición en la causa que afecta a su mujer, Begoña Gómez. El polémico juez instructor, Juan Carlos Peinado, se ha desplazado hasta la Moncloa para tomar la declaración, como testigo, del socialista y se ha marchado de allí sin una sola palabra y con una querella por prevaricación. El líder del Ejecutivo se ha acogido a su derecho a no declarar y su portavoz ha salido escasos minutos después en su defensa.
“Hemos visto que han venido a grabar un montaje con el objetivo de erosionar la imagen del presidente basándose en un ‘no caso”, ha denunciado Pilar Alegría, ministra portavoz, en la rueda de prensa posterior a la celebración del Consejo de Ministros. Desde la misma Moncloa a la que se ha desplazado el magistrado y en cuyas puertas se han aglutinado un grupúsculo de exaltados de extrema derecha, la también responsable de la cartera de Educación, Formación Profesional y Deportes ha anticipado lo que sucederá en los próximos días.
“En los próximos días, veremos las imágenes y grabaciones filtradas en algún pseudomedio digital conservador”, ha adelantado Alegría, mostrándose segura de que el material confidencial recogido durante la declaración aparecerá en un medio de comunicación afín a la derecha. No obstante, la portavoz se ha mostrado tranquila ante un “montaje” al que “solo le faltaba este episodio”. “Toda nuestra confianza y tranquilidad porque somos conscientes de que el tiempo pondrá a cada uno en su sitio”, ha trasladado, antes de defender la presentación de la querella contra el juez.
“La Abogacía del Estado ha presentado una querella en defensa de la institución de la presidencia del Gobierno”, ha confirmado. La portavoz ha asegurado que esta actuación llega como respuesta a una “estrategia” de la derecha política y judicial que “está muy clara: dar una cobertura jurídica a lo que es una causa política”. “Aquí no hay causa ni objeto y la ley es muy clara al respecto”, ha reiterado.
Asimismo, ha asegurado que el Gobierno “respeta la independencia y la labor del poder judicial” y por esa razón ha decidido “defenderlo de las prácticas de quienes operan por motivos políticos y ajenos a la ley”. Además, ha añadido que esta querella busca “defender la dignidad de una institución para que esto no le vuelve a suceder nunca más a una persona, independientemente de su orientación política”.
“Satisfacción” por el acuerdo entre PSC y ERC
La otra materia que ha marcado la comparecencia de los ministros ha sido el preacuerdo alcanzado entre el PSC y ERC para convertir a Salvador Illa en presidente de la Generalitat, que ha visto la luz en plena celebración de la rueda de prensa. Alegría ha trasladado que el consenso ha generado “satisfacción” en el seno del Gobierno. “Es el triunfo de la política, del diálogo, del acuerdo y de la negociación”, ha defendido, asegurando que el país está “transitando en la buena dirección”.
Las críticas por el entendimiento entre ambas formaciones llegaron nada más conocerse que se había alcanzo un acuerdo, incluso antes de conocerse su texto, y las voces díscolas en el seno de los socialistas no han desaprovechado la oportunidad. Las habituales discrepancias de Emiliano García-Page, presidente de Castilla La – Mancha, y Javier Lambán no han tardado en llegar y han sido respondidas con contundencia desde el Gobierno. "Son opiniones que ya se han leído en otros momentos y que además siempre vienen de estas dos mismas personas”, ha trasladado Alegría.
“Respeto a que manifiesten su opinión, pero también les digo, no son compartidas por este Gobierno", ha continuado. Las críticas que no comparte el Ejecutivo han llegado por el principio de pacto para un nuevo modelo de financiación, con gestión y recaudación de impuestos propia, y las desigualdades territoriales que esto generaría. Este aumento de la autonomía fiscal catalana, que recortaría el reparto nacional de recursos, no ha gustado en gran parte del resto de territorios, pero la portavoz ha evitado ahondar en el texto.
“Lo que existe sobre la mesa es un preacuerdo”, ha recordado, mostrándose “respetuosa con los procesos internos y con los tiempos para ratificar y validar el preacuerdo”. No obstante, y pese a no querer dar detalles, ha defendido que “España disfruta de un acuerdo territorial” muy diferente al existente en el año 2017, antes de la llegada de Sánchez a la Moncloa, y ha puesto en valor sus efectos en la economía, la política y la sociedad.