El próximo lunes 11 de agosto saldrán de Canarias los primeros ocho menores migrantes no acompañados con solicitud de asilo. Serán los primeros de un millar que, semana tras semana, serán trasladados a la Península en un proceso que, según los cálculos del Gobierno central, se prolongará durante unos siete meses.
La decisión, celebrada por el Ejecutivo central y el canario, se produce tras un proceso de análisis jurídico y logístico que ha incluido el respaldo de la Abogacía del Estado, la Fiscalía y los equipos legales de varios ministerios. El objetivo: blindar el proceso de acogida frente a los obstáculos que han surgido, especialmente desde algunas administraciones autonómicas, como la Comunidad de Madrid de Isabel Díaz Ayuso.
Desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones se ha transmitido a Canarias que las derivaciones se producirán con una cadencia semanal: dos traslados cada siete días, en los que viajarán entre 15 y 20 menores. Por ahora, Madrid queda fuera del reparto. El cierre ordenado del centro de Pozuelo de Alarcón por parte de su Ayuntamiento, alegando falta de licencia, ha llevado al Gobierno a priorizar espacios más viables y seguros en otras comunidades autónomas.
Desde el Gobierno central se insiste en la necesidad de utilizar “recursos pequeños y especializados” para garantizar la atención adecuada. Esta línea de actuación choca con la postura de la Comunidad de Madrid, que asegura que los centros abiertos por el Estado en Pozuelo, Alcalá de Henares y Carabanchel "no pueden acoger menores". El consejero de Presidencia madrileño, Miguel Ángel García Martín, se mantiene en esa interpretación, que el Ejecutivo central no comparte y ha rebatido jurídicamente.
Quien ha mostrado mayor satisfacción ha sido el presidente canario, Fernando Clavijo. Después de que el Tribunal Supremo le diera la razón en su recurso contra el Estado, ha definido la medida como un acto de justicia. "Se hace justicia con estos niños, niñas y adolescentes no acompañados y con esta tierra que ha soportado en solitario todo el peso de este drama humanitario", ha declarado en su cuenta de X.
La situación era crítica: más de mil menores en situación de vulnerabilidad, muchos procedentes de conflictos como el de Malí, esperando una respuesta institucional a su solicitud de protección internacional. Aunque la competencia de la infancia recae en las comunidades autónomas, el Tribunal Supremo dejó claro en su auto de marzo que, tratándose de personas que han solicitado asilo, el Gobierno central comparte la responsabilidad de garantizar su acogida.
Para ello, el Consejo de Ministros aprobó una partida de 40 millones de euros y la creación de 1.200 plazas en la red de acogida estatal. Hasta ahora, se han concretado 750 plazas, y el Ministerio de Migraciones trabaja con las entidades colaboradoras habituales para activar el resto. La directora general de Protección a la Infancia y las Familias en Canarias, Sandra Rodríguez, ha explicado que el Ejecutivo enviará un calendario flexible de derivaciones, adaptado a la disponibilidad de recursos.
Mientras tanto, los menores están siendo evaluados en el centro Canarias 50, en Las Palmas. Allí se realiza un diagnóstico individualizado de sus perfiles, sus necesidades educativas, psicológicas y de protección. En el caso de las niñas y adolescentes, se está diseñando un protocolo específico que permita acelerar su derivación y garantizar entornos adecuados.
Aunque la acogida es una responsabilidad compartida, algunas comunidades siguen mostrando reticencias. En el caso de Madrid, el enfoque del Gobierno autonómico parece dar prioridad a obstáculos administrativos por encima de las necesidades de estos menores. Frente a ello, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha optado por cumplir escrupulosamente con el mandato judicial y avanzar, con paso firme, en una respuesta humanitaria que Canarias llevaba demasiado tiempo esperando.
La derivación no es fruto de una improvisación. Se trata de una respuesta jurídica, política y moral a una situación que requería altura de miras y coordinación institucional. En este contexto, las decisiones de algunas administraciones locales y autonómicas de bloquear centros o dificultar la acogida contrastan con el esfuerzo colectivo que exige este reto.